Hace una semana que el presidente Donald Trump tomó la decisión de cancelar el uso futuro del sistema financiero americano al régimen de Nicolás Maduro. "Prohíbe transar nueva emisión de deuda [en dólares] por el gobierno de Venezuela y la empresa petrolera estatal PDVSA". Así mismo, "prohíbe las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano y de PDVSA, y los pagos de dividendos [por parte de Citgo] al gobierno de Venezuela".

El resto sigue igual. La gran mayoría de los bonos existentes, colocados en Wall Street -mercado secundario-, siguen negociándose como de costumbre, y las importaciones y exportaciones de mercancías, crudo y derivados de petróleo continuarán ocurriendo a través de las licencias que emitirá el Departamento del Tesoro americano por un período de liquidación de 30 días.

La presión por parte de los grupos "lobistas" de las empresas y asociaciones petroleras americanas, y varios miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la Administración de Trump, para que no aplicará un embargo comercial y una restricción en el mercado de valores de Nueva York para negociar los bonos de Venezuela y PDVSA, fue de tal magnitud que Trump sólo pudo firmar la orden ejecutiva contra el futuro endeudamiento del régimen venezolano.

La razón es simple: el régimen de Maduro está cerca de convertirse en un Estado fallido para el gobierno de los Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence lo afirmó en su reciente gira por Latinoamérica. "Un Estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y la prosperidad de todo nuestro hemisferio y al pueblo de los Estados Unidos de América".

Un Estado fallido que se ha apalancado en los bonos soberanos y de la estatal petrolera PDVSA para legitimar los capitales derivados de las actividades de corrupción y narcotráfico. El abogado Alejandro Rebolledo denunció en Estados Unidos hace un mes que el régimen en 18 años ha lavado "más de $800.000 millones", es decir, $44.444 millones por año.

La ONU estima que en los países de las Américas, los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a $150 mil millones, de los cuales los traficantes en los países de tránsito se quedan entre 20 y 25% de los ingresos.

Mientras que la venta de cocaína en América del Norte representa un negocio de $40 mil millones, por lo que se requiere legitimar capitales por un monto total máximo de $37.500 millones, de los cuales $10.000 millones corresponden al negocio de la cocaína.

Además, en el caso del narcotráfico, Venezuela se ha convertido en el gran "hub" de distribución mundial de la cocaína producida en Colombia -el mayor productor del mundo según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito-, con una producción de 650 toneladas para 2015.

Durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2012) y el de Nicolás Maduro, PDVSA ha emitido bonos en dólares por un monto de $40.667 millones desde 2007 hasta 2017, con un promedio anual entre 2007-14 de $5.000 millones aproximadamente.

Para evadir las regulaciones de la Security Exchange Commission (SEC) de los EE.UU., los bonos no fueron registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los EE.UU. (Securities Act of 1933), y fueron ofrecidos sólo fuera de las bolsas de valores estadunidenses. Aunque una vez adquiridos, los bonos podían ser transados en el mercado secundario de Nueva York, que es el mayor mercado financiero del mundo.

Algo similar ha ocurrido con la deuda soberana de la República, que alcanza $23.443 millones.

Cuando Maduro afirmó que "se ha cumplido con el último centavo de dólar que le tocaba durante todos estos años y meses, con una deuda exacta de $65.000 millones", se puede deducir que con los bonos soberanos y de PDVSA se han legitimado capitales por ese monto. Al compararlo con el valor generado por el manejo de la cocaína desde Colombia a EE.UU. se aproxima con precisión.

Por lo tanto, la decisión de Trump fue cerrar el sistema financiero americano para legitimar los futuros capitales provenientes de las drogas y de la corrupción al régimen de Maduro.

Los bonos existentes siguen en las carteras de los inversionistas (89%) que buscan maximizar su rendimiento, porque saben que Maduro pagará el capital y los intereses, aunque tenga que dejar morir de hambre al pueblo venezolano. Y una gran parte de los $7.150 millones restantes estarían dentro de los "flujos financieros ilícitos" que recicla el régimen.

Por ahora, Trump deja a Maduro sin apalancamiento financiero de dólares para las actividades ilícitas. He ahí la gravedad que manifiesta el régimen porque son "medidas cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crítica de financiamiento para mantener su mandato ilegítimo, proteger al sistema financiero de Estados Unidos de complicidad en la corrupción en Venezuela".

Trump con las medidas arrincona a Maduro para legitimar capitales.

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