Las democracias modernas enfrentan un nuevo y amenazante desafío: la consolidación de autocracias que operan no como Estados, sino como corporaciones transnacionales mafiosas cuyo objetivo es destruir la democracia, tal como lo advierte Anne Applebaum en su más reciente libro: Autocracy, Inc. La situación en Venezuela es un ejemplo claro y desolador de esta realidad. En este país, otrora próspero, la democracia y la justicia han sido erosionadas de manera sistemática, sumiendo a la nación en una crisis que trasciende lo meramente económico para amenazar la estabilidad de las Américas: paz, seguridad y el entorno político, social y económico.

El conflicto venezolano, que ha perdurado por más de un cuarto de siglo, no es una mera lucha política. Se trata de un enfrentamiento entre una ciudadanía despojada de sus derechos fundamentales y una élite criminal que ha capturado el poder estatal. Este fenómeno no es fruto de un incidente aislado, sino la culminación de un proceso de acumulación de poder, sustentado en la corrupción, la violencia y el miedo, que ha llevado al país a convertirse en un “Estado mafioso”. En este escenario, la soberanía popular ha sido pisoteada por quienes han jurado lealtad incondicional a una cúpula militar que, aun debilitada, sigue sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro.

La corrupción ha penetrado tan profundamente en las estructuras del Estado que Maduro teme más a las organizaciones criminales que controlan la administración que a la justicia estadounidense. Este miedo es un reflejo del grado de descomposición que ha alcanzado el régimen. El control de Venezuela no es únicamente político; es también un vasto entramado que va desde las esferas del poder hasta actividades ilegales como el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando de combustible, el lavado de dinero, la corrupción, y otros delitos. En este contexto, el sucesor de Chávez no actúa solo: su régimen ha tejido alianzas con regímenes extranjeros como Rusia, China e Irán, y con organizaciones terroristas como el ELN, Hezbolá y Hamás. Una red de complicidades que representa una amenaza para cualquier esfuerzo destinado a restaurar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

El carácter del gobierno venezolano, secuestrado por la organización criminal, constituye un desafío monumental para la comunidad internacional y los actores democráticos dentro del país. Las ofertas de amnistía y exilio dorado para Maduro & Co., presentadas por el presidente de Panamá y la administracion estadounidense, buscan facilitar una transición ordenada y pacífica en Venezuela. Sin embargo, tales propuestas chocan con su capacidad de resistir la presión externa y mantenerse en el poder, incluso bajo sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa estatal dedicada a la exploración, extracción y comercialización de oro y otros minerales preciosos, Minerven.

La permanencia de Maduro en Miraflores depende de la lealtad de su círculo cercano, lo que complica las posibilidades de una transición negociada. Para quienes aspiran a reincorporar a Venezuela en la economía global, el líder del PSUV representa un obstáculo, pues su régimen carece de legitimidad de origen tras haber dado un golpe de Estado a la soberanía popular mediante un fraude electoral. No obstante, una gran cantidad de los miembros del régimen enfrenta sanciones individuales y un aislamiento internacional que podría llevarlos a reconsiderar su apoyo a Maduro. La propuesta de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que plantea ofrecer garantías y condiciones a la cúpula que ha detentado el poder durante la última década, junto con medidas judiciales y no judiciales para abordar las violaciones de derechos humanos, emerge como una vía para facilitar la transición hacia la democracia y la reconciliación nacional.

La presión sobre el régimen, tanto interna como externa, se ha intensificado considerablemente desde el 28 de julio. Aunque Maduro ha logrado superar crisis anteriores, como las de la Asamblea Nacional en 2015 y el gobierno interino en 2019, la situación actual es mucho más compleja. La mayoría de los venezolanos, agotados por la miseria y el autoritarismo, clama por la salida de la llamada “Banda de los Cinco”: Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López. Así, la verdadera amenaza para la continuidad de este grupo en el poder no proviene únicamente de la oposición política, sino también de la fractura en la cúpula militar y de un sector económico que busca afianzar su control sin las restricciones propias de un sistema democrático.

En este contexto, es relevante considerar la posibilidad de una intervención militar como último recurso, respaldada por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ante la inestabilidad interna con repercusiones regionales. No obstante, dicha intervención debe contemplarse únicamente en situaciones extremas, siendo la presión diplomática y las sanciones de impacto rápido herramientas cruciales cuya efectividad reside en tener un objetivo concreto, como sancionar no solo a los individuos, sino también a sus familiares, y en una implementación coordinada por todos los gobiernos democráticos.

El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. A pesar de las crecientes presiones, el régimen podría optar por aferrarse al poder con el apoyo de aliados internacionales, complicando aún más la situación y reduciendo las posibilidades de una transición ordenada y pacífica. La historia ha demostrado que los regímenes autoritarios, aunque aparentan ser invencibles, son vulnerables a las fracturas internas y a la presión externa cuando un pueblo toma la calle hasta que caiga la dictadura. La clave para una solución duradera en Venezuela radica en un enfoque multifacético que combine medidas diplomáticas, legales, económicas y, si es necesario, una amenaza creíble de uso legítimo de la fuerza.

Venezuela se encuentra en una encrucijada. No existen soluciones fáciles ni rápidas. La comunidad internacional y los actores democráticos dentro del país deben mantenerse firmes en su compromiso de restaurar la democracia y la justicia en el país, no solo como un objetivo ético y moral, sino como una necesidad imperiosa para la estabilidad regional y global.

En conclusión, la situación en Venezuela es el resultado de un prolongado proceso de descomposición institucional, en el que el régimen ha actuado más como una organización criminal que como un gobierno legítimo. A pesar de los enormes desafíos, la presión interna y externa, combinada con la posibilidad de fracturas dentro de las fuerzas armadas, sugiere que Maduro y sus cómplices no son invulnerables. La búsqueda de una solución pacífica y negociada, aunque ardua, sigue siendo la mejor opción para evitar un derramamiento de sangre, una mayor catástrofe humanitaria y restaurar la democracia en Venezuela. La comunidad internacional y la Plataforma Unitaria deben perseverar en sus esfuerzos, reconociendo que, aunque el camino de esta lucha exige paciencia y confianza en María Corina y Edmundo González Urrutia, es la única vía que puede conducir a una paz duradera y a la reconstrucción de un país que anhela cambio, reencuentro, libertad y democracia.

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