El pasado martes 4 de agosto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos tuvo una audiencia sobre Venezuela. El representante especial de la nación norteamericana para los asuntos relacionados con Venezuela, Elliott Abrams, y Joshua Hodges, subadministrador principal adjunto para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), presentaron el progreso de las acciones que adelanta el gobierno de Donald Trump (2017-2021) para la defensa de la democracia y la disminución del impacto de la crisis humanitaria en el país.

Los senadores demócratas y republicanos tienen una visión compartida sobre el régimen de Nicolás Maduro. Consideran la crisis política, humanitaria y económica, provocada por el heredero de Chávez y sus compinches, como la amenaza más apremiante a la seguridad nacional del hemisferio occidental y por ende a los intereses de Estados Unidos.

Asimismo, concuerdan que, en los últimos siete años, Maduro ha profundizado dramáticamente las relaciones con las fuerzas más peligrosas del mundo, establecidas por su predecesor, Hugo Chávez. Bajo su mando, Cuba, Rusia, China, Irán, organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas extranjeros denominados por Estados Unidos han convertido a Venezuela en su teatro de operaciones. Republicanos y demócratas determinan, entonces, que sus actividades son una seria amenaza para la paz del continente americano.

Además, reconocen que una serie de intentos infructuosos para restaurar la libertad en 2019, agravados por el deseo y la capacidad del usurpador de mantenerse en el poder mediante la perpetración de actos de corrupción y tortura, han envalentonado a las estructuras del crimen organizado que manejan el país bolivariano y han dejado a las fuerzas democráticas enfrentadas ante los enormes desafíos. No hay que olvidar que las dictaduras criminales como la de Maduro resisten hasta el final.

Los incesantes ataques del régimen criminal a los disidentes y a la última institución democrática de Venezuela, la Asamblea Nacional, demuestran la obsesión de los chavistas por conservar el poder sin importar el costo para la nación y su pueblo.

Consciente de la situación, Estados Unidos está claro en que afronta un momento crítico en cuanto al futuro del gobierno interino de Venezuela, pues el régimen de facto busca consolidar la dictadura criminal con una seudoelección legislativa en diciembre próximo.

Sin duda, la defensa de la democracia en Venezuela sigue siendo una prioridad estratégica clave de ese Estado norteamericano. Esta política, con un amplio respaldo bipartidista [demócratas y republicanos], ha tenido éxito en cuanto al apoyo a la oposición democrática, al que se suma una amplia coalición internacional de 59 gobiernos. También ha sido efectiva en la reducción de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras y de las actividades ilícitas (oro de sangre, coltán, narcotráfico, entre otras) al brutal régimen de Maduro. Con todo esto, no se ha logrado la convocatoria de elecciones presidenciales libres y justas, ni las condiciones que permitirían dichos comicios.

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, reconocen que es una de las razones por la que no ha ocurrido la transición hacia la democracia. A diferencia de las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, una fracción dentro de la cúpula militar forma parte de las estructuras del crimen organizado que dirigen Venezuela. Producir un cambio en ese estamento se hace difícil. Su motivación para producir la transición está más orientada en saber las garantías y la amnistía con las que gozarían en el nuevo gobierno democrático.

En este sentido, la propuesta del Poder Ejecutivo estadounidense, “Marco de la Transición Democrática para Venezuela”, propone el establecimiento de una “Comisión de la Verdad y la Reconciliación con la tarea de investigar los graves actos de violencia ocurridos desde 1999”. Asimismo, la adopción de “una ley de amnistía compatible con las obligaciones internacionales de Venezuela, que abarca los delitos por motivos políticos desde 1999, salvo los crímenes de lesa humanidad”. Y los cinco países latinoamericanos y Canadá retiran el apoyo a la apertura del procedimiento contra el régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por los hechos ocurridos en 2014. Adicionalmente, establece que “el Alto Mando Militar (ministro de la Defensa, viceministro de la Defensa, comandante del Ceofanb y jefes de las unidades) permanece en el lugar mientras dure el gobierno de transición” para garantizar su implantación.

Cuando se plantea seguir la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela, la mayoría de los senadores republicanos y demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores reconoce la continuidad administrativa del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó para 2021.

El régimen criminal de Maduro y Cuba creen que la salida de Donald Trump de la Casa Blanca cambiará la política hacia Venezuela. La audiencia del Senado indicó que, sobre Venezuela, Estados Unidos tiene una política de Estado.

En esta ocasión, la abstención y todas las demás irregularidades del proceso electoral permitieron que casi 60 países desconocieran a Maduro como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero de 2019. Y reconocieran a Juan Guaidó como el presidente interino.

Mientras que Vladimir Putin (Rusia), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Xi Jinping (China), Bashar al-Ásad (Siria), Hasán Rouhaní (Irán), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y Evo Morales (Bolivia) aceptaron a Nicolás Maduro como presidente.

Por lo tanto, la abstención del 6 de diciembre de 2020 deberá conducir a la definitiva transición democrática en Venezuela. Los 32 partidos políticos, junto con los gobiernos de las 60 naciones, la OEA, la ONU, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, deben declararse en emergencia para alcanzarla. Lo contrario será la incautación definitiva del país bolivariano por China, Rusia, Irán, Turquía y Cuba a través de Maduro y su corporación criminal.

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