El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 13 de mayo recurrió nuevamente a solicitar poderes especiales para gobernar a Venezuela. Es la cuarta vez que lo hace. Desde que asumió el poder ejecutivo no sólo ha gobernado con "súper poderes", sin control del resto de los poderes públicos, sino que en total han sumado tres cuartos de su tiempo con poderes especiales, es decir, 45 minutos si fuera 1 hora.

Durante su mandato, 1.126 días, Maduro ha hecho o dejado de hacer lo que ha querido en materia económica, social, política, ambiental, energética, internacional, alimentos, seguridad, corrupción, etc. La Venezuela de hoy es el reflejo de su gestión en tres años por lo que Maduro y su equipo de gobierno son los responsables del desempeño del país y por ende de las condiciones de vida de la población. El resto forma parte del realismo mágico oficialista como: la guerra económica, el imperio contraataca, el golpe de estado, entre otros.



La primera ley habilitante de octubre 2013 buscaba transformar el sistema económico, velar por la estabilidad del bolívar y los precios, y luchar contra la corrupción y los especuladores. Para ello, Maduro promulgó varias leyes; la de precios justos (2013), la del régimen cambiario y sus ilícitos (2014) y la ley contra la corrupción (2014).

Tres años después, la ley de los precios justos ha dejado lo que Maduro dijo cuando ordenó la ocupación de la red de tiendas Daka "Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes". En cuanto al régimen cambiario, ya van por el Convenio Cambiario No.35 en 13 años y la estabilidad del bolívar, con respecto al dólar, se ha depreciado en 6.662% en SIMADI (tipo de cambio oficial) y 16.963% en el mercado de Cúcuta, Colombia (dólar paralelo).

En el Índice de Precepción de la Corrupción (IPC) 2015, el gobierno de Maduro, Venezuela, ocupa el último lugar en el continente americano según Transparency International -una organización que estudia la corrupción a niel mundial desde 1990. Entre el 2013-2015 el IPC de Venezuela ha caído un 15%, ubicándose entre los países más corruptos del mundo al obtener 17 puntos.



Para dimensionar el impacto de la corrupción en la economía venezolana, el politólogo Nícmer Evans estima que ha habido una fuga de capitales de $475.000.000.000 entre 1999, cuando Chávez llega al poder, y 2014, el primer año de gobierno de Maduro. Es un monto equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, Noruega, casi el de Argentina, y una vez y medio el de Chile.

Hoy en día la comunidad internacional está evaluando el impacto de la corrupción en las economías de los países. El pasado 12 de mayo se celebró la Cumbre Anticorrupción en Londres en la que participaron más de 40 países -presidentes, primer ministros, líderes, sociedad civil- para discutir la corrupción de manera transparente e inclusiva, porque las investigaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que la corrupción mina el crecimiento y desarrollo económico de los países, así como su estabilidad económica.

Christine Lagarde, director gerente del FMI, señaló en Londres "mientras que los costos económicos directos de la corrupción son muy conocidos, los costos indirectos pueden ser mayores e impactantes, porque conducen a un bajo crecimiento económico [de los países] y a una mayor desigualdad de los ingresos. La corrupción también tiene un amplio impacto perverso en la sociedad. Socava la confianza en el gobierno y erosiona las normas éticas de los ciudadanos".

De acuerdo a los hallazgos de la investigación del FMI, la corrupción impide el desarrollo de una sana política presupuestaria y monetaria y disminuye el control financiero, y en última instancia, afecta el crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la pobreza. A medida que la corrupción erosiona la capacidad del Estado para recaudar ingresos, el gobierno se vuelve más dependiente de la emisión de dinero inorgánico para financiar de déficit fiscal. El informe concluye que la inflación tiende a ser mayor en los países con mayor corrupción.



Adicionalmente, el estudio establece que el flagelo de la corrupción está relacionado con los bajos resultados sociales y ambientales del país, manifestándose en:

  • la caída del desarrollo del capital humano,
  • los malos indicadores de desempeño en la educación y la salud,
  • las ineficiencias en la prestación de servicios públicos,
  • el aumento de la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales,
  • la inestabilidad política, y
  • el rechazo de los diferentes sectores sociales, llevando al conflicto social.

En estos 3 años, el gobierno de Maduro ha arruinado la nación venezolana al administrar el Estado con las leyes habilitantes y de emergencia económica, sin pesos y contrapesos a su poder.



Por lo que la solución a la parálisis política en Venezuela no es a través del Estado de Excepción y Emergencia Económica requerido por Nicolás Maduro. Han sido tres años que Maduro aplica la misma solución de poderes especiales y los resultados son cada vez más graves. Hay que hacer algo distinto.

Todo conduce a un cambio de dirección en la administración del país. Y en Venezuela, la Constitución contempla el Referéndum Revocatorio para cambiar al Presidente.

"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" [Albert Einstein].



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