Nicolás Maduro se considera triunfante sobre sus opositores, tanto internos como externos, y se dispone a reclamar su victoria, una maniobra típica en los ámbitos de la política y la guerra.

En el escenario internacional, una reciente reunión en México entre la Casa Blanca y representantes de Miraflores, que incluyó a figuras como Daniel Erikson, el nuevo asesor de Seguridad de Joe Biden para el hemisferio occidental, y Jorge Rodríguez, el negociador de Nicolás Maduro, se convirtió en un intercambio de acusaciones y reclamos. Este encuentro no solo expuso las persistentes tensiones, sino también la profundidad del estancamiento político, pues Miraflores ha logrado todas sus demandas mientras que Washington ha obtenido muy poco en su esfuerzo por asegurar una elección presidencial libre, justa y competitiva.

La administración de Biden reclamó al regimen de Maduro la violación del acuerdo de Barbados, al obstruir la participación de candidatos opositores en la elección presidencial, intensificar la represión interna y frenar la recepción de venezolanos deportados de Estados Unidos. Por su parte, el psiquiatra negociador criticó a Washington por no seguir el cronograma acordado para levantar las sanciones y reiteró su rechazo a cualquier interferencia en los asuntos internos del país.

En este tenso contexto, la Banda de los Cinco (Diosdado Cabello, Cilia Flores, Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez) busca cimentar su legitimidad en los próximos comicios del 28 de julio, con la participación de 13 candidatos diligentemente seleccionados. Este esfuerzo busca asegurar la flexibilidad de la administración estadounidense en el manejo de las sanciones económicas aplicadas a la estatal petrolera Pdvsa y las transacciones de los bonos de la República en el mercado secundario.

La Banda de los Cinco sostiene que solo en un ambiente libre de sanciones internacionales se pueden celebrar elecciones libres y competitivas. Argumentan que la posible reimposición de sanciones económicas y financieras complica la realización de elecciones democráticas y atribuyen la severa caída del PIB, cercana a 80% entre 2014 y 2020, a estas sanciones internacionales. A pesar de contar con solo 12% de apoyo popular, proponen que Maduro necesita un periodo presidencial adicional sin sanciones para impulsar una recuperación económica sostenida que incluya la reactivación de la inversión extranjera y la privatización de la industria petrolera. Propone que, para el 2030, Maduro tendría la posibilidad de presentarse de forma competitiva en la elección presidencial, habiendo rescatado la economía.

Este planteamiento, lejos de mostrar un compromiso genuino con la democracia, es una táctica dilatoria destinada a mantener el control del régimen seis años más, vendiendo la ilusión de que al terminar ese próximo período (2024-2030) se tendrá la oportunidad de celebrar unas elecciones justas y libres, una vez que se haya superado la crisis socioeconómica con políticas que incluyen medidas de apertura económica y financiera.

Ante este escenario, la Maduro & Co. plantean la necesidad de que la oposición se organice y unifique para tener una oportunidad real de triunfo en 2030, dado que cualquier victoria electoral en 2024 pudiese precipitar al país en un periodo de ingobernabilidad. Según la Banda de los Cinco, solo ellos y los grupos irregulares que les apoyan pueden garantizar la estabilidad de Venezuela, mientras que acusan a la oposición de no estar preparada para asumir el próximo gobierno.

Dentro de esta narrativa para legitimar a Maduro, emerge un movimiento alrededor de la candidatura presidencial de Manuel Rosales -escogido por Maduro- y la discusión sobre la eliminación de las sanciones internacionales.

El pasado 8 de abril en la Universidad Católica Andrés Bello asistieron diversas figuras de la política, la academia, sector empresarial y la sociedad civil, para reorganizar y fortalecer esta alternativa política frente al régimen de Maduro. Sin embargo, la falta de un apoyo unánime dentro de los participantes, especialmente de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), revela diferencias importantes entre aquellos que quieren un cambio en 2024 y los que aspiran lograrlo en 2030.

En este contexto, también, se dio la discusión sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea que ocupan un lugar central en esta nueva dinámica política. Algunos sectores presentes que creen en la agenda 2030, apoyados por intereses internacionales como las compañías petroleras y los tenedores de bonos, proponen la eliminación de estas sanciones como un medio para validar la próxima eleccion presidencial, tal como lo plantea la Banda de los Cinco. Sin embargo, la mayoría de la PUD considera las sanciones como una de las pocas herramientas efectivas de presión contra un régimen que ha mostrado escaso interés en propiciar una verdadera transición democrática en el país. Levantar las sanciones sin garantías claras de elecciones libres y justas podría ser visto no solo como una capitulación, sino también como un retroceso en el compromiso internacional con la democracia en Venezuela y la defensa de los derechos humanos.

Además, la Banda de los Cinco considera que la esperanza de un cambio actualmente representada por María Corina Machado es un fenómeno político pasajero, similar a experiencias previas. Ejemplifican con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela entre 2019 y 2023, quien también generó movilizaciones y alcanzó un alto grado de aceptación popular. Por lo tanto, opinan que el apoyo popular hacia María Corina podría desvanecerse en un período de seis meses a un año.

Por último, en el contexto de un año electoral clave en Estados Unidos, el régimen de Maduro no espera que la administración Biden restablezca las sanciones el 18 de abril, dado el impacto que el precio del barril de petróleo puede tener en el comportamiento electoral. Simultáneamente, frente a un incremento en la inmigración ilegal de venezolanos en la frontera sur, la Casa Blanca se centra más en resolver esta situación que en promover la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Además, la presión ejercida por Wall Street, tenedores de bonos de Venezuela y PDVSA, junto con el lobby de grandes empresas petroleras, es considerable para mantener el estatus quo. Asimismo, Maduro & Co. creen que al abrir las vastas reservas de hidrocarburos de Venezuela al capital privado internacional pueden mitigar la presión de Estados Unidos y las democracias liberales occidentales. Consideran que este enfoque se ve favorecido por un entorno geopolítico internacional, con el apoyo explícito de aliados como Rusia, Irán, China, y los conflictos en el Medio Oriente y Europa.

En conclusión, la situación política en Venezuela continúa siendo un tablero de ajedrez complejo donde las jugadas de Maduro y su entorno están claramente orientadas a perpetuar su estancia en el poder. Con la mira puesta en 2030, el régimen intenta manipular la narrativa internacional y local para presentarse como la única opción viable de gobernabilidad, utilizando la excusa de las sanciones como un escudo contra las presiones democráticas externas e internas. Maduro busca cambiar no solo la percepción interna sino también la política externa hacia Venezuela.

En un mundo donde la percepción puede ser tan poderosa como la política misma, la comunidad internacional y la PUD con María Corina Machado deben seguir siendo críticos y perseverantes. Es crucial continuar trabajando no solo para contrarrestar la narrativa de Maduro, sino también para fortalecer una opción política viable que se basa en la democracia y la libertad y ofrece una vida justa y digna para los venezolanos.

Solo mediante un esfuerzo conjunto y continuo de las fuerzas democráticas junto con la comunidad internacional para reinstaurar la democracia, se logrará superar los ciclos de autocracia y crisis que han caracterizado a Venezuela en las últimas dos décadas.

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