El reciente estudio "Las sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela", de los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot del Centro para la Investigación Económica y Política, con sede en Washington DC, determina que 40.000 personas pudieron haber muerto en Venezuela como resultado de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde agosto de 2017, dificultando el acceso a los alimentos, medicamentos y equipos médicos a los ciudadanos comunes. Asimismo, atribuye a estas sanciones económicas la causa de la caída de la producción petrolera y de la crisis humanitaria en Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro está creando el relato de que las sanciones del gobierno de Trump a la estatal petrolera Pdvsa -bloqueo desde febrero de los activos en Estados Unidos y 11.000 millones en ventas futuras; prohibición desde mayo para realizar transacciones con Pdvsa y funcionarios sancionados; y la prohibición desde julio de la compra de crudo a Pdvsa usando el sistema financiero del dólar, y de las operaciones de Chevron, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Wheatherford- contribuyen al aumento de las muertes en los sectores más pobres y vulnerables de la población venezolana.

Además, afirman que estas sanciones encajarían en la definición de "castigo colectivo a la población civil". Es decir, que Estados Unidos, el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional están sancionando a toda la población por la usurpación de Maduro de la presidencia de Venezuela, sin que el pueblo tenga ninguna responsabilidad.

El argumento de Sachs y Weisbrot es que las sanciones de agosto de 2017, que prohíben al régimen de Maduro solicitar préstamos en los mercados financieros de Estados Unidos, bloquearon la restructuración de la deuda externa de Pdvsa porque "requería de la emisión de nuevos bonos a cambio de la deuda existente". Los bonos de Pdvsa en cuestión fueron emitidos en casas de bolsa europeas en dólares (mercado primario) para evadir los requerimientos de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en ingles).

Una deuda que ha facilitado divisas a la corrupción, las actividades ilícitas y el servicio de la deuda. Y no ha sido invertida para el desarrollo de las actividades petroleras. Por lo que establecer la causa raíz de la caída de la producción de petróleo en 2017 y 2018 a la falta del refinanciamiento de la deuda de Pdvsa es falsa.

Establecer una correlación entre la inversión y el mantenimiento con el comportamiento de la producción de petróleo es legítima; sin embargo, afirmar que el desplome de la producción de petróleo de Pdvsa en 2017-2018 fue por la falta de la restructuración de la deuda supone que los recursos disponibles iban a ser utilizados para mantener e incrementar el potencial de producción.

Comparar las curvas de producción de Colombia y Venezuela conducen a una conclusión falsa, porque el manejo de la industria petrolera en ambos países es distinto. El fin último de Ecopetrol es maximizar las utilidades a los accionistas, mientras que Pdvsa es el brazo financiero y diplomático del Estado mafioso.

A partir de esta conclusión, el reporte sustenta la tesis de que el Estado venezolano dejó de recibir ingresos en divisas por la caída de las exportaciones y por lo tanto no dispone de dólares, "8,4 mil millones", para hacer las importaciones de comida y medicinas. Además, establece que la reducción de las divisas impacta en el índice de precios de los productos, ocasionando la hiperinflación que atraviesa Venezuela -el estudio omite que Pdvsa se financia con la impresión de dinero del Banco Central de Venezuela.

Al ser Venezuela un Estado mafioso, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió, el 20 de septiembre de 2017, un "aviso a las instituciones financieras estadounidenses sobre la corrupción política generalizada en Venezuela" y solicitó"tomar medidas para descartar que los fondos y otros activos no son producto de la corrupción pública venezolana".

Esta decisión del Tesoro de Estados Unidos "ha tenido impactos negativos en la producción de petróleo, así como en la economía" afirma Francisco Rodríguez en el estudio; "porque dio lugar al cierre de las cuentas venezolanas en instituciones financieras, la pérdida de acceso al crédito y otras restricciones financieras".

El resto del reporte sigue la misma línea de racionamiento que las sanciones de enero de 2019, ejecutadas para evitar el saqueo de los activos venezolanos en el exterior por el régimen de Maduro, estrangulan las divisas (4,8 mil millones de dólares) para la importación de bienes.

Todo esto es para justificar que las sanciones tienen un impacto en la vida humana y la salud. Saca un número bajo la manga, que las 40.000 muertes de 2017 a 2018 serían atribuibles a las sanciones de 2017, utilizando la referencia de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Concluye el informe que las sanciones de Estados Unidos impuestas en 2017 y 2019 al régimen de Maduro entran en la categoría de "castigo colectivo de los civiles", catalogadas por las convenciones de La Haya y Ginebra.

Con este estudio Maduro busca evitar la aplicación de la Responsabilidad de Proteger (R2P por sus siglas en ingles), adoptada por la ONU en 2005, que aplica en el caso de Venezuela por la crisis humanitaria. Además de culpar a Estados Unidos y a Juan Guaidó del desastre en Venezuela.

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