Han transcurrido catorce días desde el 1ro de septiembre, donde la Oposición demostró seguir siendo mayoría en la Toma de Caracas. Una manifestación que permitió exponer al mundo y al país que los venezolanos desean realizar el referéndum revocatorio presidencial (RR) este año, 2016.

Al comparar ese día, 1-S, las asistencias de las marchas convocada por el régimen de Nicolás Maduro en la Avenida Bolívar y de la Oposición en las avenidas Libertador, Francisco de Miranda y la Río de Janeiro, se observó que de cada 10 venezolanos, 7 participaron en el llamado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mientras que 3 fueron movidos por el oficialismo -una relación que han venido registrando todas las encuestas del país.

Sin embargo, Nicolás Maduro y su entorno niegan esa realidad e insisten que el RR será en el 2017, cuando el reemplazo de Maduro (vicepresidente) puede terminar el período presidencial (2013-19), sin ningún otro líder electo popularmente producto de una nueva elección a los 30 días después de ser revocado Maduro -un resultado respaldado por todas las encuestas, también. Entonces, la decisión para que ocurra el RR en el 2016 o el 2017 depende de la voluntad política del oficialismo y no de los lapsos que marca el CNE.

Al ser una decisión política, los factores que intervienen son la comunidad internacional y los actores políticos nacionales.

Hasta ahora, en el ámbito internacional, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y Jimmy Carter, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los presidentes Mauricio Macri y Juan Manuel Santos, el influyente diario The Wall Street, en su editorial del 12-S, se han pronunciado para que el RR se realice este año, y Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- bloqueó la presidencia de Venezuela y amenaza con suspenderla del bloque regional.

Para contrarrestar la presión de la comunidad internacional, el gobierno de Maduro ha utilizado el argumento del diálogo entre la oposición y el oficialismo.

Un diálogo que Maduro edulcoró con el auspicio de la Unasur y sus mediadores: los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

Porque cada vez que Zapatero ha declarado que se ha reunido con la Oposición abre la válvula de alivio de presión al gobierno de Maduro, mitigando la tensión de la comunidad internacional sobre el régimen.

En cuanto a los factores internos, la MUD ha ejercido la fuerza de la calle para presionar al CNE y al gobierno de Maduro a realizar el RR en el 2016. Mientras que Maduro ha utilizado la represión bruta -sobre todo a los dirigentes de Voluntad Popular, van más de 200 detenciones por persecución política- como escarmiento para desmovilizar las mayorías y acallar sus voces. Así mismo, el régimen utiliza el diálogo de la Unasur para meter cizaña en la Oposición.

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, divulgó el pasado martes que la Oposición y el Gobierno han mantenido dos reuniones en secreto, por solicitud de los representantes de la MUD, al igual que lo dijo Diosdado Cabello desde la isla de Margarita el día anterior.

En estos momentos, la factibilidad para realizar con éxito el RR en 2016 es media-baja. Tanto los factores internacionales como nacionales carecen de un mecanismo de sincronización para generar suficiente presión y obligar al régimen (CNE) a tomar la decisión de hacer el RR este año.

La estrategia del PSUV es que la salida de Maduro se dé en el 2017, por RR o renuncia. Un evento que podría dividir a la MUD. Porque "hacer el revocatorio en el 2017 sería una burla y una traición" a las grandes mayorías [María Corina Machado, et al].

Si el RR no se logra en el 2016 o principios de enero 2017, la Oposición debería seguir manteniendo y consolidando la mayoría ya alcanzada en las elecciones parlamentarias del 6 de Diciembre de 2015, equivalente a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Porque las próximas elecciones de gobernadores en el 2017 -pospuesta de forma intencional por el régimen de Maduro y el CNE- debería arrojar un resultado favorable a la MUD, igual algo cercano al 90% de los gobernadores, según algunas encuestas en estos momentos. Y un año después, 2018, se alcanzaría la presidencia de la República.

El resultado sería que todos los poderes públicos estarían en manos de la Oposición en el 2019 si se logra mantener la Unidad. De otra manera no es seguro, porque en los próximos eventos electorales -gobernadores y presidencial- es muy probable que la Oposición iría con dos candidatos con fuerzas muy similares y si no, una parte de la Oposición se abstendría.

Es cierto que las condiciones socio-económicas son inaguantables, y seguirán siendo a pesar del "swap" de los bonos de PDVSA 2016 y 2017. El gobierno de Maduro está dispuesto a entregar a Citgo como forma de pago para mantener el poder. Es un alto riesgo por parte del oficialismo. Sin embargo, la quiebra del país no se solventa con un "swap". Seguirá el desabastecimiento de bienes y el alto costo de la vida para los próximos dos años, con lo que la paciencia de un pueblo podría agotarse, y cualquier cosa podría pasar.

Para ello, la MUD debería seguir acompañando en la calamidad y el dolor a las grandes mayorías con acciones sociales, consolidando los espacios ocupados porque falta poco para salir de este régimen.

Es mejor seguir en la lucha democrática dos años más a tener que aguantar ocho años con un gobierno del PSUV, porque sin unidad en la oposición ese podría ser el escenario.

No es fácil, ese es el dilema.



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