Es la tercera vez que el régimen de Nicolás Maduro utiliza "el diálogo" como el mecanismo para mantener el poder. Desde que asumió la presidencia en 2013, Venezuela ha atravesado por una crisis de gobernabilidad. El estrecho margen del 1% con el que ganó a Henrique Capriles, supuso la posibilidad de un fraude electoral.

La primera vez que lo usó fue en marzo de 2014, cuando Leopoldo López lideró la lucha social conocida como "La Salida", levantando la calle que exigía un cambio de gobierno. Maduro, ante esta amenaza, solicitó al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez Araque, una comisión de cancilleres para que acompañara "el diálogo" en el marco de lo que denominó la "Conferencia Nacional por la Paz". Después de varios encuentros en Miraflores, el resultado que obtuvo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue la desmovilización de la calle, además de decenas de muertos, heridos, presos y exilados. Mientras que el régimen de Maduro reenfocó su estrategia de poder y ganó tiempo para seguir imponiendo su proyecto político, el Plan de la Patria.

Sin embargo, el acelerado deterioro de las condiciones de vida del venezolano durante los años 2014 y 2015 crearon las condiciones para el gran triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, obteniendo 2 de cada 3 diputados electos. Un revés inimaginable para Maduro y la nomenclatura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por lo que Maduro empleó el Tribunal Supremo de Justicia y los decretos de Emergencia Económica y Estado de Excepción para sortear la nueva realidad política en Venezuela. Mientras que la oposición representaba las mayorías del país y su voz estaba en el poder legislativo.

Es cuando Maduro usó, por segunda vez, "el diálogo". Fue en mayo 2016 para desactivar el referéndum revocatorio presidencial y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana -una iniciativa desarrollada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En esta ocasión "el dialogo" volvería de la mano de Unasur con un nuevo secretario general, Ernesto Samper, y los cancilleres fueron canjeados por tres expresidentes: Rodríguez Zapatero de España, Torrijos de Panamá, y Fernández de República Dominicana. Además de la incorporación del Vaticano en julio, un factor fundamental para detener el revocatorio.

Las exigencias de la MUD en este segundo diálogo (el revocatorio; la libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados; la atención a las víctimas de la crisis humanitaria y el respeto a la Asamblea Nacional (AN), así como a la Constitución) no fueron tomada en cuenta por los facilitadores de Unasur, ni por el régimen venezolano. Más bien todo lo contrario. El documento "Acuerdo de Convivencia Democrática" propuesto por los ex-presidentes y el Vaticano consistieron en una plegaria para que la MUD aceptara en lo político la supremacía del inconstitucional Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -el cuerpo que Maduro ha utilizado para someter a la AN- y en lo económico la "guerra económica".

Con ese segundo diálogo, Maduro consiguió mantenerse en el poder al sortear la realización del referéndum revocatorio en el 2016, contemplado en la Constitución de 1998, y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Mientras que la MUD, al no alcanzar ninguna de las exigencias, volvía a vivir el "déjà-vu" del 2014, a pesar de ser mayoría.

La crisis socioeconómica se profundiza en 2017, por lo que la mayoría de los venezolanos deciden tomar las calles de nuevo para exigir elecciones generales anticipadas. Almagro, también, propone esta solución ante la violación de todos los artículos de la Carta Democrática por parte del régimen de Maduro, porque la solución a "la crisis institucional pasa por la legitimidad que otorga el pueblo".

Una solución que es enfrentada por el régimen de Maduro con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y de gobernadores. A ésta última, la MUD decide participar, a pesar de haber llevado al gobierno a mostrar su razón de ser dictatorial, y después de sufrir más de 130 manifestantes asesinados, cientos de heridos y miles de presos. Lo que hizo que la comunidad internacional lo condenara por ser un régimen represivo y violador de los derechos humanos. Así como, a desconocer todos los actos de la ANC. A tal punto, que el Parlamento Europeo está "a favor de sanciones especificas contra el régimen".

Es cuando surge de nuevo "el dialogo". En esta ocasión, el tercero, viene de la mano de Francia y el secretario de la ONU António Guterres con el expresidente Zapatero, y el presidente Danilo Medina de República Dominicana. La alarma la disparó el régimen cubano que alertó sobre la gravedad de estas sanciones porque reforzaría la narrativa de Trump, y buscarían la restauración de la democracia y las libertades políticas en Venezuela".

Para manejar el gran rechazo y desconocimiento de la mayoría de los gobiernos democráticos a la ANC, el régimen de Maduro pone como condición "sine qua non" su reconocimiento en "el diálogo".

De suceder, sería muy difícil para la comunidad internacional seguir presionando al régimen para el restablecimiento de la Constitución y la división de los poderes en Venezuela, porque el manejo de la crisis política interna, el régimen lo solucionó por ahora con las elecciones de gobernadores.

Maduro, con este tercer diálogo, busca seguir ganando tiempo, hasta llegar a "cubanizar" Venezuela. Por lo tanto, recae la responsabilidad sobre la MUD y el resto de los factores políticos que adversan el régimen a que no suceda.

Porque el tercer "diálogo" será el último.



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