El pasado domingo 27 de junio, el proceso de las postulaciones para las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela estuvieron plagadas de irregularidades: cierre arbitrario de centros y mesas, exclusión de votantes y existencia de papeletas premarcadas, según las denuncias en redes sociales.

Sin embargo, varios dirigentes chavistas acataron la decisión de la dirección nacional del PSUV de excluirlos de las precandidaturas a las elecciones regionales y municipales convocadas por el CNE ilegítimo para el 21 de noviembre. Ellos son: Elías Jaua, exgobernador del estado Miranda; Francisco Arias Cárdenas, exgobernador del estado Zulia y actual embajador del régimen de Maduro en México; y Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador.

Tanto Cárdenas como Jaua hablaron de ética e invocaron a Chávez en los mensajes que colgaron en sus cuentas de Twitter cuando se conoció el resultado que los excluyó.

El golpista de 1992 dijo: “A todos los que estuvieron conmigo les pido que nos mantengamos unidos alrededor del partido, alrededor de Nicolás que es el centro que dejó Chávez”. Y agregó que aceptaba con toda responsabilidad la decisión del partido, que no era solo la voz del pueblo sino de la dirección de la organización política.

Mientras que el excandidato a la Gobernación de Miranda expresó: se debe “hacer política que sea incluyente, que respete la dignidad humana, que reconozca el protagonismo electoral”.

La escogencia de los precandidatos, de acuerdo con el reglamento del PSUV, no solo dependía del número de postulaciones, sino también de otras decisiones. De Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

El argumento de este último para dejar por fuera a muchos candidatos es que “los chavistas originarios” representan un riesgo para el futuro escenario político de elecciones “libres y justas” que podría surgir del mecanismo de Noruega (negociación entre el gobierno interino y el usurpador, según varias decenas de países).

Asimismo, los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre tendrían la legitimidad de origen por parte de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos si “se rigen por los estándares internacionales de democracia”. Por lo tanto, en un escenario adverso ante un referéndum revocatorio presidencial en 2022, el PSUV contaría con los gobiernos locales y municipales para seguir manejando los negocios de la corporación criminal transnacional.

Por ello, Maduro y Cabello buscan reforzar el régimen de partido único en las primarias del PSUV el 8 de agosto. En consecuencia, Jaua, Arias Cárdenas y Farías hablan abiertamente de su fe en el partido como si fueran sacerdotes describiendo una vocación. El partido lo dirige todo. Por lo tanto, el PSUV está cada vez menos dispuesto a aceptar cualquier crítica de principios a su autoritarismo del siglo XXI. Es “incapaz de aceptar democráticamente la soberanía popular que les abandonó”, afirmó Rodrigo Cabezas, exministro de Chávez.

Por ese motivo, hay un chavismo (exgobernadores, exalcaldes, exdiputados, trabajadores de instituciones públicas, militares retirados y líderes sociales) que se distancia de Maduro. Propone en un comunicado, el 28 de junio, “un camino de equilibrio entre libertad y justicia, poschavista y posantichavista. Un camino para unir a toda la nación”. Además, apuesta por las megaelecciones de noviembre para derrotar el PSUV –partido único– y promueven el referéndum revocatorio presidencial.

Por otro lado, Maduro ha cometido errores graves para mantener la alianza cívico-militar. Los hechos de Apure sobre los cuales no se manifestó y que no haya recibido a los ocho “prisioneros de guerra” puestos en libertad por las disidencias de las FARC, comandadas por Gentil Duarte, dieron origen a un movimiento militar en su contra llamado Libertad de Apure, según la información suministrada por un alto oficial retirado de la FANB. Asimismo, su inasistencia a la celebración de los 200 años de la Batalla de Carabobo y de los 210 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela insultaron a la institución castrense. Así como la no imposición del grado de ascenso a los generales y almirantes que le corresponde como comandante en jefe.

Si hasta ahora la confianza de la oficialidad militar hacia Maduro ha sido a través del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, los últimos acontecimientos recuerdan lo sucedido el 11 de abril de 2002, cuando los generales no le respondieron a Hugo Chávez al ordenar la activación del Plan Ávila –medida de último recurso para tomar militarmente Caracas bajo un escenario de conmoción extrema–.

El heredero de Chávez sabe que su estabilidad en el poder depende por ahora de la alianza cívico-policial y de un PSUV que “habló y tomó una decisión”. ¿Cuánto durará? Derivará de la confluencia oportuna entre las fuerzas democráticas y los chavistas disidentes con la desobediencia de los militares.

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