Después del cese de la usurpación de Maduro, el gobierno de transición de Juan Guaidó enfrenta un enorme desafío: crear las bases para la reconstrucción y modernización de la economía y la infraestructura destruida en el país caribeño, por lo que el gobierno de la transición administrará el país inmerso en un escenario de desastre y emergencia nacional. De hecho, el lunes de la semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó y el presidente interino decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional, tras el caos producido por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional.

La fase de transición requerirá un mínimo de nueve meses. Será el tiempo necesario para preparar el proceso electoral presidencial, garantizando las condiciones para una elección libre, justa, competitiva, transparente y democrática, para lo cual deberá aprobar por la vía expedita las autoridades del nuevo Consejo Nacional Electoral que será el órgano rector de las elecciones y una prueba de la independencia de los poderes en la transición.

Asimismo, el gobierno de transición deberá garantizar el ingreso de la ayuda humanitaria de manera inmediata y continúa durante nueve meses, para satisfacer las necesidades urgentes de la población venezolana en materia de salud y alimentación. Para ello, se precisará de un programa coordinado por Protección Civil con la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo, las Naciones Unidas, la Cruz Roja, Caritas, la Organización Panamericana de la Salud, organizaciones no gubernamentales en Venezuela y el exterior, Grupo Polar, sectores de transporte y logística a nivel internacional (Maersk) y local, que aseguren el bienestar inmediato de la gran mayoría de venezolanos. Los recursos necesarios para la ejecución de la ayuda humanitaria estarían en un orden de magnitud de millardos de dólares ($ 5.400 millones).

Otra acción inmediata del gobierno de transición será detener la hiperinflación que destruye el poder adquisitivo de los venezolanos. Para ello, habrá de tener muy avanzadas las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo que permita la estabilización del bolívar sobre el dólar. Las reservas internacionales de Venezuela y los activos líquidos disponibles no dan maniobrabilidad al gobierno de transición para aplicar la flotación libre del bolívar frente al dólar, según la demanda en el mercado de divisas. Para este fin, se requerirá un rescate financiero inicial de 40.000 millones de dólares del FMI.

Adicionalmente, el gobierno de transición necesitará a la mayor brevedad el plan de reestructuración de la deuda externa soberana y corporativa con el fin de obtener la confianza de los mercados de capitales que serán fundamentales para el nuevo gobierno, una vez finalizada la transición. En ese sentido, la deuda acumulada pendiente por pagar alcanza 10.000 millones de dólares en febrero, y en total 125.000 millones de dólares.

Una acción inminente es la solución a la crisis del servicio eléctrico. Para ello, el plan de generación térmica con empresas internacionales deberá estar disponible en el momento del cese de la usurpación para satisfacer la demanda de las ciudades principales del país con equipos modulares de 40 mega watts, y normalizar aliviando la carga en la hidroeléctrica del Guri. Este programa tendría un costo total cercano a los 100 millones de dólares.

Durante los nueve meses del gobierno de transición, el incremento de la producción de petróleo será mínimo. Este período servirá para crear las bases de la visión contenida en el Plan País, "nueva relación entre el ciudadano, el Estado y el petróleo para poder superar la dinámica del petroestado, a través de mecanismos que permitan empoderar al venezolano en su relación con el petróleo".

Las oportunidades para recuperar barriles estarán en la producción de las empresas mixtas, mientras se inicia la reconstrucción la infraestructura petrolera. La inversión necesaria para incrementar la producción de petróleo en 175.000 barriles/día y mitigar la declinación de los pozos será de 20.000 millones de dólares en 2020. Además, el gobierno de transición tendrá que decidir sobre la cancelación de los envíos de crudo a los países en los cuales subsidia la factura y utiliza para pagar servicios, como es el caso de Cuba. También deberá revisar la mejor manera para pagar los préstamos con envíos de petróleo a China y Rusia.

Una tarea urgente del gobierno de transición será la revisión de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos a las empresas estatales petrolera y minera, Pdvsa y Minerven, con el fin de no afectar el día a día de sus operaciones.

Por último, pero no menos importante, el gobierno de transición necesitará garantizar la paz social. El control de la violencia en el país causada por organizaciones criminales, el narcotráfico y grupos paramilitares será un factor crítico de éxito para la estabilidad política, social y económica de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional y la administración de la justicia desempeñarán un papel importante en esta misión, por lo que el régimen de transición deberá evaluar la permanencia de algunos altos mandos militares institucionales, y la colaboración con las agencias de inteligencias internaciones para reducir la violencia en el país.

Las soluciones del gobierno de transición para enfrentar el caos que atraviesa Venezuela después de 20 años dejan poco margen para la improvisación, por lo que el presidente encargado deberá iniciar el día uno con un programa -ingeniería de detalle- que permite asegurar el éxito, convirtiendo los retos actuales en grandes oportunidades.

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