La confrontación asimétrica entre la oposición y el oficialismo en Venezuela es cada vez más abismal. El juego de relaciones entre los factores en disputa está conduciendo a soluciones suma cero, en la que una de las partes busca mantener el poder eliminando el otro.

Además, la salida a la crisis de gobernabilidad en Venezuela excede el ámbito nacional porque existen factores externos vinculantes al gobierno de Maduro, que ante un cambio del mismo los colocarían en riesgo, tales como: la sobrevivencia económica del régimen cubano, el negocio del narcotráfico, el yihadismo, el blanqueo de capitales procedente de la corrupción y actividades ilícitas, y el subsidio a los gobiernos del Caribe.

Ante la amenaza de perder el poder, el gobierno de Maduro construye en el ámbito internacional una narrativa colonialista, al mejor estilo del siglo pasado.

En la reciente presentación ¿Por qué está Venezuela en la mira de la Casa Blanca?, el embajador de Venezuela en Suiza expuso que una de las causas fundamentales es la necesidad de los Estados Unidos de controlar las "mayores reservas" de petróleo del mundo, por lo que está patrocinando un golpe de Estado para tener acceso al petróleo barato de Venezuela. Además, que el gobierno imperial de la Casa Blanca patrocina una guerra económica contra el régimen de Maduro, creando la escasez de bienes y el hambre en el país.

Sin embargo, el leitmotiv de las "grandes reservas" de petróleo en Venezuela por parte del oficialismo excluye que están conformadas por crudos extrapesados, y en costos de producción son iguales, en algunos casos mayores, a los del "shale oil" de Estados Unidos. Adicionalmente, los volúmenes importados por las refinerías estadunidenses en el Golfo de México dejarán de ser necesarios a partir del 2020, cuando se termine de conectar el oleoducto (Keystone XL) desde Canadá, Alberta, a Texas. Por cierto, un crudo similar al petróleo de la Faja del Orinoco.

El otro argumento presentado por el embajador venezolano en Suiza fue que "los EE.UU no acepta otro gobierno revolucionario socialista en su patio trasero", por lo que fomenta una guerra no convencional (la resistencia civil) en Venezuela. Por lo tanto, para salvaguardar los grandes avances sociales de la Revolución es necesario redactar una nueva Constitución, aunque el régimen de Maduro ocupe los últimos lugares en casi todos los índices evaluados por instituciones u organismos independientes, que miden la democracia, libertad de expresión, inflación y derechos humanos.

Mientras tanto, la oposición y la Asamblea Nacional han argumentado que la crisis en Venezuela se debe al modelo político-económico-social impuesto por el Plan de la Patria, porque no genera prosperidad. Más bien forja un sistema que crea dependencia de la población venezolana hacia el Estado y en consecuencia somete al ciudadano a vivir en una dictadura, tipo Cuba.

Tesis que ha sido evaluada y comprobada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, desde 2016. El pasado 15 de marzo, Almagro concluyó en un documento presentado al Consejo Permanente que Venezuela "viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana".

A estas causas, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, agregó la violación de la Constitución por parte del máximo tribunal del país el 31 de marzo.

Ahora, el enfrentamiento entre oposición y el oficialismo por implantar su visión de país está enmarcado por la ruptura del orden constitucional por parte del régimen de Maduro, por lo que restablecer el Estado de Derecho pasa por la cooperación entre el Ministerio Público y el poder legislativo en un juego cooperativo.

Un Estado de Derecho enmarcado en la Constitución de 1999, que deberá ser ejercido con independencia de poderes para tener un sistema de pesos y contrapesos.

Mientras tanto, el régimen de Maduro se aferra al poder "para siempre" porque es vital asegurar el envío de los barriles de crudo a Cuba ante la amenaza de Trump, quien va a poner freno a las medidas de Obama. Así mismo, garantizar la viabilidad política de las FARC en Colombia, luego del proceso de Paz, al permitir su financiamiento con el narcotráfico, al igual que al terrorismo islámico. Además, utilizar los instrumentos financieros de PDVSA para lavar capitales de las actividades ilícitas de estos grupos terroristas.

Alinear la solución de Estado-nación a la crisis interna en Venezuela con las implicaciones internacionales, requiere dejar a un lado ideologías enfrentadas en el pasado para poder enfrentar al Estado mafioso instalado en Venezuela, y que busca perpetuarse con una nueva Carta Magna.

Por ello, como decíamos cuando niños jugamos metra: "guerra, guerra hasta la muerte".



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