En Brasil, Dilma Rousseff para evitar el procesamiento judicial por corrupción de Luiz Inácio "Lula" da Silva lo nombró su Jefe de Gabinete el jueves pasado. Una acción que obstruye la administración de justicia del juez Sérgio Moro, quien conduce la investigación Operação lava Jato (Operación Lava Carro), desde el 17 de marzo 2014.

Esta operación ha llevado al arresto a 133 personas, entre ellos empresarios de la estatura de Marcelo Odebrecht, Zwi Skornicki y Jose Carlos Bumlai e involucra a 16 compañías, entre ellas Camargo Correa, OAS, UTC, Odebrecht, Mendes Junior, Engevix, Queiroz Galvao, Iesa y Galvao Engenharia, y a políticos de numerosos partidos, entre ellos PP, PT, PMDB, PSDB y PTB.

Una investigación, que inició por lavado de dinero, ha conducido a destapar la gran corrupción en la estatal petrolera brasileña Petrobras, donde los altos ejecutivos de la estatal recibieron comisiones ($ 3,5 mil millones aproximadamente) a cambio de la adjudicación de contratos con sobreprecios a las grandes empresas de ingeniería y servicios. Luego, una parte de la comisión recibida era entregada a los lobistas y la otra parte transferida en dólares a varios diputados, senadores y gobernadores.

La investigación del juez Moro apunta hacia "Lula" como beneficiario del esquema de corrupción a través del soborno en Petrobras, por lo que Dilma al darle nivel de Ministro interfiere en el proceso judicial. El poder ejecutivo de Brasil le da un golpe al sistema judicial y coloca en duda la fortaleza de sus instituciones.

En Venezuela sucede algo similar, al desconocer el Poder Ejecutivo las decisiones del Poder Legislativo. El viernes pasado la Asamblea Nacional rechazó la extensión por 60 días el decreto de emergencia económica propuesto por Nicolás Maduro Moro. Y una vez más, Maduro utiliza el Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justica – Sala Constitucional) para su aprobación. El TSJ desconoció la decisión por mayoría de la Asamblea Nacional.

Una Asamblea Nacional que fue producto del voto directo de los venezolanos el 6D del 2015 es impugnada por el Poder Ejecutivo porque Maduro no logra la aprobación de sus solicitudes. Por lo tanto, crea un entramado legal para saltársela y dejarla si efecto en vez de aprender a gobernar en minoría.

Tanto Dilma como Maduro utilizan el poder que le da la investidura presidencial para no aceptar las decisiones de otros poderes, convirtiendo el sistema democrático en una democracia vacía o un régimen hibrido.

En consecuencia, esa forma de actuar del poder ejecutivo en Brasil y Venezuela trae un estancamiento económico y político. En el caso de Brasil la suspensión de los pagos de muchos proyectos y la prohibición de nuevos contratos con grandes empresas involucradas en el sistema de corrupción de Petrobras afectó en -0.75% el crecimiento del Producto Interno Bruto, el año pasado.



Mientras que en Venezuela, el no reconocimiento por parte de la Administración de Maduro del surgimiento de una nueva mayoría -representada en la Asamblea Nacional-, que rechaza el modelo económico contemplado en el Plan de la Patria, produce un retraso económico-social con resultados de crisis humanitaria.

Dilma se aferra al poder violentando el orden jurídico, y Maduro desconociendo la independencia de los poderes. Unas acciones que ahogan las voces de sus ciudadanos que buscan salir de la cotidianeidad.

De persistir ambos en este curso de acción, Dilma provocará un antejuicio de mérito en el Congreso Nacional de Brasil, y Maduro su salida de la presidencia a través de los mecanismo constitucionales: renuncia, enmienda constitucional y/o referéndum revocatorio.

La usurpación del sistema jurídico en Brasil y del poder legislativo en Venezuela encarnan un salto atrás en la evolución de la democracia latinoamericana.



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