La Casa Blanca está convencida de que la solución para la crisis venezolana es una elección presidencial libre, justa y competitiva. Además, sostiene que debe surgir de una negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria en Ciudad de México, con la facilitación del reino de Noruega.

Para lograr esta solución, Washington ha establecido un canal de comunicación directo con Miraflores. De acuerdo con varios dirigentes de la Plataforma Unitaria, el embajador de Estados Unidos para Venezuela con sede en Bogotá dijo en el reciente encuentro de los partidos de la oposición en Panamá que “no necesitan de la oposición para hablar directamente con Maduro”.

En junio de 2021, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González, señaló en una entrevista con la Voz de América sobre la negociación venezolana: “Los dos lados van a tener que tragar sapos por el bien del país”. Además, dijo que el diálogo “debe ser serio, concreto, irreversible y limitado por el tiempo”.

Ha transcurrido un año desde que Maduro se levantó de la mesa de negociación con la oposición en México porque consideró la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Florida una violación de los principios legales internacionales y objetó el ánimo constructivo que debe privar en toda negociación política.

Durante este tiempo, la administración Biden se ha tragado el sapo de Superbigote, al otorgarle los beneficios de sus sobrinos ―dos con condena firme y el otro sancionado por el Departamento del Tesoro―. Además, le concede la modificación de la licencia de Chevron para que opere y exporte el petróleo venezolano, así como el desmontaje del gobierno interino a partir de enero de 2023. “Nosotros [Estados Unidos] haremos lo que decidan ustedes [Oposición]”. Muy diferente a lo que decía la administración estadounidense el año pasado, cuando los dirigentes del G-4 buscaron la disolución del interinato. Sostenían que debía seguir vigente. Hasta el punto de usar el soft power.

La Casa Blanca “se traga el sapo” para que Maduro acepte ir a una elección presidencial libre, justa y competitiva. Hasta ahora, el régimen maneja dos posibles fechas en 2023, 16 de julio y 3 de diciembre.

Enfrentar el régimen criminal de Miraflores con un conjunto básico de principios democráticos y cambiando la política de máxima presión empleada por la administración de Donald Trump es equivocado. Los criminales violan los derechos humanos cometiendo crímenes de lesa humanidad. Saben que para seguir “con vida” no pueden ceder el control del territorio. En el caso de Venezuela, tiene que mantener el poder.

Cuando se dice que la política de máxima presión no ha funcionado en Venezuela ni en el embargo a Cuba es cierto. La causa ha sido que sólo la ha aplicado Estados Unidos. El resto de los países, sobre todo europeos, no han acompañado de manera firme la decisión de la administración estadounidense.

En el caso de Venezuela, los gobiernos socialistas europeos (España lleva la voz cantante) y el Vaticano han sido factores claves para que el régimen criminal se salga con la suya, facilitando diálogos que nunca han llegado a cristalizar en una solución democrática para resolver la crisis de gobernabilidad en Venezuela. Han sido [diálogos] instrumentos para que las fuerzas democráticas se desgasten y el régimen gane tiempo en el poder.

El paradigma contra el imperialismo americano del siglo XX ha pesado en naciones europeas con gobiernos socialistas a la hora de que Estados Unidos adopta medidas para restablecer la democracia en países gobernados por regímenes ―principalmente, los alineados con el Foro de Sao Paulo― surgidos de unas elecciones libres, justas y competitivas en los últimos 20 años. La Unión Europea no lo acompaña con la misma fuerza. Más bien, sirve de vía escapatoria para las dictaduras.

Los grandes recursos venezolanos producto del lavado de dinero que han generado la corrupción y las actividades ilícitas se encuentran depositados en países europeos, entre otros. Esa es en parte la razón por la cual la aplicación de la máxima presión al régimen madurista no ha conseguido doblegarlo hasta lograr una salida negociada.

No ocurre así con Ucrania, con la cual la Unión Europea y Estados Unidos están alineados, aplicando la máxima presión al régimen de Vladimir Putin. En este caso, los resultados están a la vista. Nadie duda de que ha sido la vía correcta para doblegar a Putin en sus aspiraciones de anexarse la nación gobernada por Volodimir Zelenski. Muy diferente a lo que ocurrió en 2014, cuando se adueñó de Crimea. Occidente se hizo la vista gorda.

Entonces, como ya dijimos, la Casa Blanca se traga el sapo de Maduro –criminal de lesa humanidad, según la Misión internacional independiente para la determinación de los hechos de la ONU– para conseguir que en Venezuela haya una elección presidencial libre, justa y competitiva. ¿Lo logrará?, está por verse. Por ahora, Superbigote no ha cedido en nada. No tiene por qué.

Las elecciones de medio período presidencial en Estados Unidos abren opciones que podrían afectar el poder de disuasión de la administración Biden. Por ejemplo, si pierde la Cámara de Representantes. Muy probable, según las últimas encuestas. Entonces, la atención del gobierno demócrata tendría que dedicar más esfuerzos a los procesos que abrirá la Cámara contra funcionarios del gobierno y el hijo de Biden. Esto sin introducir la variable económica: una recesión mundial.

Una cosa sí es segura, al tragarse el sapo la Casa Blanca aferra a Maduro en el poder. Las elecciones serán medio libres, poco justas y sin competencia.

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