Julián Isaías Rodríguez Díaz, ex-fiscal general de la República entre 2001 y 2007, regresó de la "dolce vita" en Italia, donde era embajador, para incorporarse a la cruzada por la Asamblea Nacional Comunal (ANC) de Nicolás Maduro.

Rodríguez Díaz se ha convertido recientemente en la punta de lanza comunicacional del régimen, ante los argumentos esgrimidos por su sucesora en el cargo, la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, quien introdujo un amparo contra la ANC en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 1ro. de junio. Por cierto, tanto Rodríguez Díaz como Ortega Díaz son oriundos de la ciudad Valle de la Pascua en el estado Guárico.

La narrativa de Rodríguez Díaz es una arenga a las filas del oficialismo para hacer control de daños de quienes rechazan la ANC, porque marca el fin de la Constitución de 1999, una legislación que forma parte del legado de Chávez (1998-2013). Según su visión: "empoderaría al pueblo históricamente ignorado por los gobiernos de derecha". Además, dijo que con esta Constitución "surgía una nueva etapa de gobierno popular, en el que los venezolanos participarían activamente en la dignificación de sus derechos".

Sin embargo, el discurso enardecedor de Rodríguez Díaz delinea elementos contradictorios en la Carta Magna de 1999, al proclamar: "vamos a arrasar con la derecha, vamos a acabarla, vamos a aniquilarla definitivamente", "el pueblo será artífice de otra Venezuela" a través de la Constituyente que "servirá para defender y mejorar los derechos sociales", así como para "acabar definitivamente con esa burocracia que hace tanto tiempo, tantos siglos no ha dejado avanzar este país". "Vamos a profundizar la revolución, hay que radicalizarla, hay que hacerla más popular, hay que entregársela al pueblo", expresó.

Esta narrativa de casi 20 años de "gobierno popular" (1998-2017) ha generado unos resultados que muestran un horizonte sombrío para Venezuela.

El Estado se ha vuelto más rentista. Depende cada vez más de las exportaciones petroleras. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, las exportaciones petroleras representaban un promedio de 80% del total de las exportaciones de bienes del país. Dieciocho años más tarde equivalen al 97%. Es decir, hoy en Venezuela los ingresos por exportaciones de bienes que no provienen del petróleo están en el orden del 3%.

La destrucción de valor en la producción nacional de bienes para la exportación corresponde a $8 mil millones en los últimos tres años, o dos tramos del Fondo Chino, tomando en cuenta el nivel promedio 2003-2015.

Lo más grave de la dependencia del Estado de la producción de petróleo es la caída sostenida de la misma. Al compararla con la alcanzada por la estatal petrolera PDVSA en 1997, un año antes de la llegada de Chávez a la presidencia, el desplome es 63%, 4% por debajo de la producción del año 2003, cuando fueron expulsados la mitad de los trabajadores directos de PDVSA.

Al considerar la caída de la producción para el período 1999-2017 con respecto a 1998, el país dejó de exportar un volumen equivalente a $215 mil millones. Y para el mismo lapso, si se toma en cuenta la caída de la producción petrolera anualmente, el monto acumulado asciende a $8 mil millones. En lo que respecta a los tres años de Maduro, la caída de la producción petrolera representa 30% de los montos, en ambos casos.

Otro elemento importante ha sido el manejo de la moneda desde el 2003, el bolívar, con tres precios (DIPRO, DICOM y Paralelo), lo que ha creado una distorsión de su valor, por ende, en el sistema de precios de los bienes y servicios.

En el mercado paralelo, el bolívar ha caído más del 99% frente al dólar desde que el presidente Maduro fue electo en 2013. Lo que significa la destrucción del ahorro y descapitalización del ciudadano. Mil dólares ahorrados en bolívares a tasa oficial valdrían menos de $2 actualmente. Además, la oferta monetaria que incluye la suma de dinero en efectivo, los depósitos en cheques, ahorros y otros depósitos, aumentó 230% en el último año. El crecimiento monetario más rápido desde que se lleva registro en 1940, cuando se fundó el Banco Central de Venezuela (BCV). Para ilustrar lo abrupto del gobierno de Maduro, la oferta monetaria en la economía americana aumentó alrededor de 6% en el mismo período.

En tres años Maduro ha aumentado de forma exponencial el dinero, con una disminución en la producción de bienes y servicios, lo que ha creado la inflación la más alta de mundo.

Por lo tanto, para Maduro y su combo significa: "poner el país finito", profundizar la ruina de Venezuela, luego de casi dos décadas destruyendo valor; "suavecito", desmejorar los derechos humanos de los venezolanos al silenciar la participación de las mayorías en la toma de decisiones (sufragio universal); y "con paz, tranquilo", convertir a la población en seres eunucos dominados por el Estado.

De seguir avanzando la imposición de la ANC en Venezuela, el país terminará de arruinarse y los ciudadanos serán sometidos por el Estado comunal.

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