El resultado electoral de la elección presidencial en Venezuela, el pasado 14 de abril, presenta una paradoja: según el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que gana pierde y quien pierde gana.

La racionalidad detrás de este argumento es que el Estado revolucionario se impone ante el "enemigo" a través de normas y leyes ajustadas, como un traje a la medida, por los poderes públicos que domina.

Inicia con la sentencia del 10 de enero de 2013 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde justifica a través del principio de la Continuidad Administrativa el nombramiento de Nicolás Maduro Moros (Vicepresidente Ejecutivo) como presidente encargado, gozando de todas las prerrogativas del cargo. Desconoció que Maduro no fue electo por votación universal, directa y secreta el 7 de Octubre de 2012, si no designado a dedo por Chávez en el periodo presidencial 2007 - 2013.

Continúa con una campaña electoral de diez días donde lo justo, transparente y legal no la caracteriza; haciendo alarde el candidato-presidente de que el Estado soy Yo y por lo tanto el mensaje para la oposición es: se la calan.

Finaliza con el nombramiento acelerado por parte del CNE de presidente electo un día después de haber celebrado las elecciones. Sin tomar en cuenta la solicitud de la otra mitad de la población de una auditoria del 100% de las cajas que contienen el recibo de los votos sufragados, los cuadernos y las actas electorales; porque considera que ganó el proceso electoral.

En estos eventos la toma de decisiones se realiza bajo el juego aparente del régimen legal constitucional democrático donde el demócrata es golpista, la victima es usurpador, el triunfador es perdedor, la mayoría es minoría, el pacifico es violento, la voluntad popular es una elite de la burguesía.

La administración del poder durante 14 años para desarrollar e implantar el proyecto del Socialismo del Siglo XXI que encarnó el presidente Chávez, presenta en la actualidad una gran crisis.

En el eje económico es definido por el equipo de Maduro en el documento "Que Hacer", de bomba atómica económica de efecto devastadores y una situación insostenible.

Desabastecimiento del 50% en productos básicos, inflación prevista para este año de 33%, un déficit del sector publico de 15%, una caída del PIB de más de 4%, un déficit de caja de PDVSA de 40%, una tasa de desempleo de 11% entre otros.

En el eje social, la inseguridad está entre la más alta del continente, con más de 3.000 muertes violentas en el primer trimestre del presente año. Es un país donde ocurre más muertes que en las recientes guerras ocurridas en Irak, Afganistán, y Libia. Esta situación impone un toque de queda sin el decreto durante las horas nocturnas.

Adicionalmente, los cortes eléctricos son continuos durante el día produciendo un malestar en la población al dañárseles los aparatos eléctricos y vivir en oscuridad cuando ocurren en la noche.

El equipo de Maduro dice en el documento que se "huele en el ambiente la posibilidad de un estallido social".

Ahora, Maduro le agrega al eje político una crisis de gobernabilidad. Al ahogar la solicitud de Capriles de una auditoria total al sistema electoral, esencia y elemento fundamental de la democracia.

Por primera vez la oposición obtuvo votos en vastos sectores populares al ganar en parroquias que nunca antes lo había logrado.

La bomba atómica económica combinada con la guerra interna y el ahogo electoral genera un caldo de cultivo de rebelión ante una dirigencia representada en Maduro que no ve, ni escucha.

Seguir imponiendo el Estado revolucionario de los Castro sin tomar en cuenta la otra mitad del país parece el libreto sugerido.

Estamos ante una situación que requiere de la oposición representada por Capriles sus mejores habilidades y conocimiento para construir en la unidad y con disciplina el camino donde las diferencias conviven, no hay derrotados, la minorías son importantes, la paz esta presente y el gentilicio venezolano renace.

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