Hoy, Joe Biden asume la presidencia de Estados Unidos por los próximos cuatro años.

La nueva administración demócrata llega con una agenda local e internacional tan compleja, producto de las profundas diferencias con las políticas de Donald Trump y el impacto del covid-19, que la atención a la crisis de Venezuela y por ende al régimen de Nicolás Maduro no estará entre sus prioridades. Esta pasaría a recibir entonces el mismo tratamiento que se les dará a las nuevas relaciones con Suramérica y a ser abordada bajo un enfoque multilateral en el que participaría activamente la Unión Europea, entre otros.

La premisa fundamental del equipo de Biden para cambiar la política de máxima presión –aplicada por el gobierno de Trump– a la narcotiranía de Venezuela es que no ha logrado el objetivo de restaurar la democracia en el país. Una suposición desafortunada porque la arquitectura de las sanciones (individuales, empresas estatales y secundarias) ha destapado la naturaleza del régimen de Maduro (Estado mafioso), acorralado a sus cabecillas y asfixiado el flujo de recursos necesarios para el aparato represivo que lo sostiene.

Es por ello que Maduro propone a Biden, a través de “los hermanos siniestros”, el cese de la política de sanciones y el establecimiento de canales diplomáticos de diálogo respetuoso que pudieran conducir a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos y a la liberación de varios norteamericanos encarcelados en Venezuela. Asimismo, que tenga atisbos de decencia y contemplación, cumpliendo con el derecho internacional: “Los Estados somos Estados libres soberanos que nos relacionamos en condiciones de igualdad. Aquí no hay superiores ni inferiores”.

La propuesta de diálogo de Maduro con el nuevo gobierno estadounidense persigue su legitimación para acabar, de una vez por todas, con el reconocimiento de los 60 países a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el único poder legítimo de Venezuela y la flexibilización de las sanciones. Por esta razón pone sobre la mesa una agenda con dos puntos: la libertad de ciudadanos americanos –rehenes del régimen– y “buenos negocios” con compañías petroleras y tenedores de los bonos de la República y Pdvsa.

Para ello, Maduro cuenta con personalidades demócratas y grandes empresas, entre los que se encuentran los veteranos diplomáticos Bill Richardson y Thomas Shannon, Chevron y BlackRock, respectivamente. Además de haber conocido al demócrata Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, hace 20 años cuando ambos fundaron lo que se conoció como el Grupo de Boston.

En cuanto a la nueva orientación de la agenda demócrata para Venezuela, “un enfoque multilateral con el objetivo de celebrar elecciones libres y justas lo antes posible”, Maduro la trabajaría con la Unión Europea, que trató de mediar infructuosamente en la elección parlamentaria del pasado 6 de diciembre. En esta ocasión apunta a negociar con el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, algunas condiciones para que se lleven a cabo este año unos comicios regionales y de alcaldes que sean libres, justos y democráticos. Y así contar con la observación internacional por parte del bloque comunitario.

El diputado al Parlamento de Maduro y vocero del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Timoteo Zambrano, propuso dos elecciones como la hoja de ruta de “la solución democrática, pacífica y sostenible a las necesidades y demandas del pueblo venezolano”. La primera sería una megaelección que se realizaría en el mes de diciembre de 2021 para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales. Y la segunda, la elección presidencial en 2024. Además, expuso que para la megaelección tendrían [la AN de Maduro] que hacer “una reforma a la ley para juntar esas elecciones y diseñar el software [necesario]”.

El dirigente político Henri Falcón –candidato presidencial en 2018 y dos veces gobernador del estado Lara– apoyó la propuesta de Zambrano y anunció este domingo sus aspiraciones a postularse para las elecciones regionales este año. Además, habló de “coherencia política” y de rectificación.

El nuevo juego de Maduro para seguir en el poder es obtener del gobierno de Biden activos tangibles e intangibles, a través de la flexibilización de las sanciones a Pdvsa y Minerven, así como de las sanciones secundarias. Y con la Unión Europea, la certificación de su presidencia y Parlamento con la observación internacional de las elecciones regionales.

Con recursos de nuevo y legitimado, Maduro impondría “el inicio del nuevo Estado: el comunal”, denunciado por el obispo del estado Táchira, Mario Moronta, en noviembre del año pasado. El Estado comunal, señaló monseñor, dará inicio a la nueva etapa –la de los 200 años de la batalla de Carabobo–: “La consolidación de la revolución, sin necesidad de mucho esfuerzo. Tal como lo había adelantado [Hugo] Chávez”.

El nuevo juego le permitiría a Maduro seguir en el poder indefinidamente, usando estas estrategias interdependientes.

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