En tres domingos, los venezolanos irán a elegir los nuevos miembros del Poder Legislativo para el periodo 2016-2021. Una elección difícil para el gobierno de Nicolás Maduro. Porque las últimas encestas de Datánalisis, IVAD y Keller indican que la intención de voto por la oposición duplica la del oficialismo.

Esta elección parlamentaria fue considerada por Unasur, Petrocaribe, el Departamento de Estado de EE.UU y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como la solución a la crisis de gobernabilidad que atravesaba Maduro en enero y febrero de este año.

Han transcurrido ocho meses desde que la comunidad internacional logró persuadir al gobierno de Maduro aceptar la vía electoral (elecciones parlamentarias) como una búsqueda de diálogo y paz entre el oficialismo y la oposición.

Sin embargo, durante estos meses el régimen de Maduro ha seguido a troche y moche cerrando los espacios a la oposición.

La intimidación ha sido constante. La última fue ayer en el programa "En contacto con Maduro", en el que dijo: "pónganse a rezar [oposición] desde ya para que haya paz y tranquilidad (...) porque si no, nos vamos para la calle". Además, el régimen de Maduro ha mantenido:

  • presos políticos;
  • una hegemonía comunicacional en todos los medios (prensa escrita, radio y televisión);
  • circuitos electorales con estado de excepción;
  • inhabilitación de candidatos de la oposición;
  • la reingeniería electoral, creando dos nuevos escaños (circuito 4 de Aragua y circuito 2 de Guárico), eliminando un diputado del circuito 1 de Distrito Capital para asignarlo a la circunscripción 1 de Nueva Esparta, y transfiriendo dentro del Estado Miranda un diputado de Baruta al circuito 7.

Con la intención de maximizar el número de diputados del oficialismo, al dificultar la campaña electoral de la oposición y la participación electoral.

En Inter American Trends hemos evaluado tres escenarios electorales en los que integramos la data de los resultados de las elecciones parlamentarias del 2010, las elecciones municipales del 2013, y las encuestas.

En todos los escenarios la oposición aumenta el número de diputados a la Asamblea Nacional(AN) con respecto a la última elección del 2010.

En el escenario que toma en cuenta la caída de la aprobación de la gestión de Maduro, denominado desmovilización del electorado seguidor del régimen, la oposición obtendría 20 diputados adicionales a la elección del 2010. Lograría tener en la AN una representación de 85 diputados de un total de 167 -según Keller y Asociados, el 59% de la población (20% de los chavistas) afirma que Maduro debe abandonar la presidencia antes de culminar su mandato.



La Oposición tendría mayoría simple en la AN. Y, con esta mayoría estaría en capacidad de aprobar leyes ordinarias, el presupuesto fiscal, la ley anual de endeudamiento, transferir poderes a los estados y municipios, entre otras. Además, pasaría a presidir la AN, y gozaría de la potestad para designar a los presidentes de todas las comisiones parlamentarias. Así como, a los diputados del Parlatino.

Ante este escenario, en el cual el PSUV pierde la mayoría en la AN, el gobierno de Maduro recurriría a una mayor represión y abuso constitucional, omitiendo o entorpeciendo a la AN y profundizando el racional de su política económica. Utilizaría la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para bloquear al Poder Legislativo.

Asimismo, el régimen de Maduro se negaría al diálogo y la paz -tan recomendado por sus aliados de UNASUR- para negociar sus políticas y pasaría al modo de supervivencia, con mayor protagonismo militar. Concentraría los pocos recursos en los sectores populares para tratar de recuperar el apoyo popular y ver si así puede sortear el 2016, hasta llegar a las elecciones de gobernadores. Sería una continuación de la realidad económica-social del 2015. Con el agravante del precio del crudo en $40 el barril. Lo que llevaría al gobierno de Maduro ha abandonar la imagen internacional de haber ganado 18 elecciones, produciendo el aislamiento de Venezuela. Una situación que requeriría de un alto grado de cohesión en el PSUV y el propio gobierno de Maduro -actualmente muy debilitado por el caso de tráfico de cocaína del hijastro y sobrino.

Por ello, la oposición requiere asegurar los resultados electorales el 6 de diciembre con organización propia y la denuncia-documentación de las irregularidades en el proceso de votación, porque las misiones de observación electoral adeptas al gobierno, como la de UNASUR, no las tomaran en cuenta.

Una vez que la oposición se convierta en la mayoría de la AN, deberá ofrecer el mapa de ruta constitucional para satisfacer el cambio demandado por la sociedad en lo político, económico y social.

El 6D es el gran dilema de Maduro. La decisión que tome ese día marcará el devenir pacífico o violento del país. Hasta ahora ha amenazado con la segunda.

Perro que ladra no muerde.



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