El régimen de Nicolás Maduro necesita divisas de fuentes legítimas para mantener el funcionamiento de la corporación criminal instalada en Miraflores. A tal fin, dolarizó la economía. En otras palabras, sentenció a muerte el bolívar fuerte, soberano, digital… póngale el nombre que quiera, pero ya son prácticamente nulas las operaciones que se realizan en la moneda nacional.

La dolarización le permitió al régimen de Maduro eliminar “un elemento de incertidumbre en la economía al suprimir el problema que era determinar la depreciación del bolívar”, dijo la economista Tamara Herrera.

Las divisas que circulan en la actualidad provienen de las siguientes fuentes: la extracción ilegal de minerales diversos ─operada por ELN como el principal socio y capataz─; el contrabando de combustibles, maderas y especies exóticas; las operaciones del narcotráfico de la cocaína, marihuana y heroína; la venta ilegal de petróleo en aguas internacionales; y la corrupción. El régimen de Maduro necesita lavar alrededor de 12.000 millones de dólares anualmente.

En la actualidad, estas actividades ilícitas son blanqueadas fundamentalmente por las divisas causadas por las remesas que estarían en el orden de los 6.000 millones de dólares.

Para satisfacer la demanda del lavado de dinero, la corporación criminal transnacional que recibe órdenes del cabellomadurismo necesita los dólares provenientes de las exportaciones de petróleo y productos refinados que en el pasado representaban 96% de las divisas que ingresaban al país.

Pero las sanciones estadounidenses a Pdvsa son la barrera para alcanzar este fin. Impiden a terceros hacer negocios con la estatal petrolera venezolana. Se necesita de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con la empresa. Y eso es lo que buscan desesperadamente Maduro y compañía, una flexibilización de las sanciones que les cerraron el chorro de dólares que hasta entonces les había permitido operar a su antojo.

La presión para lograrlo es alta. Son varias las empresas petroleras que desean comercializar crudo venezolano ─márgenes de utilidad por ser un crudo sancionado─ y a través de firmas de cabildeo en Washington buscan obtener esa tan preciada licencia.

Hace dos días, Reuters informó que “el gobierno de Biden está considerando una propuesta de Chevron Corp. para permitir que la empresa petrolera estadounidense comercie con cargamentos de petróleo venezolano para recuperar la deuda impagada”. Porque su licencia, que se vence el 1 de junio de 2022, solo le permite el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o la liquidación de estas.

De dar la “buena pro” la administración Biden a esta supuesta solicitud, le estaría proporcionando “un tanque de oxígeno” al régimen de Maduro para seguir ocultando las fuentes de ganancias de las actividades ilegales. Porque detrás de Chevron vendrían el resto de las empresas petroleras que tienen interés en mercadear el petróleo venezolano: la española Repsol, la india Reliance, la italiana ENI, entre otras.

Si otorgase la OFAC la licencia para comercializar crudo venezolano en 2022, la corporación criminal transnacional tendría ingresos lícitos en un orden superior a los 4.300 millones de dólares recibidos por las exportaciones petroleras sancionadas (482.000 barriles/día – promedio año) en 2021.

En mayo de 2013, Chevron otorgó 2.000 millones de dólares a Pdvsa para la empresa mixta Petroboscán. En aquel entonces, John Watson, presidente y CEO de la compañía estadounidense, declaró al diario ABC de España que ese préstamo a la estatal petrolera venezolana fue “diseñado para facilitar la repatriación de fondos (utilidad) y la continuación de la actividad en el campo Boscán”.

La ingeniería financiera montada por Chevron fue copiada por las empresas petroleras china, rusa, española y de servicios como Halliburton, generando una línea de crédito que alcanzó un monto global de alrededor de 10.000 millones de dólares.

Nueve años después, esos dólares terminaron blanqueando capitales porque lo que se refiere a incrementar la producción de petróleo no sucedió. Pasó de 2,3 millones de barriles por día en 2013 a un poco más de 500.000 barriles por día, según las fuentes secundarias de la OPEP. Es decir, las divisas entregadas a la corporación criminal transnacional sirvieron de “tanque de oxígeno” para lavar los capitales de la economía subterránea.

Es más, la maniobra de Pdvsa fue tan maquiavélica que Halliburton, el 23 de abril de 2018, dedujo de sus cuentas por cobrar la inversión restante de 312 millones de dólares en Venezuela, debido a que la petrolera desde hace varios años no pagaba sus adeudos con las empresas que mantenían y operaban sus pozos de petróleo y gas. Schlumberger, otra compañía de taladros, también lo haría un año antes. Contabilizó una deducción antes de impuestos de 938 millones de dólares.

Así encontramos que son gobernadores, alcaldes y miembros de la Fuerza Armada los que participan en el negocio ilícito de la corporación criminal. Es el medio que hallaron para sobrevivir a la dolarización. Son estos funcionarios supuestamente elegidos por el pueblo y los militares que deben servir a la nación los que controlan actividades asociadas al narcotráfico y contrabando de combustibles. En el Zulia, por ejemplo, el exgobernador Omar Prieto manejaba el negocio de la gasolina.

Ante posibles nuevos actores locales ─después de las elecciones del 21N─, la organización criminal de Miraflores tiene la necesidad de asegurar el control de los flujos de divisas provenientes de la economía ilegal. El régimen de Maduro entonces activó dos operaciones: Mano de Hierro y Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia).

La primera es para desplazar los miembros de las bandas criminales desleales al madurismo dentro del territorio nacional, utilizando la Policía Nacional Bolivariana. Ha logrado la detención de diputados a la Asamblea Nacional oficialista de 2020, alcaldes y militares que estarían involucrados en el narcotráfico y tráfico de combustibles. Y la segunda es para quitarle el negocio de la droga a las disidencias de las FARC, Frente Décimo y otros, en la frontera colombo-venezolano, entre el Departamento de Arauca y el estado Apure. Las fuerzas que buscan desplazarlos del negocio ilícito están integradas por la FANB (Cartel de los Laureles), el ELN y la Segunda Marquetalia, según el reciente comunicado de la FARC-EP.

Otra acción que demuestra la necesidad de controlar el flujo de divisas es el impuesto a las transacciones en dólares, sin afectar las remesas que se utilizan para el lavado de una parte del dinero de las actividades ilícitas.

Así que, reiteramos, la cúpula que opera desde Miraflores requiere disponer de dólares provenientes de las exportaciones de petróleo para asegurar el blanqueo de capitales. Por ello, propone que las compañías socias en las empresas mixtas comercialicen el crudo venezolano “para pagarles la deuda causada por las utilidades y préstamos que mantiene Pdvsa”.

La administración Biden no debería caer de nuevo en la trampa del cobro de la deuda como ocurrió en 2013. Si ocurriese, otorgando la licencia a Chevron, le daría un “tanque de oxígeno” a la corporación criminal de Miraflores.

Mientras tanto, hay que ver hasta dónde llega la “guerra interna” entre bandas que buscan apoderarse de las divisas que mantiene la dolarización de la economía. Porque Maduro no tiene suficientes divisas lícitas para su organización criminal.

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