El pasado domingo, 32 partidos políticos democráticos de Venezuela acordaron no participar en las elecciones parlamentarias convocadas por el presidente de facto Nicolás Maduro para el 6 de diciembre. Utilizan la estrategia de la abstención electoral ante unos comicios que consideran fraudulentos. Es la quinta vez que buscan deslegitimar un proceso electoral y, en consecuencia, a la Asamblea Nacional que se constituya con esos resultados.

La primera vez fue en la elección legislativa de 2005. Los partidos que conformaban la oposición al gobierno de Hugo Chávez se retiraron de los comicios por considerarlos "fraudulentos" y pidieron a los electores que no acudieran a las urnas. Las razones fueron: la falta de transparencia en el proceso, la ausencia de garantías del voto secreto y el fraude en las listas del censo. Sin embargo, “la jornada transcurrió sin incidentes y con una participación irregular, más abundante en las zonas populares, bastión del chavismo, y muy escasa en las de clase media y alta”, reseñó el diario El País de España ese día.

La frustración de la oposición por los resultados del referéndum revocatorio presidencial el año anterior apuntaló la decisión de abandonar el proceso electoral, rompiendo el compromiso que había adquirido la oposición con el organismo electoral –presidido por Jorge Rodríguez– ante las delegaciones de la Organización de Estados Americanos y La Unión Europea.

El resultado fue la incautación del Parlamento, cuyas curules se vistieron de “rojo rojito” por 5 años, desde 2006 hasta 2011.

La segunda ocasión fue la elección de la asamblea nacional constituyente en 2017. La oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática fue frontal en su rechazo a la iniciativa, definiéndola como una forma de autogolpe de Estado y la confirmación de la "deriva autoritaria" de Nicolás Maduro. Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, diría: "Esta amenaza busca dos cosas: primero, el aniquilamiento de la República y del Estado democrático, y lo segundo, la sumisión absoluta del pueblo venezolano". En esta oportunidad algunos dirigentes del chavismo, conocido como el chavismo crítico, acompañaron la estrategia de la MUD.

A pesar de que la mayoría de los venezolanos se abstuvo y de que varios salieron a protestar, según el diario español El País, los chavistas alcanzaron sus objetivos: tener una ANC sometida totalmente a los intereses del régimen de Maduro y la incautación de los poderes de la Asamblea Nacional (2016-2021), dominada ampliamente en este período por los partidos de la oposición. No obstante, vistas todas las irregularidades que acompañaron su formación, parte de la comunidad internacional democrática alzó su voz para desconocer este nuevo órgano legislativo, actualmente presidido por Diosdado Cabello.

El tercer momento que se abstuvo la MUD (AD, PJ y VP) fue en las votaciones para alcaldes de 2017, tras la denuncia de fraude en las elecciones de gobernadores dos meses antes –el oficialismo ganó en 17 de 23 gobernaciones, contra todo pronóstico–. En palabras del secretario de la MUD, Ángel Oropeza: “El régimen asumió el camino del fraude, la violencia, la manipulación, el ventajismo, la trampa, la corrupción, el chantaje, para desconocer la voluntad de nuestro pueblo [en los comicios de regionales]”.

Con aquellos resultados el oficialismo se apoderó de 305 de 335 alcaldías con una abstención cercana a 53%, según las cifras del CNE. Un incremento de 11% con respecto a los comicios municipales de 2013 y de 14% en comparación con las regionales de octubre de 2017. La oposición logró 5 gobernaciones, pero Juan Pablo Guanipa, el ganador en el estado Zulia, se negó a prestar juramento ante la ANC y la entidad también quedó en manos del chavismo.

La cuarta vez fue la reelección presidencial de Nicolás Maduro en 2018. La Unidad Democrática decidió que el evento era prematuro y sin condiciones electorales: “Es solo un show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene”.

El resultado fue el triunfo de Maduro con una abstención de 53%, la más alta en la historia de los comicios presidenciales desde la llegada de la democracia en 1958.

Además, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, España y Estados Unidos –integrantes del Grupo de Lima– los consideraron “ilegítimos” y “carentes de credibilidad”, reseñó CNN en español.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señaló que Maduro y sus acólitos se aseguraban que su reino de corrupción, crimen, narcotráfico y terror continúe. Por lo que le pidió suspender esta farsa y convocar a unas verdaderas elecciones, darle a la gente de Venezuela opciones reales porque merecen vivir en democracia, otra vez.

La Unión Europea y el Parlamento Europeo rechazaron también la reelección de Maduro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo: “Va a ganar Nicolás Maduro, va a significar un intento de legitimar la presidencia por seis años más sabiendo que ese proceso electoral no ha contado con el respaldo de la comunidad internacional, ni con los actores políticos internos de Venezuela para estructurar este proceso”.

En esta ocasión, la abstención y todas las demás irregularidades del proceso electoral permitieron que casi 60 países desconocieran a Maduro como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero de 2019. Y reconocieran a Juan Guaidó como el presidente interino.

Mientras que Vladimir Putin (Rusia), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Daniel Ortega (Nicaragua), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Xi Jinping (China), Bashar al-Ásad (Siria), Hasán Rouhaní (Irán), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y Evo Morales (Bolivia) aceptaron a Nicolás Maduro como presidente.

Por lo tanto, la abstención del 6 de diciembre de 2020 deberá conducir a la definitiva transición democrática en Venezuela. Los 32 partidos políticos, junto con los gobiernos de las 60 naciones, la OEA, la ONU, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, deben declararse en emergencia para alcanzarla. Lo contrario será la incautación definitiva del país bolivariano por China, Rusia, Irán, Turquía y Cuba a través de Maduro y su corporación criminal.

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