Las declaraciones recientes de Nicolás Maduro de que conformó un "equipo secreto" contra la corrupción, "caiga quien caiga", tienden a resaltar el hecho de que cada vez es más evidente la necesidad de huir hacia delante ante la crisis política, económica y social que vive Venezuela.

Los regímenes en los que los gobernantes monopolizan el poder y tratan al Estado como su propio patrimonio son sucedidos por una nueva elite que practica de forma similar la asignación -comisión, mordida, coima, ayuda- de los recursos públicos basada en el clientelismo, el nepotismo y el intercambio de favores políticos.

En éstas sociedades que a pesar de tener elecciones, con la participación de distintos partidos políticos, la ética como valor universal no logra afianzarse como la regla principal del juego democrático, y los ganadores del proceso político, a su vez, tratan al Estado como la principal fuente del botín, alimentándose de los recursos públicos que se desvían hacia sus clientes.

Bajo estos regímenes la asignación de los recursos públicos es particular y desleal; la búsqueda de coimas es común y la aplicación de la justicia es parcial en el mejor de los casos (aquellos que detentan el poder están por encima de la ley), y el Estado es percibido como un instrumento de extorsión de las mayorías y de enriquecimiento de unos pocos.

En Venezuela los catorce años de Socialismo de Siglo XXI han permitido exponer éstas manifestaciones dando origen a lo que se conoce como la boliburguesía y el estado revolucionario. Su desarrollo fue amparado por el líder máximo de "la revolución".

Los procesos de democratización en el mundo -los últimos cincuenta años- han permitido alcanzar la fase de una sociedad con elecciones libres; sin embargo, el siguiente paso, contar con un sistema de gobernabilidad justo, ha sido difícil, poco estudiado y lejos de comprender su dinámica.

De acuerdo a los Indicadores de Gobernabilidad a nivel Mundial (WGI), diseñados y desarrollados por el Grupo del Banco Mundial, Venezuela se encuentra en los últimos percentiles en los seis indicadores (Voz y Rendición de Cuentas, Estabilidad política /Ausencia de violencia, Efectividad del Gobierno, Calidad Regulatoria, Estado de Derecho y Control de la Corrupción).

Fuente: http://info.worldbank.org

Las sociedades integradas por instituciones que obedecen a la voz de mando presidencial difícilmente alcanzan un sistema de gobernabilidad justo, ya que no logran imponer normativas sobre el comportamiento depredador de la élite que resultaría de la asignación de los recursos públicos sobre la base de principios éticos universales. Esto incluye la igualdad ante la ley y el trato imparcial de todos los ciudadanos por parte del gobierno.

Una solución típica adoptada por estos gobiernos es la creación de un "cuerpo o comisionado" para luchar contra la corrupción. Así los programas anticorrupción son dirigidos por estos cuerpos (ministerios, organismos de control y los organismos de lucha contra la corrupción), que suponen estar moralmente por encima de la corrupción.

Sin embargo, los que tienen el mayor poder discrecional también tienen la mayor cantidad de oportunidades de actuar corruptamente, al colocar funcionarios gubernamentales de alto nivel y/o legisladores en la mejor posición para manipular los organismos anticorrupción o para influir en la política y la legislación en favor de determinados grupos de interés. En consecuencia, muchas de las veces, estos comisionados pueden servir como el patrón o guardián de la corrupción, si no es el actual capo di tutti capi.

Al evaluar el performance de los indicadores del Estado de Derecho (igualdad ante la ley) y el Control de la Corrupción durante el periodo 2003 – 2011, Venezuela está ubicada no sólo en el último percentil de la escala si no también muy por debajo del promedio de la Región de acuerdo al reporte del Grupo del Banco Mundial.

Fuente: http://info.worldbank.org

Ahora bien, los indicadores muestran que no ha habido una mejora en el control de la corrupción en Venezuela y que más bien se ha mantenido a partir del 2008, a pesar de los anuncios en el 2010 de encarcelar banqueros y altos funcionarios acusados de corrupción. El argumento utilizado fue los informes de los expedientes secretos de los hombres de negocios por agentes de inteligencia de Cuba, que mantenían una lucha por el poder en los más altos niveles de gobierno. Ésta acción conlleva a la caída de algunos de los magnates pro-gubernamentales del chavismo, entre otros Arné Chacón y Ricardo Fernández Barrueco.

En 2001 el Banco Mundial dedicó un informe completo sobre el desarrollo mundial para el empoderamiento de la sociedad civil y sus individuos, y más tarde propuso el concepto de responsabilidad social, y en 2002 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo creó el Centro de Gobernabilidad de Oslo para fortalecer la formación de la sociedad civil y abrir la discusión de conceptos como capital social y cultura cívica.

Los estudios sobre el capital social y la cultura cívica han identificado cuatro componentes distintos de normativas que limitan la acción de los que utilizan el poder para su beneficio económico-social:

1. Los Valores - Una norma social dominante de universalismo ético basado en los valores como la justicia y la honestidad;
2. El Capital Social - Un hábito generalizado de la participación en la acción formal o informal en torno a intereses comunes, propósitos y valores;
3. La Sociedad Civil - Una extensa red de asociaciones voluntarias, (incluidas las ONGs, las asociaciones profesionales y los sindicatos, los grupos religioso y estudiantiles, etc.); y
4. La Cultura Civil – La participación continúa de la ciudadanía y la participación política de las personas, por ejemplo a través de los medios de comunicación o los movimientos sociales.

La evidencia muestra que los cuatro elementos son necesarios y son suficientes para el desarrollo de las normativas capaces de garantizar una gobernabilidad exitosa y sostenible en el tiempo. Así mismo, parece que para que la ética se convierta en una institución más que una mera ideología de la Ilustración es necesario:

1. que una parte significativa de la sociedad comparta la creencia en la superioridad de la ética universal sobre el individualismo como forma de gobierno, y
2. que suficientes personas también estén dispuestas a actuar en esa creencia para que sea una realidad. No necesariamente se requiere la mayoría absoluta, si no más bien la mayoría de la opinión pública activa, que incluye una facción de la élite.

Entre los factores que permiten la implantación de normativas que restrinjan el desarrollo de la corrupción se encuentran la libertad de prensa, las organizaciones de la sociedad civil y el acceso fácil a la conexión de internet. En Venezuela estos factores -durante los últimos catorce años- el gobierno los ha mediatizado llevándolos a la mínima expresión. De acuerdo con el informe de Freedom House el índice de libertad de prensa se ubica en el estatus de Not Free, ubicándose en le penúltimo lugar en las Américas.

Por lo tanto, el anuncio de Maduro el jueves 25 de Julio de crear un "equipo secreto" para luchar contra la corrupción permitiría asumir que apuntan a una purga interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a través de expedientes elaborados por el servicio de inteligencia de Cuba a la facción liderizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Disodado Cabello.

Hoy han sido los Mardos, Oteros, condenados por la justicia revolucionaria, justificando acciones que violan los componentes que limitan la acción de los que utilizan el poder, así mismo mañana podrían ser los Cabellos.

Mantener el curso de las acciones podría desembocar en una cacería de "brujas" sin precedentes y con resultados inesperados por el "secreto".

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