El próximo año estará marcado por la elección presidencial. Todos los factores políticos coinciden en que será determinante para el porvenir de Venezuela. Nicolás Maduro, la nomenklatura y su “socio” cubano buscarán afianzar el Estado autoritario, en el cual Maduro consolidaría su perfil dictatorial. Las elecciones para la asamblea constituyente, gobernadores y municipales así lo demuestran.

En la elección de la asamblea constituyente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) manipuló “al menos un millón de electores” para que Maduro consiguiera la mayoría de los constituyentistas.

En cuanto a las elecciones de gobernadores, el CNE sesgó el proceso electoral a favor de los candidatos oficialistas al modificar el Registro Electoral, reubicar centros electorales, rechazar la sustitución de candidatos, eliminar el uso de la tinta indeleble y los controles del voto asistido, entre otros. Y para sellar el triunfo, obligaron a los gobernadores electos a juramentarse ante la ANC.

En las elecciones municipales, además de los cambios introducidos en las de gobernadores, con la excepción de la sustitución de candidatos, el régimen de Maduro hizo énfasis en la coacción del voto a través del carnet de la patria, como tarjeta de identificación, y el voto asistido; la violación del perímetro de seguridad del centro electoral; y la destitución de los testigos de mesa por presentar objeciones a la forma como se desarrollaba el proceso electoral.

En menos de cinco meses el régimen de Maduro dejaba atrás la forma de gobernar de los últimos 17 años, un régimen autoritario con elecciones competitivas.

Después de que obtuvo su peor derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, Maduro y su “socio” cubano optaron por cambiar el “autoritarismo competitivo” impuesto hasta ese momento por el de una dictadura comunista, en la que el partido político del régimen gana todas las elecciones con una gran mayoría, léase Cuba, Rusia, China, y en extremo Corea del Norte.

Las fuerzas políticas de la oposición agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), luego de ganar la gran mayoría de Asamblea Nacional (AN) con las reglas electorales del régimen, optaron por enfrentar a Maduro como una dictadura durante el primer semestre de 2017, una vez que Maduro trancó la realización del referéndum revocatorio presidencial en 2016 -el mecanismo que contempla la Constitución para salir de un gobernante cuando pierde el apoyo popular y atraviesa por una grave crisis de gobernabilidad.

Sin embargo, el régimen de Maduro logró sortear la situación, llevando a la MUD al terreno electoral. El régimen utilizó el “autoritarismo competitivo” para disuadir a los partidos de la MUD a no seguir en las calles -resistencia pacífica- después de cuatro meses de protestas, con más de 140 muertos, miles de personas arrestadas, cientos de presos políticos, y el rechazo de la comunidad internacional a la dictadura. Fue el momento político más débil del régimen.

A pesar de esto, los dirigentes de la MUD enfrentaron al régimen de Maduro en las elecciones de gobernadores como lo hicieron en las votaciones parlamentarias de diciembre 2015.

Las encuestas indicaban un desgaste de la gestión del régimen, alcanzando el nivel más bajo de aprobación (17%) en julio 2017, por lo que la MUD actúo bajo el paradigma de que el régimen entraba en una transición política, denominada como “soft landing”, una tesis divulgada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y Tom Shannon del Departamento de Estado de Estados Unidos. Más bien todo lo contrario, Maduro y su “socio” cubano habían decidido usar las elecciones de gobernadores, y posteriormente las municipales, para consolidar la dictadura, sin votaciones competitivas.

La consecuencia ha sido la pérdida de autoridad de los líderes de la MUD para producir el cambio político en Venezuela, reflejándose en las encuestas de julio y diciembre: Leopoldo López -8%; Henrique Capriles -4%; Henry Falcón -3%; y Henry Ramos Allup -2%.

Ante el escenario electoral de 2018, una parte de la MUD (Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, y Nuevo Tiempo) busca reeditar y mejorar las condiciones electorales -elecciones competitivas- de diciembre 2015, con el diálogo en República Dominicana (cronograma, renovación del CNE y observación internacional), enfrentando al régimen de Maduro como si fuera un “autoritarismo competitivo”, lo que dejó de ser desde el pasado octubre.

El año 2018 será de mayor conflictividad social por los efectos de la hiperinflación, el desabastecimiento de comida y medicinas y la crisis en los servicios públicos, una situación que se acentuará a medida que transcurra el año.

Por ello, Maduro buscará adelantar la elección presidencial para marzo, porque necesita terminar de legitimar su liderazgo político en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el país -un proceso que inicio el 30 de julio de 2017.

Mientras que la oposición debería ir a la elección presidencial en el último trimestre, o en diciembre de 2018, porque debe reconstruir la confianza con la mayoría de los venezolanos (78%), que rechaza la gestión de Maduro. Además, dispondrá del tiempo necesario para escoger el candidato unitario de la oposición.

Ante la solución electoral a la crisis de gobernabilidad en Venezuela, Maduro buscará resolverla “as soon as possible”, mientras que la oposición deberá hacerlo cuando corresponda por la Constitución, desafiando a una dictadura, porque está en juego el porvenir de Venezuela.



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