La declaración conjunta del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad da la impresión de que está cargada de buenas intenciones.

Sin embargo, inclina la balanza hacia la agenda de Jorge Rodríguez (AN)-Josep Borrell (UE)-Henrique Capriles (PJ) en el cuarto párrafo: “Instamos a que se aseguren condiciones electorales que se rijan por los estándares internacionales de democracia, comenzando por las elecciones locales y regionales programadas para noviembre de 2021”. Es decir, “la solución pacífica a la profunda crisis política, social y económica” empieza con la megaelección anunciada para finales de año.

Unos comicios que convocó un Poder Electoral designado por una Asamblea Nacional que no es reconocida por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Recordemos que, en octubre de 2020, la UE le advirtió al régimen de Nicolás Maduro que no reconocería los resultados, ni a la AN que resultase elegida, si no se posponían los comicios de cinco a seis meses porque no había tiempo ni condiciones mínimas para desplegar la Misión de Observación Electoral. El heredero de Hugo Chávez ignoró el aviso y procedió a alcanzar su objetivo “llueve, truene o relampaguee”: tener una AN dominada por el régimen con mayoría calificada para instaurar el Estado comunal, entre otros.

En vista de lo anterior, la AN chavista es ilegítima ante todos los gobiernos que reconocen la presidencia interina de Juan Guaidó y sus actos son írritos. Por ende, el CNE –negociado entre Rodríguez y Capriles– también lo es. Sin embargo, desconociendo este hecho, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad enviará la próxima semana a Venezuela “una misión exploratoria (tres funcionarios y cuatro expertos electorales) que evaluará la participación (observación) europea en las elecciones regionales y municipales de otoño”.

En esta ocasión los tiempos permitirán que el CNE cumpla o adapte las recomendaciones hechas por la UE. Las condiciones mínimas de “credibilidad, transparencia e inclusión” –inexistentes en las parlamentarias de diciembre de 2020– requeridas para poder enviar la Misión de Observación Electoral serán atendidas... o al menos eso hará creer el máximo órgano comicial.

El contexto político actual es favorable para tal fin, porque todos los partidos de la oposición –algunos abiertamente y otros en voz baja–, Fedecámaras, la Conferencia Episcopal Venezolana y varias ONG, entre otras, apoyan las elecciones. Además, el calendario electoral propuesto por el CNE espurio incluye la revisión del registro de los votantes y de las organizaciones políticas. Y está previsto anunciar algunas habilitaciones pronto, según un tweet de Eugenio Martínez. Todos estos factores favorecerán la observación de los comicios por parte la UE.

En consecuencia, unas elecciones regionales y municipales avaladas por Europa permitirán la revisión de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a las empresas estatales utilizadas por la corporación criminal transnacional bolivariana para lavar el dinero ilícito –obtenido del narcotráfico, el oro ilegal, la corrupción– y mantener el aparato represor que lo sostiene en el poder. Lo único que quiere Maduro.

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el pasado viernes en una rueda de prensa que no teme a la posible observación de la UE de las elecciones locales y regionales del 21 de noviembre. “Nosotros no le tenemos miedo a que venga nadie”.

En el caso de que el PSUV no obtuviese la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, como ocurrió en las elecciones legislativas de 2015, el régimen de Maduro se jugaría el establecimiento del Estado comunal, como lo advirtió la CEV en su mensaje con ocasión del bicentenario de la Batalla de Carabobo.

No es la primera vez que los obispos parecen estar más claros con las intenciones de Maduro y sus cómplices que el resto de los líderes de la supuesta oposición. ¿O sí lo están y solo se están prestando al juego, a costa del bienestar de la sociedad venezolana?

Por esta razón, cuando veo que la Iglesia alerta sobre “la paulatina implantación del sistema totalitario”, no puedo menos que interpretar como un gesto cándido la declaración de Estados Unidos, la UE y Canadá: “Vemos con beneplácito que se logren avances sustanciales y creíbles, orientados a restablecer las instituciones y los procesos democráticos en Venezuela, y estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos que se alcancen por medio de una negociación amplia”.

El Estado comunal cambiará la actual arquitectura político-territorial de Venezuela, dando origen a un nuevo mapa que incluye además de las comunas, a los distritos motores de desarrollo y a los ejes territoriales de desarrollo. La nueva estructura político-social será a través de la cual se administrará el país –nueva geometría del poder–. Gobernadores y alcaldes se convertirán en adornos políticos.

Por lo tanto, la declaración de Estados Unidos, la UE y Canadá de que “los venezolanos puedan expresarse políticamente por medio de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes” es letra muerta. Y si el Estado mafioso-criminal actual mantiene las formas, serán: locales en 2021, parlamentarias en 2025 y presidenciales en 2024 –too late, la región estará inmersa en la segunda variante de la marea roja–.

En conclusión, las buenas intenciones de la declaración conjunta del estadounidense Antony J. Blinken, el español Josep Borrell y el canadiense Marc Garneau conducirán al fin de la presidencia interina de Venezuela y a la consolidación de Maduro en el poder, al ser cándidos con el Estado mafioso-criminal de Venezuela. Cuando se den cuenta, esgrimirán que ese resultado “proviene del mismo pueblo venezolano”.

Otra cosa sería si Estados Unidos, la UE y Canadá aplican las sanciones de un mismo tenor multilateralmente, sobre todo Europa; si promueven en la CPI la apertura del proceso contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad; si se solicita a Cabo Verde el desenlace de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos; y si, en definitiva, se comprometen con la presidencia interina en la negociación para la salida pacífica a la crisis política-social y económica, estableciendo hitos concretos que generen la confianza para la restauración de la democracia en Venezuela.

Es este el curso de acción que lograría el cambio deseado por más de 80% de los venezolanos. Recordemos que el camino al infierno (Estado mafioso-criminal) está empedrado de buenas intenciones.

Spanish