Venezuela se encuentra en un momento crítico de su historia, en el que las fuerzas de seguridad desempeñan un papel importante en la preservación o erosión de la democracia. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han hecho un llamado a militares y policías para que se alineen con el pueblo, denunciando lo que se considera un autogolpe de Estado electoral por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esta petición es determinante para desmantelar el sostén del régimen bolivariano: la cúpula militar. Un comunicado que al parecer tocó las fibras, pues ayer mismo el ministro de la Defensa junto con los comandantes de las REDI de todas las regiones del país contestó con un mensaje en cadena nacional “para jurar lealtad a Maduro, presidente electo para el período 2025-2031”.

La Plataforma Unitaria Democrática ha demostrado el fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que resultó ganador con una diferencia abrumadora González Urrutia; pero el régimen decidió ignorar el resultado y el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como vencedor con unas cifras inauditables. Este megafraude electoral, comprobado con 81% de las actas que fueron publicadas en la web (www.resultadosconvzla.com), pone de nuevo en evidencia una crisis de legitimidad de origen en la presidencia de Maduro, quien viola preceptos constitucionales como la soberanía popular y ha ordenado una brutal represión para mantenerse en el poder. Las fuerzas de seguridad bolivarianas, compuestas por la fuerza armada, la policía nacional, la milicia y los colectivos armados, han sido instrumentales en la represión de las protestas, el hostigamiento a la oposición y, por ahora, el sostenimiento de la dictadura.

La dependencia del régimen de Maduro de estas fuerzas de seguridad no es accidental. El martes por la noche, mientras las protestas se intensificaban, la cúpula militar realizó una conferencia de prensa en la que dejaron claro su apoyo público al usurpador de la presidencia desde 2019. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, declaró: “Estamos presenciando un golpe de Estado orquestado nuevamente por estos factores fascistas de la extrema derecha”.

Desde la época de Hugo Chávez (1998-2013), luego de su salida y regreso al poder en abril de 2002, se ha erigido un aparato de seguridad que incluye una compleja red de estructuras militares, policiales y de inteligencia que se supervisan mutuamente. Esta red ha dificultado cualquier intento de desobediencia cívico-militar al crear un ambiente de control y vigilancia constante. El terrorismo de Estado, que ha criminalizado a los civiles, especialmente a aquellos asociados con las fuerzas democráticas, se ha convertido en una estrategia para someter las fuerzas democráticas y mantener el miedo entre la población.

Sin embargo, la mayor amenaza el madurismo no proviene de las personas que luchan de forma no violenta sino de los “hombres con las armas”. En su reciente libro How Tyrants Fall, el politólogo Marcel Dirsus se basa en datos históricos para afirmar que la caída de dictadores entre 1950 y 2012 correspondió en 67% de los casos a su círculo interno y no a revueltas populares. Para evitar esta dinámica, en Venezuela -antes Chávez y ahora Maduro- se ha materializado una red de lealtades asegurada mediante la asignación de cargos lucrativos a la cúpula militar, incluso en algunos niveles más bajos, consolidando así un pacto de supervivencia entre el gobierno y ese sector castrense. Actualmente 14 de los 33 ministros de Maduro son militares activos o retirados, según la ONG Control Ciudadano.

María Corina y González Urrutia han enfatizado que los venezolanos no son enemigos de la Fuerza Armada y han instado a los militares a no reprimir al pueblo en su lucha no violenta. Por el contrario, invitan a desconocer órdenes ilegales y a respetar la soberanía popular expresada en las urnas. Este llamado incluye una promesa de garantías para aquellos que cumplan con su deber constitucional, señalando que no habrá impunidad para quienes perpetren violaciones de derechos humanos. Es un mensaje destinado a la desobediencia militar, cumpliendo con el mandato constitucional de la defensa de la soberanía y protección del pueblo.

Tiene más vigencia que nunca recordar la frase del padre de la patria: “Maldito el soldado que apunta su arma contra el pueblo”. El cumplimiento de la Constitución y la negativa de las fuerzas de seguridad a reprimir al pueblo motivan la movilización masiva por la liberación nacional, pues “cuando la tiranía se convierte en ley, la resistencia es un derecho”.

La situación electoral en Venezuela es un reflejo de la manipulación sistemática del proceso por parte del Estado mafioso. El Tribunal Supremo de Justicia favorece a Maduro al admitir su recurso contencioso electoral, impidiendo las auditorías del Consejo Nacional Electoral. No tiene competencia para “certificar” la elección. Este movimiento estratégico permitiría a la tiranía ganar tiempo para reorganizarse, corregir fallas y fortalecer su control sobre el aparato electoral. Además, se destaca el acompañamiento de los generales Vladimir Padrino López y Domingo Hernández Lares, comandante del CEO, en la introducción del recurso ante el TSJ, evidenciando la militarización de la política que socava los principios democráticos.

La resistencia de la Banda de los Cinco (Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello) a reconocer el triunfo de Edmundo González, según las actas electorales emitidas por las máquinas sin conexión a la red de Cantv esa noche y colgadas en la web por el equipo del Comando Venezuela, conduce a un autogolpe electoral a la soberanía popular, cambiando la narrativa del megafraude por la defensa de la democracia.

El régimen con el TSJ busca ganar tiempo para ver cómo sobrevive en el poder. El expresidente de Colombia Iván Duque denunció en su cuenta de X que los presidentes de Brasil, México y el de su país buscan la repetición de la elección. El TSJ anularía los resultados, alegando que las cifras fueron comprometidas por un supuesto ciberataque y no reflejan la verdadera voluntad del pueblo.

No obstante, la caída del régimen de Maduro no solo será por la disidencia popular, sino por su incapacidad de mantener la cohesión dentro de sus propios círculos de poder. El fenómeno de la “división del régimen” se convierte así en un factor crucial: cuando las fuerzas leales empiezan a cuestionar las órdenes de reprimir a la población, se abre una brecha que puede convertirse en un catalizador para el cambio. Este dilema moral y estratégico se plantea con agudeza cuando Maduro ordene el uso de la fuerza letal contra civiles desarmados, un acto que puede provocar un levantamiento masivo o revelar la debilidad del régimen.

Esta semana, ante las protestas masivas, el gobierno de Bangladesh mató a cientos de manifestantes. La primera ministra, Sheikh Hasina, se vio acorralada. Ante el peligro inminente y sin opciones, huyó al extranjero en helicóptero.

El riesgo de violencia es un factor constante en Venezuela. Aunque las protestas pacíficas son vistas como la vía más segura hacia una transición democrática, el potencial de un cambio violento y la posible instauración de otra dictadura son preocupaciones reales. La criminalización de civiles y la represión constante ilustran un régimen que está dispuesto a asumir las consecuencias del derramamiento de sangre, pues considera que los costos de ceder el poder son insosteniblemente altos.

Por lo tanto, para facilitar una transición democrática, es crucial encontrar maneras de reducir estos costos. Una posible estrategia es la negociación de condiciones de salida que ofrezcan garantías a la Banda de los Cinco, como impunidad o algún grado de dignidad. Estas negociaciones pueden ser esenciales para suavizar el camino hacia una transición pacífica y ordenada. Además, es vital fomentar la disidencia dentro de las estructuras de poder, especialmente entre las fuerzas de seguridad y militares. La fragmentación de estas instituciones puede debilitar la capacidad del régimen para ejercer represión, abriendo así espacio para cambios democráticos.

En conclusión, Venezuela enfrenta una encrucijada donde el papel de las fuerzas de seguridad será determinante. El país necesita un compromiso firme con los principios democráticos y una desvinculación clara de las estructuras autoritarias que han perpetuado el poder de Maduro. Aunque la Banda de los Cinco pueda parecer más sólida que nunca, su estabilidad es una ilusión. Tiene el poder de las armas, pero son humanos y cometen errores, exacerbados por sistemas que les privan de información veraz. Para las fuerzas democráticas, el desafío consiste en apoyar a los ciudadanos valientes que luchan contra la opresión y utilizar todas las herramientas a su disposición para debilitar el régimen. La historia ha demostrado que, a pesar de la apariencia de invulnerabilidad, las dictaduras pueden y caerán.

La comunidad internacional y las fuerzas democráticas deben continuar presionando por una transición pacífica, con un énfasis en la justicia y el respeto por los derechos humanos, para evitar que la nación se sumerja aún más en la represión y el autoritarismo.

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