El gran apagón en Venezuela da inicio al colapso sistémico derivado del modelo político implantado durante 20 años en el país bolivariano. El "Plan de la Patria" -eje conductor del socialismo del siglo XXI- acabó con la prosperidad para Venezuela, mientras fomentó la cleptocracia.
Veinte años robándose el capital para el desarrollo de la base material de la sociedad venezolana han originado un paupérrimo desarrollo social y económico del país, por lo que el impacto de la cleptocracia en el desempeño socioeconómico ha conducido al gran colapso de Venezuela. Los indicadores macroeconómicos indicaban la tendencia hacia su implosión. Era cuestión de tiempo.
Venezuela tiene sin crecer económicamente los últimos 5 años. La hiperinflación está dentro de las 10 mayores de todos los tiempos en el ámbito mundial. El riesgo país, elaborado por J. P. Morgan, presenta la mayor medición entre los mercados emergentes. La producción de petróleo ha caído sin precedentes en un país sin guerra (50% en 2 años). La refinación de crudos apenas alcanza a 20% de la capacidad instalada de 1,3 millones de barriles diarios. La escasez de alimentos y medicinas están a nivel de los países del llamado bloque soviético, antes de la caída del muro de Berlín.
Desde el jueves 7 de marzo el país estuvo por 90 horas sin electricidad, lo que ha causado un caos en las principales ciudades, obligando a suspender las clases y a mantener cerrados la mayoría de los comercios. El sistema de salud, ya desde hace tiempo reflejo del socialismo del siglo XXI, colapsó y al menos 20 personas han muerto por falta de electricidad en los hospitales, según la ONG Médicos por la Salud.
Nicolás Maduro, presidente usurpador, estableció que la causa del apagón fue un ataque cibernético a la central hidroeléctrica de Gurí por parte del gobierno de Estados Unidos y del gobierno interino de Venezuela. Es la narrativa construida por el régimen usurpador.
El relato del presidente interino, Juan Guaidó, es que la falla inicialmente sucedió por un incendio de la vegetación que afectó las torres de transmisión de alta tensión de la hidroeléctrica. Además, la falta de mantenimiento e inversiones y la corrupción hicieron que el Sistema Eléctrico Nacional quedara fuera de servicio por varios días.
Hasta que ocurrió el blackout de 90 horas, la causa de la crisis en Venezuela ha sido la guerra económica de Estados Unidos, de acuerdo con la narrativa madurista. Además, ese mismo discurso sostiene que no hay una crisis humanitaria en Venezuela y que la falta de comida y medicinas se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Un argumento reforzado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en la 40 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: "El deterioro de las condiciones sociales y económicas [en Venezuela] (...) se han agravado por las sanciones".
Maduro se encuentra en su peor momento político. Fundamentalmente se sostiene por el ministro de la Defensa, Padrino López, por lo que el régimen usurpador recurre al capital relacional tejido durante 20 años para mantener el poder.
El regreso de Juan Guaidó a Venezuela y la hoja de ruta planteada para el cese de la usurpación colocaron a Maduro en una situación muy difícil, porque su Presidencia ha sido cuestionada por el Alto Mando Militar y su Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, el blackout de 90 horas ha creado unas condiciones de caos que permiten al usurpador tomar un nuevo aire.
Ante esta situación de desesperación de la población por sobrevivir (agua, conservación de alimentos, protección de los seres queridos, entre otros), la hoja de ruta marcada por Guaidó, después de su regreso al país, cambia. Se adapta a la nueva circunstancia, incluso el "estado de alarma" en toda Venezuela, la convocatoria de protestas en todo el país y la suspensión del suministro de petróleo a Cuba.
La respuesta de Maduro es el llamado a los colectivos paramilitares: "Llegó la hora de la resistencia activa".
Maduro apela a su último bastión para sostenerse en el poder: la lucha fratricida. Ordena a sus huestes la defensa de la Presidencia usurpadora. No se lo demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene la misión de conservar el orden y la seguridad de la República, porque duda de su lealtad.
El blackout de 90 horas recrea las condiciones para el enfrentamiento civil: colectivos, pequeños grupos armados del usurpador en contra de la población indefensa del gobierno interino. Un escenario que ha favorecido a Maduro hasta ahora por la complicidad de la FANB durante las protestas en 2014 y 2017.
En esta ocasión la FANB deberá cumplir con su misión y la Constitución de Venezuela, defendiendo a las grandes mayorías que luchan por la democracia. De lo contrario, el régimen usurpador condenará a los venezolanos al mayor éxodo y la más larga miseria conocidos en la historia del continente americano.
El blackout es el nuevo grado de dificultad de la democracia en Venezuela.