Juan González, el asistente especial del presidente Joe Biden, no pudo ocultar su frustración ante la revelación de que los incentivos otorgados al régimen de Nicolás Maduro para negociar una salida democrática a la crisis podrían caducar.

Aunque la Casa Blanca había adoptado esta estrategia de incentivos tras reevaluar la política de máxima presión aplicada durante la administración Trump (2019-2020), el régimen de Maduro la ha desafiado abiertamente. Estos incentivos han fluctuado desde la liberación de los sobrinos de la “primera combatiente”, Cilia Flores, hasta otorgar licencias a la gigante petrolera estadounidense Chevron para producir y exportar petróleo venezolano.

El propósito de las sanciones era fomentar una solución electoral, pero la realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente.

González agregó que, en relación con las inhabilitaciones, “la solución política en Venezuela sigue siendo incierta. Los expertos en temas electorales podrían observar que, en cierto punto, será sumamente difícil garantizar una elección libre y justa, y no disponemos de una ventana indefinida para mantener la flexibilización de las sanciones”.

En consecuencia, con la escalada de tensiones políticas y la falta de avances significativos en las negociaciones en México, parece que la Casa Blanca podría necesitar un enfoque diferente.

No obstante, la administración Biden no desea abandonar la política de incentivos, pues eso implicaría reconocer un fracaso y renunciar a la estrategia de salida basada en el formato facilitado por Noruega, con elecciones presidenciales medianamente libres, justas, competitivas e inclusivas.

Por tanto, la amenaza planteada por González parece ser un intento desesperado para no desechar la política de Biden, que ha pasado de incentivar una solución diplomática electoral a permitir acciones ilegales contra los precandidatos de la oposición y eludir las sanciones económicas impuestas al régimen de Maduro.

Elliott Abrams, reconocido funcionario republicano y enviado especial de la administración Trump para Venezuela, expresó en su blog del Council on Foreign Relations: “Hemos presenciado concesiones estadounidenses y ningún cambio político [presos políticos, libertad de expresión, inhabilitaciones, judicialización de la disidencia, entre otros]. De ninguna manera Venezuela es hoy más libre que hace dos años y medio. (...) Las tan cacareadas negociaciones entre el régimen y las fuerzas democráticas, realizadas en México, son imposibles de tomar en serio ahora, después de las inhabilitaciones. Maduro no está interesado en negociaciones o compromisos. Entonces, la política de Biden, que se ha construido en torno a la negociación con el régimen para las elecciones, está muerta”.

En un intento por aprovechar la frustración de González, Maduro ha propuesto un quid pro quo: elecciones libres a cambio del levantamiento de las sanciones. “¿Ustedes [comunidad internacional] quieren elecciones libres? Nosotros queremos elecciones libres de sanciones, de bloqueo, de agresión, de guerra económica. Levanten todas las sanciones. El imperio norteamericano debe levantar todas las sanciones, sin condicionamiento de ningún tipo, y nosotros seguir adelante”.

Para Maduro, es apremiante obtener ingresos en divisas del orden de 1.500 millones de dólares mensuales para recobrar su conexión con el pueblo a través del populismo y el control social. Por ende, requiere que levanten las sanciones económicas para que las compañías petroleras regresen al país a producir y exportar petróleo, tal como lo está haciendo la gigante estadounidense Chevron. Esta última le aporta un promedio de 130 millones de dólares mensuales que utiliza para mantener el bolívar a flote frente al dólar y controlar la inflación, con lo cual podría resucitar la narrativa de “Venezuela se arregló”.

De igual forma, es evidente que Maduro está persiguiendo activamente el reconocimiento a nivel internacional como el legítimo presidente de Venezuela, recurriendo al mecanismo del quid pro quo para asegurar los 5.100 millones de dólares que han sido asignados a Venezuela por parte del Fondo Monetario Internacional en 2021, con el objetivo de enfrentar los efectos macroeconómicos derivados de la pandemia del covid-19.

Este monto representa 52% del actual stock de reservas internacionales, lo que permitiría aumentar las reservas internacionales líquidas, que hace apenas una semana se encontraban en 416 millones de dólares.

Maduro tiene una urgente necesidad de divisas para ser un candidato competitivo en las elecciones del próximo año. Por ello, intenta manipular la verdad (posverdad) sobre los resultados de la mesa de diálogo en Bruselas entre la Plataforma Unitaria y su régimen, afirmando que hubo un consenso para levantar las sanciones contra el país.

En declaraciones a Telesur desde Caracas, Maduro afirmó que “en la mesa de diálogo”, en el contexto de la III Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con la presencia de los presidentes de Argentina, Francia, Brasil, Colombia y el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, “hubo un consenso de que deben levantarse las sanciones contra Venezuela. Bueno, que se cumpla el consenso”.

Josep Borrell, canciller de la UE, salió al paso a esa afirmación. Manifestó que han hecho un llamado a una negociación política que conduzca a la organización de “elecciones justas, transparentes e inclusivas”, con acompañamiento internacional. Si se cumple este requisito, entonces levantarían “las sanciones de cualquier tipo, con miras a su total levantamiento”.

En consecuencia, la perspectiva de una transición democrática se ve limitada a la secuencia de elecciones o sanciones. De persistir Maduro en su demanda de que se levanten las sanciones como condición previa, la ventana de oportunidad para alcanzar una solución pacífica, sustentada en el diálogo y en elecciones auténticamente legítimas, se irá cerrando gradualmente. Esto podría dar lugar a la necesidad de articular una nueva política que aislará una vez más a Venezuela, intensificando la entropía social y precipitando una situación caótica que podría desestabilizar el actual orden y dificultar una transición democrática bajo control. Ante este escenario, resulta imperativo considerar cuidadosamente las implicaciones y consecuencias de cada curso de acción, pues su elección determinará el destino del país en su búsqueda por restablecer la democracia y la estabilidad.

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