El Gobierno de Nicolás Maduro logró que los Organismos Regionales (UNASUR, CELAC), el Departamento de Estado de Estados Unidos y la OEA propusieran que la próxima elección de Diputados a la Asamblea Nacional fuese el mecanismo de resolución de la crisis política que atraviesa Venezuela.

El último Estudio de la Opinión Pública Nacional de Alfredo Keller y Asociados señala que de cada 10 venezolanos, 6 consideran al Gobierno de Maduro como el responsable de la difícil situación económica, social y política que vive el país.



Asimismo, el Estudio, señala que 7 de cada 10 venezolanos piensan que Nicolás Maduro no está capacitado para resolver la situación de crisis que atraviesa Venezuela.

Ante esta realidad los líderes de la Oposición, reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), consideran que el marco electoral permitiría superar el deterioro socioeconómico del país -la más alta inflación del mundo, las reiteradas devaluaciones del bolívar, la escasez de alimentos básicos y medicinas y el aumento de la inseguridad ciudadana.

Un aspecto a tomar en cuenta dentro de la crisis es la advertencia de la banca suiza, Credit Suisse, sobre Venezuela que presenta un déficit de divisas de $23.700 millones en 2015 y 15.200 millones en 2016. Un contexto que genera condiciones muy difíciles para el cumplimiento por parte del Gobierno con los compromisos de servicio de la deuda, así como con las necesidades de importación de bienes básicos para esos años. Lo que producirá un acrecentamiento de la conflictividad social e incrementará la crisis económica actual.

Sin embargo, el Gobierno de Maduro ha decidido jugarse -como lo hacia Chávez- a Rosalinda para dejar de pensar en el futuro, reduciéndose a la sobrevivencia.

La estrategia de Maduro es reforzar la creencia de que su gobierno tiene un enemigo externo y es el Gobierno imperialista de Obama. Por lo que Maduro llama a la defensa de la Patria para poder aglutinar a la base chavista en torno a su figura -menguada por la falta de soluciones a la crisis.

El motivo utilizado para justificar el discurso de "la inminente invasión del Imperio" es el Decreto Ejecutivo que dictó Obama el pasado 9 de marzo contra siete altos funcionarios del Gobierno de Maduro. Dentro del Decreto se señaló a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos. Esta razón fue la clave para que cada organización multilateral, en la que Venezuela es factor fundamental, la ALBA, CELAC, Petrocaribe y UNASUR reforzara la narrativa de la invasión y como tal solicitar a Obama la derogación de dicho Decreto Ejecutivo.

Ante las acciones del Ejecutivo estadunidense –Departamento de Estado y Departamento del Tesoro-, el Gobierno de Maduro aprovecha para imponer la agenda electoral por solicitud de terceros externos a la política nacional -que por cierto el Secretario de UNASUR devela al jugar posición adelantada y decir que las elecciones parlamentarias serán en septiembre de este año, usurpando el poder al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, Maduro arranca el proceso lectoral con la recolección de las 10 millones de firmas para el "Obama, deroga el decreto ya". El jefe de la campaña es Jorge Rodríguez, quien informó que este fin de semana "nos vamos a un cuerpo a cuerpo, casa por casa, por todos los rincones de la patria para buscar la recolección de las firmas". Hasta la fecha han capturado la información de un poco mas de 3 millones de personas que sirve para actualizar el registro electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En esta meta de firmas hay una similitud con la solicitud de Chávez en las elecciones parlamentaras de diciembre de 2005, "10 millones por el buche" que después se convirtió en el electorado meta de las elecciones presidenciales.

Cabe recordar que Jorge Rodríguez era el presidente del CNE para el período 2005 – 2006. Además según fuentes que participaron en el último proceso electoral presidencial sostienen que Rodríguez tiene una sala de totalización de votos en la sede de la Alcaldía Libertador a la que tiene sólo acceso la macolla del PSUV, Diosdado Cabello y el propio Rodríguez entre muy pocos.

El objetivo fundamental de Maduro es lograr un triunfo rotundo en las elecciones parlamentarias de este año para poder legitimar su acción de gobierno y gritar a los cuatros vientos que en Venezuela hay una real Democracia.

A pesar de las solicitudes de los Organismos Internacionales como la ONU, el Parlamento Europeo, los Gobiernos de Estados Unidos, España, Canadá, así como la Internacional Socialista, Amnistía Internacional o Human Rights Wacht de liberar a los presos políticos para reconstruir el dialogo entre la Oposición y el Gobierno y por ende rescatar la Democracia en Venezuela. De hecho, la reciente decisión de los ex-presidentes Felipe González (España) y Fernando Henrique Cardozo (Brasil) de asumir la defensa de los presos políticos venezolanos.

En la agenda electoral, tanto la Oposición como Maduro se juegan a Rosalinda.

La Oposición va a un proceso con una experiencia de 15 años, y deberá solicitar ya la activación de los mecanismos de supervisión electoral que tienen disponibles tanto la OEA y otros organismos internacionales. Porque de lo contrario, le permitirá a Maduro relegitimar su gestión de Gobierno, quien ante la crisis apela a la solución electoral para poder modificar la Constitución e instaurar el Estado Comunal.



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