La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció el pasado lunes, 22 de junio, que las elecciones parlamentarias se efectuarán el próximo 6 de diciembre. Dentro del anuncio señaló que "se mantendrían las mismas circunscripciones del año 2010" y que "la única variación está relacionada con los movimientos internos de la población en el país" - 504.661.000 nuevos votantes, 798.175 reubicaciones de personas que han optado por centros de votación más cercano a su casa y 406.611 actualizaciones de datos.



Con este acto, el gobierno de Maduro iniciaba la hoja de ruta para solucionar la actual crisis de gobernabilidad que atraviesa su Administración. El debate entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el alto Gobierno de si ir o no a las elecciones parlamentarias este año cedería a la gran presión ejercida por los factores de poder tanto internacionales como de la Oposición. Ya que los factores críticos de éxito para ganar estas elecciones (satisfacción de los electores con la gestión del Gobierno -bienestar social en los sectores débiles de la población, D y E - y la motivación a participar) coloca al PSUV en riesgo, medio-alto, de perder la mayoría en la Asamblea Nacional. Lo que iniciaría la salida de Maduro del Gobierno.

De acuerdo a la última encuesta (privada) de Hinterlaces, realizada en los sectores D y E de la población a nivel del país, indica que:

  • 76% siente que desde hace dos años vive peor,
  • 80% responsabiliza a Nicolás Maduro de la crisis socioeconómica,
  • 87% rechaza la gestión pública de Maduro,
  • 20%, como mínimo, es el margen de diferencia en votos a favor de la oposición.

Con este panorama inicial, la Administración de Maduro tendría que hacer malabarismos para obtener la mayoría de los diputados en las elecciones de diciembre.

Si Maduro no logra obtener ingresos adicionales de dólares bien sea por los préstamos de la banca china o los socios en las empresas mixtas -para aumentar la capacidad de producción petrolera-, la escasez de dólares seguirá y no podrá satisfacer las necesidades de importación de bienes. Y, para los próximos 5 meses los indicadores escasez de productos e inflación seguirán deteriorarse, aún más.

Los compromisos de desembolso por parte de PDVSA y la Administración de Maduro alcanzan a $ 6.389 millones para los próximos 6 meses. Adicionalmente, la estatal petrolera debe cancelar en lo que resta del año $ 1.600 millones a Exxon Mobil, por el reciente dictamen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).



Para cumplir con estos compromisos Maduro seguirá quemando activos. El último fue la participación que PDVSA tenía en la refinería Chalmette, ubicada en el estado de Luisiana Estados Unidos. Mientras tanto, apuesta al incremento del precio de petróleo de la cesta venezolana a los niveles del primer semestre del año pasado. Una realidad de precios difícil de alcanzar en los próximos 2 años.



Además, el pronto acuerdo sobre el programa nuclear iraní entre las Administraciones de Obama y Rouhaní permitirá incrementar la oferta de crudo de Irán entre 500 mil a 1 millón de barriles. Por lo que el precio del barril de petróleo tendrá una tendencia a la baja -si no ocurre un evento extraordinario como una confrontación directa entre Irán y Arabia Saudita.

Con este difícil horizonte Maduro apela en esta etapa inicial, al patriotismo para que el pueblo olvide lo difícil que es la vida cotidiana en el país. Y, en consecuencia crea hipótesis de guerra externa con Guayana (en aguas del Esequibo) y Colombia (aguas territoriales en el Golfo de Venezuela).

La primera zona de conflicto es con la estadunidense Exxon Mobil que está buscando crudo a 120 kilómetros de la costa del Esequibo con la autorización del gobierno de Guyana. Maduro sabe que no puede atacar directamente a Donald Ramotar, porque Guyana cuenta con el apoyo de los países del Comunidad del Caribe (CARICOM). Si lleva la situación a un extremo podría perder los 11 votos que el CARICOM tiene en la OEA, terminando con la geopolítica del petróleo de Caracas con Petrocaribe.

Con Colombia la estrategia es diferente y frontal. A tal punto que produce el decreto 1787, Zona de Defensa Marítima e Insular (Zodimain), saltándose a la torera el protocolo de resolución de conflictos entre los gobiernos de Venezuela y Colombia en la zona de reclamación.

Es vox populi que las Fuerzas Armadas en estos momentos no están en las mejores condiciones para afrontar una situación beligerante con los dos países vecinos. Por lo que la intención real es distraer la atención del pueblo de las largas colas en los supermercados, el precio escandaloso de los alimentos, medicinas, repuestos y servicios y deterioro de los servicios públicos.

Para el gobierno de Maduro la fecha de las elecciones parlamentarias que conduce a la agenda electoral es un medio para comprar tiempo, ante la crisis de gobernabilidad y humanitaria que atraviesa Venezuela. Para los factores de Oposición esta agenda es otra más, que le permite mostrar la verdadera naturaleza facha y delincuente del Poder Publico Nacional. Además, de la solidaridad con los sectores débiles de la sociedad a través de las luchas sociales.

Los anuncios de Tibisay Lucena, el cronograma electoral del 6 de diciembre y el reglamento que obliga a la paridad de géneros entre las postulaciones electorales en Venezuela, están enmarcados dentro de la estrategia de comprar tiempo por la alianza Maduro-Cabello (gobierno-partido) (el primero) y de crear grados de dificultad de participación a la Oposición (el segundo).

La agenda electoral apenas inicia y todavía hay mucha tela por cortar. Por ahora, Maduro busca salir del atolladero con las elecciones de diciembre.



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