“Tenemos el respaldo y reconocimiento internacional” para recuperar Venezuela. La frase es de Juan Guaidó, pero no de hace uno o dos años. La dijo la semana pasada para confirmar que casi 60 países democráticos aún rechazan la ilegitimidad de origen del régimen de Nicolás Maduro y apoyan a la Asamblea Nacional elegida en 2015.

De hecho, el gobierno británico reiteró el pasado lunes 19 de julio que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela, en una medida destinada a derogar un intento del Banco Central de Venezuela, respaldado por Maduro, para repatriar casi 1.000 millones de dólares del oro almacenado en Londres.

“El gobierno del Reino Unido tiene claro que Juan Guaidó ha sido reconocido por el gobierno de Su Majestad desde febrero de 2019 como el único presidente legítimo de Venezuela”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores británico en un comunicado tras haber sido invitado por el Tribunal Supremo a aclarar su posición sobre el caso en disputa.

“Él (Guaidó) es el único individuo al que se le reconoce la autoridad para actuar en nombre de Venezuela como su jefe de Estado”, declaró un portavoz de la Foreign Office a la agencia Reuters. Asimismo, aseguró que Venezuela necesita “una transición pacífica a la democracia”.

Otro acto de reconocimiento como mandatario encargado de Venezuela fue la carta a propósito de los 200 años de la Independencia de Venezuela que envió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Juan Guaidó.

Es decir, que la jurisprudencia dada por la ilegitimidad de origen del régimen de Maduro y sus poderes públicos sustentan la legitimidad del interinato hasta que se dé una “transición hacia la democracia”. Algunos sectores y partidos democráticos ven el inicio de este proceso en las elecciones regionales y municipales de noviembre.

Además, fue recomendada en la declaración conjunta de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea del 25 de junio: “Pedimos unas condiciones electorales que se atengan a las normas internacionales para la democracia, empezando por las elecciones locales y regionales previstas para noviembre de 2021”.

Un factor fundamental en la construcción del camino para el restablecimiento de la democracia en Venezuela es el mecanismo de Oslo, las negociaciones entre la oposición y el régimen usurpador.

Sin embargo, las protestas de la semana pasada en Cuba y el apoyo decidido de Guaidó a los manifestantes han conducido al madurismo, que depende del régimen de La Habana para mantenerse en el poder, a perseguir a los dirigentes del partido Voluntad Popular para aplastar a los enemigos de la Revolución cubana. Como está ocurriendo en la propia isla con la población que gritó el 11 de julio “libertad” y “abajo la dictadura”.

La situación ha colocado al resto de los partidos que integran el G4 (Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo) –sostén del interinato– en la disyuntiva de seguir con la agenda de las megaelecciones de noviembre y el mecanismo de Oslo, ignorando la persecución a VP.

Pero esta acción ha sido rechazada tanto por la administración Biden como por el Senado estadounidense, según el diario ABC de España. “Washington (...) ha enviado a su contraparte europea el mensaje de que no aceptará que se deje de lado a nadie en la oposición, y se resiste a que queden apartados (…) Juan Guaidó, Leopoldo López y otros dirigentes”.

Si los dirigentes de los partidos que apoyan la presidencia de Guaidó consideran que las regionales y municipales de noviembre conducen a “una transición democrática”, al ocupar espacios, deben tomar en cuenta que colocan en riesgo el interinato.

Pongamos un caso hipotético. Las gobernaciones del Zulia, Miranda, Carabobo, Lara, Anzoátegui y Táchira son ganadas por uno de los partidos que integran el G4 o por la Unidad –si fueran con la tarjeta de la MUD al proceso electoral–. ¿Cómo resuelve el interinato su razón de ser, si hay gobernadores elegidos con un CNE designado por un poder ilegítimo, la AN de Maduro?

En ese momento, el respaldo internacional se debilita. Por consiguiente, la recuperación de Venezuela no contará con un gobierno interino reconocido por más de 30 países.

Por lo tanto, el oro que se encuentra en Londres, las empresas Citgo en Estados Unidos y Monómeros en Colombia, por nombrar los activos más importantes, pasarían a ser administrados por el heredero de Hugo Chávez o se podrían perder porque Venezuela ya no tiene un presidente constitucional interino.

En este simulacro, el argumento de la Foreign Office del Reino Unido quedaría sin validez. El juez federal de distrito, Leonard Stark, en Wilmington, Delaware, podría autorizar el embargo y remate de Citgo. Y para un juez colombiano le sería difícil seguir reconociendo a la junta directiva de Monómeros nombrada por quien ha dejado de ser el presidente interino de Venezuela. Esto es sin tomar en cuenta que los embajadores designados por Guaidó cesarían sus funciones, lo que dejaría por definir la relación de los gobiernos que reconocen el interinato con el régimen de Maduro.

La casi segura participación de los partidos del G4 en los comicios de noviembre nos lleva entonces a tomar en consideración qué condición nos permite un triunfo en las regionales y municipales con un interinato en funciones hasta 2022. Esa condición es el establecimiento de un cronograma electoral para un referéndum revocatorio presidencial en marzo o abril de 2022. Solo así los países que reconocen la presidencia interina de Venezuela podrían seguir haciéndolo, mientras observan y evalúan las condiciones electorales dadas –según “las normas internacionales para la democracia”– en el proceso de noviembre.

Si no fuese este el caso, es altamente probable que el respaldo internacional a la presidencia de Guaidó expire en diciembre de este año. Vemos así que lanzar a los cuatro vientos la frase “tenemos el respaldo y reconocimiento internacional para recuperar Venezuela” puede ser esperanzadora, pero no es suficiente si queremos lograr el tan ansiado retorno a la democracia. Aunque a algunos no les guste, depende de la unidad de propósito y dirección del G4.

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