Ya el madurismo ha dejado en claro cuáles son sus verdaderas intenciones con la negociación en México. Por una parte, acceder a los recursos internacionales que se encuentran bloqueados por las sanciones sectoriales que le impuso al régimen la administración Trump-Biden y, por la otra, la recuperación de la legitimidad ante el resto del mundo y la convivencia política con la mayoría de los dirigentes/partidos que integran el G-4. Así que pongamos los pies en la tierra y desechemos la idea de unas elecciones presidenciales transparentes y supervisadas. Eso nunca ha estado sobre el tablero... ni va a estar.

La maniobra con los partidos de “la Mesita” y “los alacranes” no rindió los efectos esperados para acceder a los fondos bloqueados en el exterior ni a las transacciones requeridas para reactivar la producción de petróleo –la exportación de hidrocarburos representaba 97% de las divisas que ingresaban al país–.

Por lo tanto, necesitan utilizar la propia institucionalidad que representa Juan Guaidó como presidente interino, que en el terreno del diálogo accedieron llamar Plataforma Unitaria, para transformar su figura de régimen de facto y tener acceso inmediato a más de 6.150 millones de dólares en efectivo.

Para ello, la delegación de la oposición facilitaría las decisiones ante las autoridades en los países correspondientes para liberar estos fondos. Y, en cuanto a las sanciones económicas, abogarían por esquemas que permitan de nuevo la participación de compañías petroleras internacionales en la explotación de los yacimientos y comercialización del crudo venezolano. Esto permitiría al sucesor de Hugo Chávez obtener un ingreso neto adicional de 8.000 millones de dólares en 2022 –con un precio del barril WTI promedio año de 85 dólares y una exportación anual media de 675.000 barriles al día, según los escenarios de Bank of America, Goldman Sachs e Inter American Trends–.

Sin los recursos inmediatos en 2021 ni el arranque del sector petrolero en 2022 no es viable lo que algunos en Venezuela llaman la “normalización” del país.

Freddy Guevara, Stalin González y Gerardo Blyde lo han definido como un proceso, un pacto de convivencia con el madurismo, haciendo a un lado el Estado de derecho y la Carta Democrática Interamericana.

El modelo de la normalización venezolana acepta vivir con un régimen que “sigue permitiendo la impunidad” en casos de violaciones de los derechos humanos, según el reciente informe de la Misión internacional de determinación de los hechos de la ONU.

González fue más allá al afirmar: “No estamos planteando a Maduro una renuncia para mañana. Pero el régimen tampoco puede pretender quedarse ahí toda la vida. Nosotros tenemos derecho de llegar al poder, de disputarlo”.

Esta clase política responde a una nueva ética y a la élite económica del país, Fedecámaras.

La nueva ética plantea que la acción política es realizar acciones humanitarias, repartir sopa en los barrios, sin confrontar la corrupción y violación de los derechos humanos. En el caso empresarial es dejar que el régimen sea lo que sea, mientras permita hacer negocios con sus representantes o aliados.

Por ello son importantes las elecciones del 21 de noviembre. Permite la normalización política que facilitará los negocios con el madurismo, hasta que la clase política de la Plataforma Unitaria “llegue al poder” algún día.

Algo parecido ocurrió en 2014. En febrero ocurrieron protestas encabezadas por la oposición y estudiantes que buscaban la salida de Maduro. El oficialismo las reprimió: arrestó a más de 500 manifestantes, causó 41 muertes y provocó heridas a otras 785 personas en el país, según la Fiscalía General. Entonces, los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos propusieron una ley para colocar sanciones individuales a los violadores de derechos humanos del régimen que controla el poder en Venezuela.

La situación se tornó difícil entre el Legislativo y el Ejecutivo estadounidense porque la administración Obama daba “señales contradictorias” al dejar de imponer las sanciones.

Para aclarar este hecho fue interpelada la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en mayo de ese año. Dijo: “Nos han pedido no trabajar en ellas en este momento”. Luego de repreguntar varias veces el senador republicano Marco Rubio de quién o quiénes de la oposición le solicitaban esto, Jacobson respondió: la MUD. Porque había que apoyar el diálogo sin sanciones, facilitado por Unasur entre el oficialismo y la oposición.

Dos meses más tarde, Ramón Guillermo Aveledo renunció –después de un lustro– a la Secretaría Ejecutiva de la MUD, debido a “una campaña en contra de su credibilidad”.

Lo cierto fue que él era uno de los que hablaban con el Departamento de Estado para frenar las sanciones. El otro que dimitió fue Ramón José Medina, como secretario adjunto de la MUD.

En ese entonces, las conexiones de una parte del sector bancario con la MUD hacían que se buscase un entendimiento con el régimen de Maduro. Por ello, la oposición reconocida por Estados Unidos fue la que persuadió a la administración Obama del diferimiento de las sanciones en el primer semestre de 2014.

En México, el madurismo busca de nuevo que la clase política de la Plataforma Unitaria le permita el acceso a los recursos internacionales disponibles en organismos multilaterales. Asimismo, que sirva de blanqueo al sistema judicial venezolano con su reinstitucionalización para ver si pueden influir en la apertura de la investigación por los crímenes de lesa humanidad en La Haya. Además, le permitirá conseguir la flexibilización de las sanciones económicas con las elecciones de noviembre.

Los gobernadores y alcaldes electos con la tarjeta de la MUD junto a los negociadores en México pedirán el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al país porque agravan la crisis de servicios, comida y medicamentos. Últimamente, solicitado por Michelle Bachelet en la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos.

En consecuencia, la convivencia con el madurismo entrará en una nueva etapa de distribución del poder en el que “cada uno ejerce su propia ley en un equilibrio inestable y altamente sensible”. Será la nueva Venezuela criminal en la que se seguirá postergando la democracia y el Estado de derecho.

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