La lucha política entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó está en el punto de mayor presión. El heredero de Chávez utiliza el lado electoral del autoritarismo competitivo. Al mismo tiempo, el presidente de la Asamblea Nacional cuenta con la máxima aplicación de las sanciones impuestas por el gobierno de Trump al régimen bolivariano, hasta el punto de que ha convertido a Venezuela en un país inconveniente para hacer negocios. Solo un régimen también sancionado por Estados Unidos puede ayudarlo, como es el caso de Irán, lo que generará una relación tóxica si continúan fortaleciendo los lazos contra el Tío Sam. Vincularse a un Estado que patrocina y financia el terrorismo islámico tiene consecuencias impredecibles en Estados Unidos debido a la amenaza inmediata que representa para la seguridad de esta nación.

Por otro lado, Maduro y Guaidó consideran las elecciones presidenciales de Estados Unidos este 3 de noviembre como un hito determinante para seguir en el ejercicio del poder, por lo que el resultado influenciará en el desenlace político venezolano. Cuatro años más de Trump podrían ocasionar un colapso de las estructuras criminales que sostienen a Maduro. Lo contrario pudiese acabar con la ilegitimidad de origen de la presidencia de Maduro.

En este momento, las encuestas le dan al candidato Joe Biden el favoritismo para ganar las elecciones en Estados Unidos como a Hillary Clinton en los comicios de 2016. El triunfo de Trump está cuesta arriba, por lo que está dependiendo de algún evento especial que le permita revertir el resultado dado que la campaña electoral aún no está en toda su dimensión.

Ante este escenario, Maduro utiliza las elecciones parlamentarias en Venezuela para poner fin al reconocimiento que 60 países le han dado a Juan Guaidó como presidente interino. Para este propósito, emplea la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para ensamblar la estructura requerida del nuevo proceso electoral.

Lo primero que hizo la Sala Constitucional del TSJ fue nombrar a los miembros del Poder Electoral el 12 de junio, declarando una omisión legislativa en el nombramiento de la junta directiva del Consejo Nacional Electoral. Fue la quinta vez en los últimos 20 años que el Poder Judicial y no la Asamblea Nacional eligió a los rectores del CNE.

El paso inmediato de la Sala Constitucional fue arrebatarle los símbolos de los partidos que conforman la mayoría parlamentaria de la legítima AN, suspendiendo sus juntas directivas. Asimismo, nombró una junta directiva ad hoc “para llevar adelante el proceso de reestructuración” de estas organizaciones políticas. La nueva junta está presidida por un dirigente del partido que es aliado de Maduro, así como integrada por otros miembros del mismo partido, quienes serán los encargados de designar a las autoridades regionales, municipales y locales de la organización.

Maduro busca que Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo –conocidos como el G4– participen en los comicios para elegir la nueva AN, pues esto le otorgaría un sentido competitivo y democrático a la votación. Así aseguraría el fin del reconocimiento internacional del gobierno interino de Guaidó.

Los nuevos dueños de los partidos democráticos requerirán recursos para participar en la elección parlamentaria. En este sentido, una campaña electoral para una diputación debería estar entre 40.000 y 100.000 dólares, dependiendo del circuito electoral. Si tomamos en cuenta que fueron elegidos 113 diputados nominales y 51 por lista en 2015, cada organización política requerirá un monto mínimo de 6 millones de dólares para competir contra la maquinaria del oficialismo. Un financiamiento que se haría con dinero procedente de la corrupción (enchufados) o actividades ilícitas.

El periodista Alberto Federico Ravell publicó en una nota interna que en los próximos días el CNE cambiará el sistema electoral, invirtiendo la proporcionalidad de los diputados electos uninominalmente y por lista, 40% y 60% respectivamente. Además, aumentarán el número de diputados y crearán una circunscripción nacional adicional.

Todos estos arreglos son para que no se repitan los resultados electorales de 2015. Además, favorecería la designación de candidatos diputados por parte de los nuevos dueños de los partidos del G4.

Maduro necesita cuanto antes una nueva AN para buscar las inversiones de China y Rusia que han puesto el requisito de la aprobación del Parlamento para los nuevos contratos en las áreas de hidrocarburos, electricidad, minería, telefonía, etc., es decir, la privatización de Venezuela. Sin estos ingresos, su régimen tendría comprometido el futuro porque las sanciones de Estados Unidos continuarían con un gobierno de Biden.

Además, una vez consolidado este modelo, los dirigentes sin partido político quedarán aislados y reducidos a voces solitarias, con poca resonancia dentro de Venezuela y, con el tiempo, en el exterior.

Por ello, Maduro confisca los partidos políticos del G4 en Venezuela.

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