Este domingo los venezolanos votarán en las elecciones regionales y municipales convocadas por un Consejo Nacional Electoral que resultó del acuerdo político entre el madurismo, representado por el presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, y un sector de la oposición liderado por Henrique Capriles, alto dirigente nacional de Primero Justicia, un partido que también tiene entre sus principales figuras a Julio Borges.

Las también llamadas megaelecciones buscan colocar la primera piedra para la reconstrucción de la confianza en el voto y, sobre todo, que los partidos retomen las capacidades para que la política vuelva a plantearse en términos reales (pragmatic realism).

En 2017, la decisión de Henry Ramos Allup, secretario general nacional de Acción de Democrática, de acudir al evento electoral para que la MUD participara en la última elección de gobernadores, condicionó al resto de los partidos políticos opositores, con la excepción de Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo, a medirse en unas primarias para escoger los candidatos.

El resultado de esos comicios regionales para la oposición fue el triunfo en 6 de las 23 gobernaciones, que al final se convirtieron en 4: Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui –todas de AD–. Las otras dos, Zulia (PJ) y Bolívar (La Causa R), se perdieron. La primera por la no juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente del gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, y la segunda despojada al “no cobrar” Andrés Velásquez.

En aquel momento político, una gran parte del electorado opositor consideró ilegal, inconstitucional y fraudulenta la elección de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el cabellomadurismo dos meses antes (30 de julio de 2017), lo que motivó la abstención. Además, el sistema electoral perdió credibilidad porque la empresa Smartmatic –la responsable del software con el que funcionaba el sistema de votación electrónica en Venezuela– denunció que el CNE había inflado en, al menos, 1 millón de votos la cifra de participación en la escogencia de la ANC.

Cuatro años después tenemos que la oposición vuelve a participar dividida en la elección del 21N.

En esta ocasión, La Causa R se suma a Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo en la no participación, considerando la elección una farsa que le lava la cara y convalida a Maduro y su régimen. Hay un presidente encargado reconocido por Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, independientemente del resultado electoral el 21N; pero existe un desgaste político de ese interinato y los partidos que lo integran, por el ejercicio del poder y la no salida de Maduro y compañía de Miraflores. Asimismo, concurren los opositores amigos del régimen conocidos como alacranes, que para efecto de los escenarios serán contados dentro de la oposición porque el madurismo los usa en ese sentido.

Mientras tanto, el PSUV llega a esta elección desgastado por los efectos de la muy mala gestión de los servicios públicos, la pandemia del covid-19 –la respuesta ante el virus le ha pasado factura a algunos candidatos en países donde ha habido comicios– y el dedazo en la escogencia de los candidatos, situaciones todas que pueden provocar una reacción adversa a la hora de votar.

Además, se devela el verdadero rostro de la “revolución bolivariana”, el criminal. El heredero de Chávez ha sido señalado de presuntos delitos de lesa humanidad (fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el inicio de la fase de investigación de hechos ocurridos en Venezuela), lavado de dinero proveniente de la corrupción y actividades ilícitas (caso Alex Saab et al.) y narcoterrorismo (Fiscalía de Estados Unidos colocó precio a la captura de los líderes del cabellomadurismo y sus cómplices).

Un factor importante que hay que tomar en cuenta en las votaciones es la población que ha migrado (17% según Acnur), por lo que la maquinaria electoral será clave para la movilización de votantes. Sobre todo, si el PSUV tiene un techo o voto duro que se mueve entre 18% y 22% en todo el territorio nacional, según la mayoría de las encuestas.

Otra premisa es que Maduro y compañía necesitan que las elecciones del 21N parezcan libres, justas y transparentes para que la Misión de Observación Electoral de la UE las certifiquen a través del informe preliminar. Es decir, hay una alta probabilidad de que el día de la votación se observe un comportamiento del CNE y del Plan República similar al advertido en las parlamentarias de 2015.

Por otra parte, el 21N el sistema electoral automatizado arrojará un resultado mayoritario a la tarjeta que gane la gobernación. Al ser una megaelección (3.802 cargos públicos) se entubó el sufragio para simplificar el voto electrónico, lo que hace casi imposible cruzarlo, en perjuicio de la pluralidad democrática.

Por lo tanto, la participación electoral será clave en los resultados.

De acuerdo con la simulación realizada por Inter American Trends, con una participación cercana a 50%, la MUD obtendría 4 gobernaciones: Zulia, Sucre, Nueva Esparta y Táchira; mientras que la Alianza Democrática 2: Anzoátegui y Lara. Por encima del 50% de participación en las zonas urbanas, la MUD podría adicionar Vargas y la Alianza Democrática otras 2: Guárico y Miranda. El PSUV conseguiría en el primer escenario 17 gobernaciones –similar a las obtenidas en 2017– y 14 en el segundo.

Estos resultados, respaldados por la Misión de Observación Electoral de la UE, le darán una mayoría de gobernaciones, alcaldías, concejales legislativos y municipales al PSUV, lo que permitiría imponer en México una agenda para la normalización política en Venezuela. Así, Maduro sobreviviría y convencería a muchos venezolanos de que la democracia no funciona.

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