Después de entregar Nicolás Maduro las bases comiciales al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el proceso Constituyente el pasado martes 23 de mayo, se observa en el presidente de Venezuela una tendencia a desenfocar la acción de la oposición venezolana que busca revertir el golpe de Estado del 30 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia eliminó la Asamblea Nacional (AN), al asumir sus competencias.

La encuesta del 8 de mayo de Jesús Seguías, presidente de Datincorp, señala que 7 de cada 10 venezolanos "73% rechaza la Asamblea Constituyente de Maduro". Además, muestra que la popularidad de Nicolás Maduro volvió a descender desde el inicio de las protestas el pasado mes de marzo, y sólo 20% de los venezolanos aprueban su gestión.

Un escenario que permite predecir unos resultados electorales muy desfavorables para el oficialismo, si el sufragio es libre y transparente. De hecho, es la razón por la que el oficialismo no ha querido más elecciones, y fue el argumento por el que Maduro bloqueó el referéndum revocatorio presidencial y las elecciones de gobernadores el año pasado. Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) perdieron la calle y la conexión con las mayorías.

Para reforzar la distracción de la oposición, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, presentó un cronograma electoral, ese mismo 23 de mayo por la noche, para elegir a los constituyentitas a finales de julio, y para realizar los comicios regionales en diciembre.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional propone un referéndum consultivo al país para conocer primero si los venezolanos desean cambiar la Constitución de 1999, y segundo, convocar a una elección general para salir de la crisis de gobernabilidad. Una acción que emanaría del poder legislativo en concordancia con el espíritu de la Carta Magna, que demanda que la solicitud -venga de quien venga- de una nueva constitución debe ser avalada por la mayoría del voto universal, igual, secreto, libre. Una solicitud, también, propuesta por miembros del TSJ, la Fiscal, constituyentitas de 1999, entre otros.

Sin embargo, esta gestión de la Asamblea Nacional debe ser expedita ante el TSJ por la propuesta del CNE de elegir los integrantes de la Constituyente dentro de 10 semanas.

Simultáneamente, la presión para restituir el orden constitucional producto del golpe de Estado el 30 de marzo continúa con la "resistencia pacífica", el pueblo en la calle, según las declaraciones del 1er. vice-presidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.

La resistencia civil, más la inclusión de los factores políticos divergentes con la nomenclatura oficialista, y la alineación de la comunidad internacional y organismos multilaterales, son actividades interdependientes determinantes para restablecer la gobernabilidad y el Estado de derecho (Constitución de 1999) en Venezuela.

Ante la celebración del Consejo Permanente de la OEA con los Ministros de Relaciones Exteriores de la Región el próximo 31 de mayo en Washington, y dos semanas más tarde la Asamblea General en México, el gobierno de Maduro ha impuesto arbitrariamente la medida "casa por cárcel" a los miembros principales de la oposición, cuando les anula sus pasaportes al momento de salir de Venezuela. Una privación de la libertad de movimientos y comunicación de los líderes de la oposición que cumplen en Venezuela, sin ninguna sentencia de un Tribunal del país.

La intención del régimen es evitar que los gobiernos de las Américas conozcan de primera mano lo que está ocurriendo en el país en cuanto a la violación del orden constitucional y derechos humanos, y en consecuencia pretende impedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, al no poder las Misiones ante la OEA contrastar los "hechos alternativos" del régimen bolivariano. Ayer, la medida de "casa por cárcel" empezó a utilizarla a nivel nacional al evitar el traslado por avión a Margarita de la líder del Movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado.

Con la presión de la calle, Maduro y su régimen recurrirán a otros mecanismos para evitar la salida. Se entreteje el establecimiento de un grupo de países para facilitar un nuevo proceso de diálogo y negociación entre el gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional, así como para acompañar y promover la implementación oportuna de los compromisos asumidos por las partes. Por ello, Tibisay Lucena anunció las elecciones regionales.

Los países que integrarían el Grupo de Amigos, tipo Grupo de Contadora en 1983, serían Uruguay, Argentina, Chile, El Salvador y un país del Caribe. La intención es darle oxígeno a la dictadura para alargar su permanencia en el poder y desmovilizar la resistencia pacífica. Un "déjà vu" de los diálogos anteriores, porque ésta nueva iniciativa no incluye actores que buscan una solución a los problemas de Venezuela, como sí lo sería el Secretario General de la OEA, Estados Unidos o Canadá.

La solución a la convocatoria a elecciones para Constituyente en julio no debe desenfocar la resistencia pacífica para alcanzar las elecciones generales, el canal humanitario, la liberación de los presos políticos y la autonomía de los poderes. Y para ello, las acciones incluyen lo uno y lo otro hasta alcanzar la salida.

Spanish