La Administración Trump tomó la decisión de sancionar al vicepresidente de Venezuela por el lavado de dinero y el envío de droga hacia Estados Unidos y México hace dos días, una acción que también incluyó a Samar López, el operador financiero.

La inclusión de El Aissami en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos indica un cambio en la relación con el Gobierno de Nicolás Maduro. Una propuesta diferente a la de la Administración Obama que prefirió mantener el "status quo" en el último año.

El pasado domingo Trump en conversación telefónica con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, indicó que está preocupado con el desarrollo de los eventos en Venezuela, especialmente la situación humanitaria. El sábado, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, conversó con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre "la necesidad de continuar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico". Y, hace una semana Trump firmó tres decretos, incluyendo uno que apunta a los carteles internacionales del narcotráfico y a quienes cometen delitos contra las agencias de la ley en el país.

Para no dejar dudas de la intención de la Administración Trump, el recién nombrado Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, comentó anteayer que con las sanciones "el presidente Trump quiere enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela de que Estados Unidos está de su lado". Y añadió que esta acción "demuestra la seriedad del presidente en la lucha contra el flagelo que suponen las drogas en Estados Unidos". Es decir, que las sanciones a El Aissami y López corresponden a una política de Estado.

Aunque el Gobierno de Trump destacó el lunes que las sanciones no son una represalia diplomática contra el Gobierno de Venezuela, sino que se dirigen a dos individuos "exclusivamente" por sus vínculos con el narcotráfico, sería ingenuo desvincular la relación causa-efecto del narcoestado en Venezuela. Cuando hay una acusación contra el general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, en un tribunal de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico; y fueron declarados culpables los dos sobrinos del presidente Nicolás Maduro, por una corte del sur de Manhattan en Nueva York, de conspirar para traficar, a suelo estadounidense, 800 kilos de cocaína de alta pureza.

Por otro lado, el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, se comprometió ante el poder legislativo -cuando lo estaban confirmando para el cargo- que buscaría "una transición negociada a un gobierno democrático" en Venezuela, con la estrecha cooperación en el continente, particularmente con Brasil y Colombia, y con organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

La respuesta del Gobierno de Maduro ante la acción de la OFAC fue responsabilizar a la Administración de Obama, evitando la confrontación directa con el presidente Trump. Y en la defensa a El Aissami, Maduro hizo un "verdadero malabarismo retórico", tratando de explicar que la acusación en contra del vicepresidente fue un pronunciamiento de unos burócratas, herederos de la anterior administración, sobornados por el lobby de Miami, el narcotráfico y presionados por diputados de la ultraderecha venezolana que han estado de visita por Estados Unidos.

La réplica de Maduro a la sanción de El Aissami parece ser el producto de la sugerencia del gobierno ruso, de evitar la confrontación directa con Trump, porque de lo contrario entorpecería la actuación de los buenos oficios y mediación de la Administración de Putin ante el gobierno americano por sostener el "status quo" en Venezuela.

Si el gobierno de Maduro y la élite del PSUV no entienden que deben cambiar la manera de gobernar Venezuela por "una transición negociada a un gobierno democrático", para reconstruir las instituciones políticas y permitir las reformas necesarias para salir de la crisis, continuarán metidos en la espiral de la muerte.

Mientras que la oposición y la MUD deberían asumir el punto de quiebre causado por la nueva doctrina estadunidense, Trump-Tillerson, para establecer las bases de la transición democrática de forma inclusiva, convocando a todos los factores internos e internacionales que pugnan por un cambio de régimen democráticamente. Tendrán también que tomar en cuenta la relación de Trump con el Kremlin para evitar contratiempos durante el desarrollo del plan de transición democrática.

La sanción al vicepresidente de Venezuela por parte de la Administración Trump mete el dedo en la llaga a un narcoestado. Los nuevos vientos que soplan desde la Casa Blanca arrastrarán a Maduro si persiste en sostenerlo en el cargo, al cerrar filas alrededor de él. Una praxis que le funcionó con la anterior Administración de Obama. Trump no es Obama.



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