El embargo por parte de la petrolera americana ConocoPhillips -en cumplimiento de un laudo arbitral de 2.040 millones de dólares por la nacionalización de sus proyectos en Venezuela en 2007- de activos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en las islas del Caribe, pone al régimen de Nicolás Maduro contra las cuerdas. La indisponibilidad de los patios de tanques en Bonaire y San Eustaquio para mezclar los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco con diluyentes importados afecta el proceso aguas arriba, obligando [PDVSA] la paralización de la producción petrolera.

Además, ConocoPhillips abrió la puerta para que todo aquel que tiene cuentas por cobrar a PDVSA utilice la misma modalidad, el embargo de sus activos, por lo que el régimen de Maduro pierde una pieza clave de su estrategia política-económica.

Maduro está metido en un callejón sin salida. Si paga de contado el monto de la sentencia para salir del embargo de ConocoPhillips, PDVSA tiene a los acreedores haciendo cola para cobrar. Sólo en intereses y capital de los bonos de PDVSA vencidos hasta la fecha, la deuda asciende a 2.843 millones de dólares. Por otro lado, si no le cancela a ConocoPhillips, PDVSA tiene que cerrar producción, afectando las exportaciones de petróleo a India y China. Al igual que impacta los envíos de crudo a las refinerías americanas del Golfo, porque estarán amenazados por embargos. Lo que hará inminente el colapso económico de Venezuela. Una situación que favorecería la fractura del régimen, porque no habrá suficiente renta petrolera que distribuir entre los secuaces de Maduro.

Esta situación introduce un riesgo a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. El régimen tendrá poca maniobrabilidad ante el descontento de la población, producido por la difícil situación económica del país. Maduro sabe que necesita ganar tiempo para conseguir una posible solución de la crisis económica. Apuesta al aumento del precio de petróleo para volver a disponer de los recursos de la renta petrolera, por lo que trata de llegar al 2019, cuando se estima que el barril de petróleo Brent estará en 100 dólares.

Héctor Schamis afirmó, en su columna de El País, que Maduro formará gobierno con Henry Falcón y algunos miembros de su equipo (Francisco Rodríguez) después del 20-M. Será anunciado ante la comunidad internacional como un gran acuerdo político, un gran "gobierno de reconciliación y unidad nacional", buscando obtener la legitimidad de origen que adolece el simulacro de elección del 20-M. Según Schamis este acuerdo habría sido acabado por el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta estrategia, "un gobierno de reconciliación y unidad nacional", le daría al régimen de Maduro el tiempo necesario para mantener el poder, porque la reconciliación incluiría la restitución de los derechos civiles y políticos de varios dirigentes de la oposición -los que acepten el "nuevo gobierno".

Además, si Francisco Rodríguez, jefe del programa de gobierno de Falcón y economista jefe del banco de inversión neoyorkino Torino Capital, ocupara la cartera de finanzas de la nueva administración de Maduro, permitirá oxigenar al régimen de Maduro ante la banca internacional y el mercado de capitales.

Uno de los factores críticos de éxito para alcanzar este "nuevo gobierno" es el sector militar que manda hoy con Maduro. Otro factor es el mantenimiento del "status quo" de las relaciones entre Venezuela y Cuba -incluye la compra de hidrocarburos en el mercado abierto para el envío a la isla.

La solución del "nuevo gobierno", Maduro-Falcón, para resolver supuestamente la crisis de gobernabilidad en Venezuela, busca la división de los partidos mayoritarios de la oposición: Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción de Democrática, Un Nuevo Tiempo, Vente Venezuela, Soy Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Causa R, Convergencia, Movimiento Progresivos, entre otros, por lo que la oposición debe actuar preventivamente, desplegando acciones efectivas que fortalezcan el plan para la salida del régimen de Maduro.

Por ahora, el embargo de ConocoPhillips a los activos de PDVSA representa el mayor riesgo para la estabilidad de Maduro. Después del 20-M, las nuevas sanciones económicas e individuales de la comunidad internacional elevarán aún más su costo de oportunidad para el ejercicio del poder legítimamente.

Por lo tanto, Maduro buscará la supervivencia en el poder con "un gobierno de reconciliación y unidad nacional", para evitar que las sanciones de la comunidad internacional y el embargo a PDVSA lo saquen del poder.

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