El pasado viernes, Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en una entrevista con la periodista Patricia Janiot que “el gobierno de Joe Biden ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino del país [Venezuela]”. De esta manera confirma lo que señaló el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el 19 de enero: “La administración de Joe Biden seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y a la legitimidad del Parlamento elegido en diciembre de 2015”.

Al mismo tiempo, González confirmó la alineación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional con la nueva política exterior de Estados Unidos cuando señaló: “Vamos a seguir incrementando la presión de una manera multilateral, que es lo que tiene efecto a favor de una salida democrática [en Venezuela]”. Y agregó que formarán “un consenso entre la comunidad internacional para asegurar que quienes están robando miles de millones de dólares de Venezuela, no encuentren refugio en ninguna parte del mundo”.

En este sentido, enfatizó que la nueva administración Biden-Harris seguirá persiguiendo a los grupos e individuos que se han enriquecido ilícitamente, especialmente con dinero proveniente de la corrupción. Pero en esta ocasión buscarán el acompañamiento de las autoridades e instituciones de los países que dependen del sistema financiero del dólar estadounidense, sobre todo los paraísos fiscales.

El director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que la solución a la crisis política en Venezuela exige una negociación, como iguales, entre el régimen de Maduro y la oposición. “Los venezolanos son los que tienen que hablar del futuro del país”, dijo. Esto marca una diferencia con el anterior gobierno de Donald Trump, que en marzo de 2020 presentó una propuesta sobre una transición democrática en Venezuela.

González piensa que restituir la democracia en Venezuela no será un asunto que se logre de un día para otro: “No llegará mañana, tomará tiempo”. Una afirmación que nos lleva a analizar el lapso que podría transcurrir para realizar unas elecciones justas, libres, competitivas y transparentes, requisito indispensable en este proceso. Asimismo, debemos detenernos y evaluar si se refiere a cualquier proceso electoral.

El director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional afirmó que el Poder Ejecutivo estadounidense cuenta con una legislación bipartidista en la cual se apoyará el plan de trabajo para restablecer la democracia en Venezuela.

“La ruta que vamos a tomar está enmarcada dentro de la Ley Verdad (Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development) de 2019”. Una ley que reconoce y apoya al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional de 2015. Y que, además, establece que el interinato debe hacer “los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales democráticas en el plazo más breve posible”.

Por lo tanto, la respuesta para determinar el lapso del restablecimiento de la democracia en Venezuela se encuentra en la realización de una elección presidencial para cumplir con el mandato de la Ley Verdad. A lo que ahora deben sumársele unos comicios legislativos.

En el caso de la votación presidencial, nos encontramos con dos eventos probables si se toma como punto de partida la elección de 2018 –causante de la ilegitimidad de origen de la presidencia de Maduro– y en cuenta la búsqueda de una salida negociada a la actual crisis política.

El primero es un referéndum revocatorio presidencial el próximo año 2022, cuando se cumple la mitad del período del gobierno de facto. Se tendrían 16 meses para prepararlo con los acuerdos entre ambas partes que incluirían un nuevo CNE, depuración del registro electoral, devolución de los partidos políticos a sus verdaderos dirigentes, liberación de presos políticos, restitución de las libertades políticas a todos los ciudadanos y de expresión a los medios de comunicación social, entre otros. Si Maduro no es revocado ganaría la legitimidad de origen y terminaría su período presidencial en 2025. Si es revocado habría elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2022.

El segundo evento es una elección presidencial en 2024 por el fin de su mandato en enero de 2025. Sucedería dentro de 41 meses. Lo que haría muy arduo el camino para el retorno a la democracia en Venezuela. Seguirían funcionando el interinato y el régimen de facto durante este tiempo, mientras se realiza la negociación para lograr una elección presidencial “que cumpla con las normas internacionales para un proceso electoral libre, justo y transparente”. Las sanciones seguirían vigentes. Como lo señaló González: “Los que esperan que nosotros unilateralmente levantemos las sanciones, esa no es una de las prioridades en este momento, porque lo que queremos es empujar hacia un diálogo entre los dos lados que lleve a un resultado democrático”.

Esta opción sería similar a la que hubo durante el Acuerdo de Paz en Colombia, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP que tomó 48 meses –a pesar del esfuerzo sigue sin una solución final del conflicto armado colombiano–.

Por lo tanto, la afirmación de que “la democracia a Venezuela no llegará mañana, tomará tiempo” se reduce a la voluntad que tenga el régimen de Maduro y el interinato con las fuerzas democráticas para conseguirla en un referéndum revocatorio en 2022 o en una votación presidencial en 2024. Otra elección es seguir posponiéndola como ocurrió en los comicios del 20 de mayo de 2018 y 6 de diciembre de 2020.

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