El otorgamiento de casa por cárcel al diputado por Primero Justicia Juan Requesens el pasado viernes y la liberación vía indulto de 110 opositores hace 2 días forman parte de un plan que busca mantener la presidencia de facto de Nicolás Maduro. Inició con el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana del 11 de agosto, que cambió el centro de gravedad de la lucha política de la ilegitimidad del heredero de Chávez y su elección parlamentaria del 6 de diciembre, por la ausencia de una hoja de ruta después de los comicios legislativos por parte del gobierno interino.

Hasta este momento la estrategia de la presidencia interina de impugnar la legitimidad de la votación legislativa convocada por el régimen de Maduro ha sido acompañada por parte de la comunidad internacional. De la misma manera que ocurrió con la elección presidencial de 2018, en la cual solo participaron los partidos minoritarios conocidos como “la mesita” y que resultó en el reconocimiento de 60 países al presidente de la Asamblea Nacional como el primer mandatario interino de Venezuela desde enero de 2019.

La Unión Europea, en un comunicado oficial que publicó el mismo 11 de agosto, señaló que el proceso electoral parlamentario convocado por Maduro no cumple con las condiciones electorales –transparente, inclusivo, libre y justo– planteadas en la Constitución de Venezuela.

Por otro lado, el gobierno de Donald Trump ha estado incrementando la política de máxima presión hacia el régimen bolivariano. En consecuencia, la caída a niveles mínimos de los ingresos por concepto de exportaciones petroleras ha generado una crisis en el mantenimiento de la estructura de poder. Esto ha llevado a Maduro a depender de las entradas resultantes de las actividades ilícitas, develando el verdadero rostro de la dictadura: una red criminal con asociados internacionales.

Además, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado desde 2019 una estrategia oficial “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al régimen”. En julio de este año, señaló que las decisiones recientes del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro sobre el nuevo Poder Electoral y los principales partidos de oposición “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos” en Venezuela.

Ante estas realidades y la inminente extradición del presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, de Cabo Verde a Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, los asociados internacionales de la corporación criminal están buscando a toda costa legitimar a Maduro con las parlamentarias. Su salida del poder dejaría a Cuba en una situación más difícil que cuando sucedió la caída del muro de Berlín, conocida como el período especial. Asimismo, colocaría en un riesgo de implosión la organización con las implicaciones judiciales para sus cabecillas.

Por ello, el 12 de agosto –un día después del comunicado de la CEV– el papa Francisco se reunió con Bachelet para conocer su punto de vista en cuanto a los requerimientos necesarios para avalar una supuesta transición en Venezuela con Maduro en el poder, a través de la elección parlamentaria. El resultado se conoció el lunes con los 110 opositores (presos, asilados en embajadas y exiliados) “indultados”. Pareciese que la condición mínima de la alta comisionada para contribuir a “una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos” fue la liberación de personas detenidas por disentir con las políticas chavistas que han destruido socioeconómicamente la nación.

Desde junio (nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y convocatoria a las elecciones parlamentarias) hasta el 11 de agosto (comunicado de la CEV), el relato dominante fue el rechazo al CNE chavista y a la convocatoria legislativa por la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comunidad Europea, quienes reconocen al gobierno interino de Guaidó.

A partir del comunicado de la CEV, la narrativa es la participación en las elecciones parlamentarias y la unidad de los partidos que apoyan el gobierno interino. Cambió de la ilegitimidad de Maduro a la falta de unidad y ruta de las fuerzas democráticas.

Los principales facilitadores de la propuesta cubana son a nivel internacional el Vaticano, Michelle Bachelet, Josep Borrell, el gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo de Puebla; y a nivel nacional: la CEV y Henrique Capriles.

El Vaticano pone en jaque al gobierno interino.

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