Van sesenta días desde que los estudiantes irrumpieron y tomaron la calle porque rechazan el proyecto país propuesto en el "Plan de la Patria" de Maduro, que encubre la promoción de un sistema de gobierno autoritario, en el cual se restringe las libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión y persigue la implantación de un Estado comunal. Adicionalmente, hay una falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; se ataca la propiedad privada destruyendo la producción nacional, que ha conducido a que hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos y servicios.

Los datos del muestran un aumento acelerado de la protesta, alcanzando un promedio diario de 47, para el primer trimestre de este año.

Ante esta situación el Gobierno de Maduro y sus asesores externos optan por la represión de la protesta. Piensan que es una manifestación más de la clase media y no que son exigencias de una sociedad al derecho a la seguridad ciudadana -altos índices de criminalidad y violencia-; al rechazo a la escasez de alimentos, a la crisis en hospitales, a la garantía del derecho a la vida, a la libertad e integridad personal, a la libertad de expresión y a la participación política.

El resultado, para el Gobierno, al llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias son: 35 personas fallecidas, 5.285 heridas y 2.682 detenidas hasta el mes de marzo, según la documentación del OVCS.

Todo esta represión ocurre frente a unos Poderes Públicos que "se hacen de la vista gorda" ante el uso desproporcionado y excesivo de la fuerzas públicas nacionales (Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana). Además, los manifestantes han sido agredidos por grupos paramilitares armados pro-gobierno, que actúan con permisividad y en coordinación con funcionarios del Estado. Colocando al régimen de Maduro como un gobierno represivo, y autoritario por el desarrollo de prácticas anti-democráticas para el control del orden público. Dentro de la escalada represiva son privados de libertad los Alcaldes de las ciudades de San Cristóbal (Daniel Ceballos), y San Diego (Enzo Scarano), y removida de su condición de diputada a María Corina Machado, -ya Leopoldo López máximo dirigente del partido Voluntad Popular se encontraba tras las rejas.

Ante estas situaciones la Comunidad Internacional condena la violación de Derechos Humanos (DDHH) acaecida en Venezuela y el gobierno de Estados Unidos (Poder Legislativo y Ejecutivo) decide imponer sanciones especificas a personeros del régimen de Maduro involucrados en la represión a las manifestaciones que van desde visados hasta la congelación de activos.

Por su puesto, el Gobierno de Maduro apela a la estructura de soporte internacional creada para asegurar la permanencia en el poder del régimen - arquitectura desarrollada por Chávez luego de su caída en el 2002.

UNASUR sería el espacio natural para asegurar la legitimidad de Maduro, porque en el foro de la OEA participarían gobiernos que podrían cuestionar las prácticas represivas y Venezuela no tendría el control absoluto de una resolución favorable a su estatus democrático. De hecho Panamá cedió su silla para que la opositora María Corina Machado presentara las violaciones de DDHH ante el Consejo Permanente del organismo.

Así, Venezuela le pide a UNASUR el apoyo para que visiten el país los días 23 y 24 de Marzo y validen el desempeño del orden democrático. Después de sostener reuniones con las fuerzas políticas y los sectores sociales, propone un diálogo entre el Gobierno y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para su siguiente visita el 7-8 de Abril. El objetivo es que las partes en conflicto encuentren una agenda común para solucionar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país.

Ante esta situación, los países de UNASUR (Colombia y Brasil) solicitan a Estados Unidos posponer las sanciones. Propuesta acogida y el Senado de Estados Unidos difiere la ley sancionatoria.

Y así, el jueves pasado el Gobierno va al dialogo con la MUD con la presencia de los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil y el Nuncio Apostólico. La agenda del oficialismo era "decirse unas cuantas verdades" y de la oposición también.

En un país donde existe una censura a los medios de radio y televisión, el hecho que la reunión se transmitiera en cadena nacional introduciría un elemento mediático. Para la oposición (MUD) significaba exponer sus puntos de vista ante una audiencia que le ha sido negada durante los últimos 15 años.

Fue una noche (6 horas) donde los exponentes de cada bando hacían la mejor gala de esgrima, en la que la MUD atacaba y el Gobierno se defendía, pidiendo reconocimiento en su origen democrático y de gestión –con problemas de estructuras-, y que es mayoría y por lo tanto "deben calársela".

Intervinieron 10 negociadores de la MUD y 7 del Gobierno. Cilia Flores (primera dama) y Yul Jabour (diputado del Partido Comunista) no salieron al ruedo, o bien, por lo largo de la jornada o porque veían que el show mediático no les favorecía. Los delegados opositores proyectaban una imagen de un mayor concierto en sus enfoques y temas.

A la final de este show, el Gobierno trato de lavarse la cara ante la comunidad internacional como un gobierno democrático y ganó tiempo para esperar "mejores momentos para la economía". Buscó dejar descabezada a la oposición sentándose con quienes carecen de la representación de las protestas y desacreditar a los lideres de las manifestaciones y el movimiento estudiantil. Para la MUD fue una buena puesta en escena con un alto costo, porque sus negociadores no controlan la calle y como tal su capital político se reduce. Corriendo el riesgo del derrumbe de la unidad opositora como tal.

Para los facilitadores, en el caso de Brasil un papel muy difícil porque sus pupilos (el gobierno) "dejaron mucho que desear", ante un "debate" que fue trasmitido por CNN en español para toda Latinoamérica, la intolerancia, arrogancia, e insinceridad de quien detenta el poder -"Lula da Silva recomendó este martes a Nicolás Maduro, convocar a un Gobierno de coalición para reducir la tensión política entre oficialistas y opositores".

Para la Administración de Obama y el Congreso de Estados Unidos se toma el tiempo para ver el desgaste de la iniciativa de UNASUR y luego aplicar su liderazgo mundial.

Para el movimiento estudiantil fue reafirmar que están frente a un gobierno que no representa una solución a sus demandas y que la "pelea es pelando", sin aflojar la presión de la protesta pacífica.

El próximo encuentro entre el Gobierno y la MUD será el próximo martes santo, supuestamente sin cámara de televisión, donde se podrá conocer si Maduro y sus compañeros están dispuesto a tener un diálogo sincero, donde las pre-condiciones del movimiento estudiantil hayan tenido lugar como una señal necesaria de rectificación, con una agenda previa y en condiciones de igualdad, y con acciones concretas, evaluables en el tiempo.

De no ser así, es sólo un diálogo de sordos auspiciado por UNASUR y con la presencia de la Iglesia Católica (prestigio del Papa).

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