Desde que Nicolás Maduro fue escogido en 2012 por Hugo Chávez y los Castro como el sucesor del mandatario en Venezuela ha tenido que sortear una cantidad de situaciones que han puesto en riesgo su permanencia en Miraflores. Al inicio no tuvo problema porque contó con el Tribunal Supremo de Justicia, que sentenció el principio de la continuidad administrativa ―el Poder Ejecutivo (constituido por el presidente, el vicepresidente, los ministros y demás órganos y funcionarios de la administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones― frente a la “falta temporal” que acusaba la oposición.

Esta fue su primera amenaza. Su presidencia dependía de la Asamblea Nacional. Sin embargo, fue manejada con la decisión del TSJ. Lo que no se hubiera podido lograr sin la obediencia de Diosdado Cabello, presidente del parlamento; de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa; de la cúpula militar, que juró apoyar al escogido en La Habana; y, en fin, la obediencia del pueblo chavista, que tenía una relación carismática-religiosa con el comandante eterno.

Proclamación exprés 2013

La segunda amenaza fue Henrique Capriles. En la elección presidencial del 14 de abril de 2013, Maduro se atribuyó la victoria. La diferencia fue de solo 1,5% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral. El pupilo de Chávez había perdido 685.000 votos en 6 meses.

Esta vez la situación fue enfrentada con la proclamación exprés de Maduro por parte del CNE. El exgobernador de Miranda no tuvo fuerzas para defender el triunfo. No tenía todas las actas electorales para reclamarlo. Además, la cúpula militar a través del organismo de inteligencia lo amenazó con hacer público el expediente que tenía de su vida privada si movilizaba al pueblo hacia las sedes del Poder Electoral en todas las ciudades para pedir el conteo voto a voto. Asimismo, lo culparían de incitar las violentas protestas a lo largo y ancho del país.

El generalato no quería repetir la experiencia del 11 de abril de 2002, cuando no respondieron a la orden de Chávez para reprimir la protesta pacífica. En consecuencia, Capriles se limitó a convocar un cacerolazo en toda Venezuela para expresar la rabia.

La amenaza creíble, la gran movilización hacia el CNE en Caracas para exigir un recuento de todos los votos, dejó de serla al cancelar la manifestación la noche anterior.

El último recurso usado para acabar con la amenaza fue el TSJ otra vez, un órgano que no ha fallado en contra del régimen en dos décadas. Su presidenta, Luisa Estella Morales, afirmó que “dentro del sistema electoral venezolano no existe la posibilidad del conteo manual de la totalidad de un proceso”.

Mayoría calificada AN 2015

En 2016, Maduro vuelve a enfrentar otra amenaza. En las elecciones parlamentarias de diciembre del año anterior, la unidad opositora había obtenido la mayoría calificada (dos tercios de los diputados) con la que podía controlar el Poder Ejecutivo, cambiar los magistrados del Poder Judicial, los integrantes del Poder Electoral, reformar la Constitución, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, liberar los presos políticos con una ley de amnistía, entre otros.

El cálculo erróneo del madurismo de terminar con la amenaza de Cabello, presidente de la AN en ese momento, facilitó un nuevo mapa legislativo dominado por la oposición. Esa noche, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, salió al paso al “número dos” del chavismo, que propuso que los centros de votación siguieran abiertos sin haber electores. El general Padrino anunció en cadena nacional el cierre de las mesas e inicio del conteo de los votos.

Para resolver esta nueva amenaza, el régimen de Maduro apeló al TSJ para acabar con la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional: anularon la elección de tres diputados en el estado Amazonas.

La decisión de la oposición de incorporar a los diputados imputados porque una proclamación del CNE no se puede reversar ―en vez de presionar al CNE para la repetición de la elección― permitió al máximo tribunal dar un golpe de Estado blando. No disolvió el Parlamento.

El TSJ declaró a la AN en situación de desacato, lo que la dejó incapacitada para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión. Y autorizó al Ejecutivo a tomar cualquier medida que considerase necesaria para “conjurar los graves riesgos que amenazaban la estabilidad democrática”. Desde hacer leyes, dar contratos y endeudar al país.

Referéndum revocatorio 2016

Ante el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la oposición recurrió al referéndum revocatorio presidencial correspondiente a la mitad del período presidencial (2013-2019).

Maduro afronta esta nueva situación con el CNE, que demora el proceso y cambia las condiciones al requerir 20% de las firmas por estado y no nacional, como lo señala la Constitución. La intención era que el revocatorio se hiciese en 2017 para que el oficialismo siguiera en el poder. Ante este hecho, la oposición convocó a manifestar para presionar por la restitución del ordenamiento constitucional. Salió a “tomar Venezuela de punta a punta” en un intento para que el CNE revisara la suspensión y habilitara el referéndum.

La confrontación escalaba. Y en el momento que debía ir a Miraflores, Capriles recibe una llamada del Vaticano que solicita evitar la movilización y propone un diálogo gobierno-oposición, que apruebe una agenda electoral en la que se convoque a unos comicios generales. Fue el inicio de los nuevos diálogos para atornillar al régimen.

El CNE y el Vaticano permitieron a Maduro enfrentar la amenaza de referéndum.

Interinato 2019

Después de la elección presidencial de 2018, Maduro enfrenta la mayor amenaza. Sesenta gobiernos democráticos lo desconocieron por carecer de legitimidad de origen. Inmediatamente, reconocieron el gobierno interino surgido en enero de 2019.

La decisión del exsindicalista fue rodearse de militares, quienes pasan a ocupar casi la mitad de los ministerios y a controlar una parte importante de los negocios ilícitos. Asimismo, evitó enfrentar directamente el poder de Estados Unidos. Fortaleció los vínculos con los regímenes enemigos como Rusia, Irán y China para burlar la política de máxima presión del gobierno de Trump.

El régimen usó la narrativa de la corrupción del interinato para golpear la moral de sus integrantes.

El covid-19 y el desgaste del gobierno interino por la lucha entre los dirigentes de los partidos que integraron el G4, que llegó hasta el sabotaje entre ellos mismos, contribuyeron a surfear esta amenaza.

Reelección 2024: María Corina Machado

La creciente popularidad de María Corina representa una amenaza para la reelección de Maduro en 2024. Su capacidad de movilización, posturas políticas y liderazgo han captado la atención de sectores populares descontentos con la situación actual del país.

La consolidación de una coalición amplia de base y el convencimiento de los electores de que representa una alternativa viable está erosionando la reelección de Maduro y el liderazgo de los cohabitadores.

Esta amenaza, Maduro la enfrenta actualmente con la inhabilitación de la Contraloría General de la República y minando el camino a las primarias. La intención es aislarla para ir a una elección presidencial controlada con la participación de la oposición funcional. Y así obtener la legitimidad de origen.

Conclusión

Maduro y compañía han utilizado el TSJ y el CNE para mantenerse en el poder desde que llegaron a Miraflores. Los mecanismos utilizados le han permitido sortear las amenazas de la oposición: la continuidad administrativa frente a la falta temporal; la proclamación exprés y el chantaje versus la movilización pacífica de los ciudadanos para el conteo de los votos; el desacato judicial contra la mayoría calificada; la consolidación de la élite militar, el fortalecimiento de las relaciones con Rusia, Irán y China ante el reconocimiento de un gobierno interino.

Actualmente, es temprano para establecer los mecanismos que usará para aislar a María Corina, por ahora emplea la inhabilitación contra su creciente popularidad.

Sin embargo, la reelección lo encuentra cansado. Con bajas importantes como el juicio por crímenes de lesa humanidad, la ratificación del precio a su cabeza por la justicia estadounidense, el desfalco a la nación, los juicios de personajes chavistas clave en Nueva York y Miami, y facilitadores externos buscando una solución electoral medio democrática.

Todo indica que la experiencia será hasta el final.

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