La relación de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la estatal petrolera venezolana Pdvsa, desde el 2000 hasta el presente, ha sido desvalijar “la gallina de los huevos de oro” que permitió transformar el país rural-enfermo en uno urbanizado-moderno, con una clase media importante el siglo pasado. En consecuencia, Pdvsa ha sido un botín de miles de millones de dólares a repartir entre la élite y aliados internacionales de la “robolución” bolivariana.

Según el medio de comunicación venezolano ArmandoInfo, el monto que “dispuso Chávez fue de 56.000 millones de dólares por la vía de decenas de fondos que creó con total discrecionalidad y sin contraloría entre 1999 y 2012”. Y, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, entre los años 2020 y 2022, 21.200 millones de dólares fueron saqueados a la estatal petrolera venezolana -”84% del valor total de los envíos facturados por Pdvsa”-, durante ese período.

Las 19 refinerías de Pdvsa repartidas entre Estados Unidos, el Caribe, Alemania, Suecia, Bélgica y el Reino Unido -adquiridas bajo la política de internacionalización de Petróleos de Venezuela entre 1982 y 1996-, que recibían las exportaciones de crudo venezolano, eran un obstáculo para el propósito de Chávez y Maduro. Por lo que había que salir de estos negocios al regirse por las leyes de los respectivos países.

Chávez vendió la gran mayoría de los activos. Por su parte, Maduro remató algunas refinerías e hipotecó Citgo mediante el bono Pdvsa 2020 que representa 50,1% de las acciones (3.367.529.000 dólares) y el préstamo obtenido de la empresa petrolera rusa Rosneft correspondiente a 49,9% de las acciones por un monto de 1.500.000 dólares, en 2016.

En consecuencia, el futuro de Citgo, la última refinería de Pdvsa en el extranjero, estaba determinado. Los acreedores procederían a la ejecución del colateral tras el vencimiento de los plazos en 2020, en respuesta a la crisis económica que azotaba al país. Por otra parte, la llamada “robolución” logró su objetivo de saquear a Petróleos de Venezuela, obteniendo un total de 4.867.529.000 dólares.

A pesar de ello, Citgo continuaría siendo un activo venezolano en el extranjero. La filial de PDV Holding se mantuvo protegida de acciones legales ante la Corte de Delaware en Estados Unidos, las cuales estaban vinculadas a demandas contra la República por expropiaciones no compensadas durante el mandato de Chávez. Esta protección fue posible gracias al bloqueo impuesto por la administración de Trump, que en 2019 reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó como legítimo. Además, Rosneft enfrentó dificultades para adquirir Citgo, pues esto podría constituir una violación de las sanciones estadounidenses impuestas contra Rusia desde 2014, en caso de que la empresa petrolera rusa decidiera ejecutar la garantía.

Para el interinato, Citgo representa un componente esencial en la recuperación económica futura del país tras un cambio de gobierno, dado que provee los combustibles refinados necesarios (como gasolina, fuel oil y aceite) para impulsar la maquinaria productiva. El año pasado reportó una utilidad récord de 2.800 millones de dólares. Por este motivo, la junta directiva ad hoc de Citgo, nombrada por la Asamblea Nacional 2015, ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno de Estados Unidos y los organismos legales para garantizar que se cumplan todos los estándares de ese país.

En abril del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó a la Corte del Distrito de Delaware que no interferiría en la decisión de esta última, sea mediante una subasta judicial o un acuerdo negociado con relación a las acciones de PDV Holding, la empresa propietaria de Citgo. Esta postura facilita el camino para una potencial incautación por parte de los acreedores del activo extranjero más importante de Venezuela. Asimismo, informó que el Departamento del Tesoro tampoco emprendería acciones para impedirlo, aunque había defendido a Citgo de los acreedores con demandas contra Venezuela desde 2020. También señaló que el Tesoro necesitaría expedir una licencia para formalizar cualquier venta.

Esta medida del gobierno de Estados Unidos respalda la decisión del juez de Delaware a favor de Crystallex en 2021, que catalogó a Citgo como “alter-ego” del Estado venezolano. Este principio jurídico permite a los acreedores de la República venezolana tomar medidas contra los activos de Pdvsa en Estados Unidos, incluyendo las acciones de PDV Holding.

La justificación del juez se basa en que el gobierno de Maduro ha promulgado una serie de leyes y decretos que requieren que Petróleos de Venezuela actúe de acuerdo con sus objetivos sociales y políticos. Asimismo, el régimen que impulsa el socialismo del siglo XXI ha utilizado a la corporación como una herramienta para lograr sus fines políticos nacional e internacionalmente.

En un esfuerzo por mantener el control sobre Citgo, la junta directiva ad-hoc recurrió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Su objetivo era restringir el número de acreedores autorizados a participar en la subasta de las acciones de la casa matriz, PDV Holding. Esta medida buscaba garantizar que la venta generara ingresos suficientes, no solo para cubrir las demandas existentes, sino también para dejar un excedente que permitiera a Petróleos de Venezuela conservar parte del capital accionario. Se calcula que el valor actual de Citgo ronda los 13.000 millones de dólares. La respuesta de la Corte Suprema de no revisar el caso permite continuar con el proceso propuesto por el juez de Delaware, dando cabida a aquellos acreedores que tienen demanda ante la República a que puedan cobrar con el dinero recabado por la subasta. “Más de 20 demandantes han solicitado una indemnización, lo que eleva el total de reclamaciones a unos 20.000 millones de dólares”, informó la agencia Bloomberg.

Una primera ronda de ofertas está prevista para el 22 de enero. La segunda está por determinarse. Y la audiencia final para aprobar la venta será tentativamente el 15 de julio.

Todo parece indicar que Citgo dejará de ser administrada por Petróleos de Venezuela, a pesar de que exista una negociación con los principales demandantes, Crystallex International (970 millones de dólares) y ConocoPhillips (10.000 millones de dólares).

El escenario más probable es la resolución favorable a los derechos de los acreedores internacionales sobre la soberanía económica de Venezuela. Una lógica consecuencia del saqueo que el chavismo-madurismo han hecho al país. Si sumamos las demandas, el monto del Pdvsa 2020 y el préstamo a Rosneft obtenemos 25.000 millones de dólares que fueron a parar a manos de la élite y aliados internacionales de la “robolución” bolivariana.

Así que aquello de que la responsabilidad de la pérdida de este importante activo en el exterior es del gobierno interino es una posverdad del régimen de Maduro.

Citgo es otro botín de la robolución. ¡Que Dios y la patria se lo demanden!

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