Actualmente, la gran mayoría de las encuestas indican que la fórmula demócrata Joe Biden-Kamala Harris ganará las elecciones presidenciales estadounidenses el 3 de noviembre. Sin embargo, el fantasma de la derrota de Hillary Clinton frente a Donald Trump en la elección de 2016, en circunstancias similares, hace pensar que el ahora presidente de Estados Unidos podría repetir la hazaña y reelegirse.

Pero ¿qué significa para el futuro político de Venezuela el triunfo de cada uno de los candidatos?

En el escenario de la llave Trump-Pence por cuatro años más en la Casa Blanca y un Congreso como el actual –Cámara del Senado con mayoría republicana y la de Representantes dominada por los demócratas– continuará la política de máxima presión sobre el régimen de facto en Venezuela. Las sanciones económicas a las empresas e individuales a los miembros civiles y militares que integran la red de la corporación criminal que usurpa el poder continuarían hasta lograr la transición democrática en Venezuela.

Dentro de esta política se mantendría la vasta operación antidrogas en el Caribe para detener las 250 toneladas de cocaína por año que los narcoscarteles trafican desde Venezuela, según el fiscal general de Estados Unidos William Barr. Esto reduciría considerablemente los ingresos ilícitos derivados de la venta de narcóticos que mantienen el régimen opresivo de Maduro.

Asimismo, la máxima presión del gobierno de Trump ejercida sobre las empresas petroleras Pdvsa –pilar económico de la organización criminal– en febrero de 2019 y, sobre todo, al brazo comercializador de la rusa Rosneft en abril de 2020 –por violar las sanciones sobre Pdvsa– han conseguido que los ingresos de las divisas lícitas que sostiene el aparato del Estado se vean reducidos en 55% entre abril y septiembre de este año, de acuerdo con el balance diario de reservas internacionales del Banco Central de Venezuela.

Por otro lado, se mantiene el reconocimiento al gobierno interino venezolano encabezado por Juan Guaidó. Además de mantener que Maduro debe dejar de usurpar el poder para restaurar la democracia en Venezuela. Expresó en Twitter el sábado pasado “Maduro debe irse y los venezolanos-estadounidenses pueden tener confianza de que Estados Unidos apoyará al pueblo de Venezuela hasta que la libertad esté restaurada”.

En la reelección de Trump-Pence, la relación Cuba-Venezuela seguirá siendo el punto clave en “el eje del mal”. Entonces, la lucha contra la penetración de los movimientos alineados con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en la región serán enfrentados por su administración.

En el escenario de un triunfo Biden-Harris con un Congreso –si se mantiene la tendencia de las últimas encuestas– también estará al lado del pueblo venezolano y a favor de la democracia, empleando una política multilateral integral para lograr unas elecciones libres y justas.

Además, se centrará en la defensa de los derechos humanos y en la crisis humanitaria que atraviesa el país, apuntando a los partidarios del régimen involucrados tanto en la corrupción como en la violación de los derechos humanos. Como parte de la agenda de derechos humanos buscará con el Congreso el otorgamiento del estatus de Protección Temporal a la diáspora venezolana en Estados Unidos.

Un gobierno Biden-Harris aplicará el uso de sanciones multilaterales para obligar al régimen de Maduro a restaurar las libertades democráticas en Venezuela.

En el caso de Cuba –factor importante en el sustento del régimen de facto madurista– Biden retomaría la política de apertura iniciada por la administración de Barack Obama en la que fue vicepresidente, sacando a Cuba de la lista de países que no colaboran plenamente en la lucha antiterrorista, levantando las restricciones de viaje, el envío de remesas, permisos para la operación de empresas estadounidenses, entre otros. Es decir, en una administración Biden-Harris Cuba y Venezuela tendrían políticas distintas para el establecimiento y restauración de la democracia en cada país.

En el escenario Biden-Harris, Maduro sigue ejerciendo el poder de facto mientras no se dé una elección presidencial, que podría suceder en 2024 por el término del supuesto mandato –desconocido por más de 50 países– o, en su defecto, en 2022 como resultado de un referéndum revocatorio, asumiendo que lo pierda.

El diálogo con el concurso de la ONU y la Unión Europea sería el mecanismo esencial para la reconciliación, la paz y la reconstrucción de las instituciones democráticas en el país, en este escenario.

Una reelección de Trump-Pence acabaría por estrangular los recursos financieros que sostienen a Maduro y sus compinches. Además, las herramientas con las que cuenta el sistema de justicia estadounidense terminarían por arrinconar a los jefes de la corporación criminal porque todas las opciones estarían sobre la mesa. En este escenario el inicio del restablecimiento de la democracia en Venezuela podría estar en el primer semestre de 2021.

En el caso Biden-Harris, el enfoque de los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la transición pacífica y acercamiento a Cuba colocaría el restablecimiento de las libertades democráticas en Venezuela para 2022 o 2025, porque podría oxigenar a Maduro al revisar las sanciones actuales de Trump, pues los aliados europeos han rechazado cualquier sanción que aumente la crisis humanitaria y su profundización debido a la pandemia.

El escenario que logra la transición a la democracia en Venezuela oportunamente es el que combina lo mejor de los dos anteriores. Sería un gobierno en la Casa Blanca que mantenga la política de máxima presión frente a unos violadores de lesa humanidad, con el concurso de las multilaterales.

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