Hasta muy recientemente, la mayoría de las fuerzas democráticas de Venezuela sostenían que la solución a la grave crisis del país era política: una elección presidencial libre, justa, transparente y democrática. Recordemos que, desde 2019, Nicolás Maduro perdió el último rastro de legitimidad de su mandato, la de origen; pues antes había emprendido el ataque a la Asamblea Nacional elegida en 2015, que desembocó en el desmontaje del Estado de Derecho y de la separación de los poderes.

Una situación que dio inicio a la gravísima crisis política y de orden público de 2017 ―reforzada por la escasez y el colapso del Estado― a la que el heredero de Chávez decidió responder con las armas de la nación. Con la orden recibida desde Miraflores, los militares que habían jurado defender la patria usaron sus rifles y tanques para acallar la voz de los manifestantes. Fueron asesinadas muchas personas desarmadas y violados los derechos de cientos de ciudadanos inocentes. Una tragedia para la población civil que derivó en el gran éxodo que hoy se calcula en más de 6 millones de venezolanos.

Cuando Maduro se juramentó ante su Tribunal Supremo de Justicia para su segundo mandato presidencial, uno de cada diez venezolanos había abandonado el país para huir de la opresión, primero, y de la miseria causada por su régimen, después.

Las sanciones no sustentan la narrativa oficial

Tres años después, el relato del madurismo, representantes del sector privado y de la sociedad civil de Venezuela es que las sanciones económicas estadounidenses contra el régimen de Maduro son la causa de la crisis de Venezuela. Sostiene que las medidas punitivas contra el país solo han servido para “exacerbar” la crisis humanitaria en la otrora potencia petrolera. Así que piden al presidente Joe Biden el retorno de las empresas petroleras internacionales socias de la estatal Pdvsa.

La narrativa oficialista no parece sustentar el argumento económico de la crisis, a pesar del dato aportado por Jesús Seguías de que “82% de los venezolanos se ha ido del país por razones económicas y calidad de vida, y apenas 6% por causa políticas”.

En abril, el banco de inversión Credit Suisse estimó que el producto interno bruto de Venezuela podría expandirse 20% en 2022, debido al aumento en la producción de petróleo que impulsa un repunte dramático para una economía que se derrumbó hace solo 2 años.

En este sentido, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohammad Barkindo, afirmó el pasado jueves que la industria petrolera de Venezuela se recuperó en un “tiempo récord” de dos años.

“Ustedes [Venezuela] pudieron recuperar la industria en tiempo récord, en apenas dos años, y yo vi cada una de las plantas funcionando óptimamente, vi cómo aumentaron la producción de un nivel muy bajo a casi más de 1 millón y van hacia 2 millones para finales de este año”, indicó Barkindo.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, determina que “las exportaciones petroleras de Venezuela cerrarán en un promedio de 830.000 barriles por día” en 2022, después de haber estado en alrededor de 490.000 barriles por día en los 2 últimos años, según los datos de la empresa de servicios tankertrackers.com.

Realidad política con la naturaleza criminal del régimen

La realidad política combinada con la naturaleza criminal del régimen madurista apunta a que es la causa raíz de la crisis venezolana.

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal afirmó la semana pasada que en el país hay 239 personas detenidas a las que considera “presos políticos”. Del total de registros, 224 son hombres y 15 mujeres, entre ellos un menor de edad; 107 son civiles y 132 militares. “Desde 2014 se han registrado 15.758 detenciones políticas en Venezuela”, añadieron los representantes de la ONG. Actualmente, más de 9.000 personas siguen sujetas, “arbitrariamente”, a medidas restrictivas de su libertad.

A principios de mayo, la general de cuatro estrellas Laura Richardson, jefa del Comando Sur, sostuvo en una entrevista con Infobae que “la participación en el narco recorre todos los escalafones del régimen de Maduro. (...) La corrupción es endémica en Venezuela, (...) y da cobijo a grupos terroristas regionales como el ELN y las disidencias de las FARC”.

Esto sin contar con la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, hace un mes. Rechazó aplazar su investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y solicitó permiso a los jueces de Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar la investigación.

No hay democracia, sigue la lucha

Si aceptamos la narrativa del madurismo, de representantes del sector privado, de miembros de la sociedad civil y de dirigentes políticos frustrados por los resultados de los últimos tres años de lucha contra una narcotiranía, de que son las sanciones económicas la causa de la crisis venezolana, asumimos que en Venezuela hay un gobierno con instituciones democráticas. Pero la evidencia demuestra que es falso.

Debemos tener claro, entonces, que la crisis en Venezuela es político-judicial. Por ende, la lucha también lo es. Hay que redefinirla ante los hechos de la guerra de Ucrania. Porque Maduro, al igual que Putin, no representa los valores y principios democráticos que los ciudadanos del hemisferio occidental favorecen y defienden firmemente.

Hay que hacer un nuevo despliegue del interinato para corregir los últimos tres años de equivocaciones en el diagnóstico y para superar la frustración colectiva.

“Cuatro cosas en la lucha política: presencia, prestigio, presupuesto y poder. Solo así empezaría a nivelarse el tablero, condición imprescindible para cualquier reencuentro o reconciliación. Los abrazos se dan entre iguales; lo otro es la rendición”, señala Cayetana Álvarez de Toledo en su libro Políticamente indeseable.

Así que, parafraseando a Clinton, la crisis tiene una causa y no son las sanciones: ¡Es la narcotiranía, estúpido!

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