Hace un año el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer la propuesta más emblemática y controvertida de su gobierno: una iniciativa para reformar la Constitución y abrir el sector energético a la inversión privada nacional y extranjera. Un cambio en el marco jurídico vigente de 180 grados desde la expropiación petrolera en 1938. Contó con la alianza en el Congreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) para el proyecto país -Pacto por México. Lo que les ha permitido repensar el tipo de sociedad a la que aspiran, a partir de las experiencias de gobierno del PRI-PAN, de la realidad global, de la propia lucha y de sus alternativas positivas y negativas.

El lunes pasado, Peña Nieto promulgó las leyes secundarias que permiten crear el marco jurídico necesario para iniciar la instrumentación de la reforma energética. En ese acto dijo "Esta nueva legislación representa un cambio histórico que acelerará el crecimiento económico y el desarrollo de México". Y agregó que , "Los cimientos están puestos, aprovechemos esta nueva e histórica plataforma".

Luego de 76 años de tener el petróleo, gas y electricidad aislados, como monopolio estatal, el sector energético se abre a una nueva realidad que incluye prácticas, tecnologías y capital. Disponibles, hoy, en las empresas líderes del sector, en un mundo interconectado y competitivo.

Ahora, el Estado podrá iniciar licitaciones para particulares interesados en explorar y explotar hidrocarburos en suelo mexicano, y empezarán a correr los plazos para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conviertan en empresas estatales productivas que compitan con las compañías privadas que llegarán al país.

La discusión en Latinoamérica sobre la apertura del sector energético al capital privado ha tenido el estigma de ser una actividad estratégica para la nación. Por lo cual algunos autores y lideres políticos de la región esgrimen que debe estar en manos del Estado dicha actividad, sobretodo la petrolera por ser un recurso estratégico de la nación.

La cuestión no está en la propiedad sobre el recurso natural si no en el grado de autonomía de la que disponen las compañías nacionales de petróleo (CNP) al momento de tomar decisiones de negocio, tanto a nivel estratégico como operacional.

En la presentación que hiciera Pemex en la Conferencia de Energía de la EIA, el pasado mes de julio, incluye una gráfica que muestra la posición de las estatales petroleras o CNP con respecto a la autonomía que tienen en las decisiones estratégicas y operacionales para el manejo de la industria.

Las estatales Pemex y PdVSA se encuentran en la región del gráfico que presenta un nivel bajo de autonomía para tomar decisiones estratégicas y operacionales. Mientras que Ecopetrol y Petrobras están entre las estatales con una alta autonomía en las decisiones, sobre el negocio petrolero.

Lo que ocurrió con Ecopetrol y Petrobras fue que los Estados, colombiano y brasileño, abrieron el sector energético al capital privado en el 2003 y 1995 respectivamente.

El presidente Álvaro Uribe Vélez promulgaría las reformas (2003) para afrontar la caída de las reservas y producción (33%) de hidrocarburos en Colombia desde 1998. Así como transfirió las funciones administrativas y reglamentarias de la industria de los hidrocarburos, de Ecopetrol a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para que regulara todas las actividades de exploración y producción (E&P). Mientras que el Ministerio de Minas y Energía administraría la política y la planificación general del sector, y también regularía la industria aguas abajo.

Adicionalmente, el gobierno de Colombia ha tomado una serie de medidas para que el clima de inversión sea más atractivo para las compañías petroleras extranjeras. Dentro de las iniciativas se encuentra que en el sector de E&P, las empresas petroleras extranjeras tienen el derecho a poseer el 100% de participación en negocios de petróleo y así competir con la estatal Ecopetrol. Además, el Gobierno ha vendido un 10% de las acciones de Ecopetrol a inversionistas privados (nacionales y extranjeros) a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

Todas estas reformas han inducido un renovado interés en el sector aguas arriba de Colombia, con niveles récord de perforación exploratoria y de desarrollo actualmente. De acuerdo con el Banco Central de Colombia, el sector petrolero recibió el 29,3% de la inversión total extranjera directa (IED) en el 2013.

En el caso de Brasil, la estatal Petrobras tenía el monopolio de las actividades relacionadas con el petróleo hasta finales de 1995. Cuando el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso realizó la apertura económica del sector petrolero, factor que permitió impulsar la competencia energética y modernizar la industria petrolera nacional.

La reforma constitucional permite la contratación de empresas privadas para las actividades de E&P, refinación de petróleo nacional o importado e importación, exportación y transporte de petróleo, derivados y gas natural. Aunado a lo anterior, instituye un modelo de concesiones para actividades de la industria y crea la Agencia Nacional del Petróleo como organismo regulatorio.

La empresa Royal Dutch Shell fue la primera trasnacional en entrar al mercado brasileño. Después ingresaron Chevron, Repsol, BP, Anadarko, El Paso, Galp Energia, Statoil, BG Group, Sinopec, ONGC, y TNK-BP.

Desde la apertura del sector -17 años-, la producción total de líquidos en Brasil ha tenido un incremento de 145% de 1996 a 2013. Actualmente es el décimo productor del mundo y ha desarrollado la tecnología para extraer crudos en aguas profundas.

En el caso de Venezuela, Carlos Andrés Pérez inicia la apertura petrolera en 1992 bajo la forma de Convenios Operativos con los cuales las empresas petroleras privadas se encargaban de reactivar los campos que se encontraban inactivos. A ésta le siguió la figura de Asociaciones Estratégicas establecida en 1995 entre PDVSA y las empresas petroleras, para encargarse de la extracción y mejoramiento de crudos pesados y extra-pesados localizados en la Faja del Orinoco. Por último, los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, según el cual a las empresas privadas se le permitía explorar en sectores nuevos con su propio capital, pero aceptando la posterior participación del Estado venezolano de haberse encontrado reservas.

En 1999 con la elección de Chávez, la política de la apertura petrolera es puesta a un lado para dar cabida a una mayor participación del Estado en la industria petrolera. Revirtiendo los términos de la Apertura Petrolera de 1992.

Inicialmente, elevó las tasas de los impuestos y regalías en todos los Convenios, nuevos y existentes. Además, estableció el mandato de que PDVSA tenía que tener la mayoría accionaria en todas las empresas operadoras. En el 2002-03 logró consolidar el control absoluto de PdVSA, destruyendo el conocimiento productivo de la empresa. De la que nunca se ha recuperado del todo, impactando los niveles totales de producción de la estatal. En 2006, Chávez implementó la 'gobiernización' de las actividades del sector E&P en Venezuela. Lo que obligó a una renegociación de la participación PdVSA del 60%, como mínimo, en todos los proyectos.

De las 16 empresas, ExxonMobil Corp. y ConocoPhillips decidieron abandonar sus enormes inversiones petroleras en el país, porque consideraron que la 'gobiernización' confiscó los activos de forma ilegal. Acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para demandar la Republica. Mientras que las otras, Chevron, BP, Shell, Total, Eni, Statoil cumplieron con los nuevos acuerdos. Pasaron a ser socios minoritarios, por lo que la autonomía de las decisiones en el negocio pasó a manos de PdVSA.

Actualmente, tras la muerte de Chávez en el 2013, Maduro continúa con las políticas de su predecesor. Ante la falta de capital para hacer las inversiones necesarias para incrementar la producción petrolera, PdVSA presiona a los socios extranjeros a aumentar la inversión y ha que permanezcan en el país.

A pesar de la destrucción del conocimiento productivo y la 'gobiernización' de la industria, la política de la Apertura Petrolera de 1999 tuvo tal impacto en el incremento de la producción (34%) que ha amortiguado la caída de la producción desde 1999-2013.

Peña Nieto, con la apertura del sector energético, lograría que México poco a poco se convierta en un país de clase media. El resultado sería un cambio radical en sus relaciones con los Estados Unidos, que finalmente verá a México como un socio. Aunque las percepciones toman un tiempo para cambiar -especialmente en Washington. Sin embargo, una vez que ocurra, América del Norte -Estados Unidos, México y Canadá- se convertirá en la unidad económica más importante, vibrante e interdependiente del mundo.

Mientras Peña Nieto moderniza Pemex, Maduro hunde PdVSA.

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