Los acontecimientos ocurridos el 23 de febrero en Cúcuta, Colombia, mostraron el rostro del Estado mafioso que sostiene a Nicolás Maduro en la usurpación de la Presidencia de Venezuela. La ayuda humanitaria, prometida por el presidente encargado Juan Guaidó fue rechazada por grupos paramilitares e insurgentes colombianos, quienes confrontaron a la población civil indefensa que buscaba introducirla. A tal punto, que quemaron los dos camiones con insumos médicos y alimentos.

Esta forma de actuar del Estado mafioso ha sido la conducta típica de Maduro contra las grandes luchas pacíficas de la oposición en 2014 y 2017. Las protestas públicas -derecho humano- fueron oprimidas por los órganos de represión y los grupos paramilitares conocidos como colectivos.

Por lo tanto, los actos del fin de semana pasado en Cúcuta disminuyen las opciones políticas "no violentas" para el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, dejando la solución militar como el mecanismo más probable para resolver la crisis de gobernabilidad en Venezuela.

Una salida sería un golpe de Estado por parte del cogollo que sostiene a Maduro en el poder. El ministro de la Defensa le solicitaría al usurpador que abandone el país para instaurar un gobierno de transición, y unas elecciones libres, justas y democráticas. Esta solución depende de la amenaza que representa seguir apoyando a Maduro. El dilema es entre la seguridad que le brinda a la cúpula militar el Estado mafioso o el Decreto de Amnistía de Guaidó. Hasta ahora, el primero está proporcionando más confianza al Alto Mando Militar.

La otra salida es una operación militar multinacional. Una fuerza militar, tipo cascos blancos de Argentina o cascos azules de las Naciones Unidas, que incluya a Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Canadá, Brasil para acompañar la ayuda humanitaria solicitada por el presidente encargado, Juan Guaidó. Esta propuesta depende de la intención de los países que reconocen a Guaidó como presidente encargado en acompañar la solicitud de "mantener todas las cartas sobre la mesa". El debate sería en defender la democracia en la región, o dejar la lucha para acabar con el Estado mafioso al "libre albedrio" de los venezolanos.

Los pronunciamientos como: "No estamos apoyando el uso de la fuerza en Venezuela" del Grupo de Lima; "Evitar una intervención militar en Venezuela y su apuesta por una salida pacífica, política y democrática a la crisis" de la Unión Europea; "Responsabilidad de proteger incluye medidas diplomáticas, sancionatorias y, en circunstancias absolutamente excepcionales, militares. Comunidad internacional tiene una responsabilidad de implementar medidas diplomáticas, sancionatorias, pero no militares, en Venezuela" que colocó en un tweet José Miguel Vivanco de Human Rights Watch; refuerzan la solución democrática -tesis del libre albedrío- a la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país bolivariano.

Esta vía ha sido utilizada ampliamente por la oposición los últimos cinco años, obteniendo los mismos resultados del pasado sábado, 23 de febrero, muertos, heridos, y escasos resultados tangibles y sustanciales.

Rusia y Cuba han determinado que la región, en su mayoría, no apoyaría el acompañamiento militar de la ayuda humanitaria, por lo que una intervención por parte de Estados Unidos sería muy difícil. Algo similar ocurrió en Siria, cuando Vladimir Putin decidió sostener a sangre y fuego a Bashar al-Assad en la presidencia.

En el caso venezolano, son los países, que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino, los que rechazan su solicitud del uso de una fuerza internacional para garantizar el ingreso de la ayuda humanitaria, lo que permitiría a Guaidó mostrar el respaldo internacional a su gestión presidencial.

El Estado mafioso sabe que Maduro no abandonará la Presidencia de Venezuela con la pura lucha democrática.

Las sanciones estadounidenses a individuos no han sido un factor de cambio en la lealtad de la cúpula hacia el usurpador, y el resto de los países que reconocen a Guaidó no son una amenaza real a la estabilidad de las personas que sostienen a Maduro porque no sancionan a la cúpula ni a su círculo cercano. Después de los hechos del 23 de febrero la propuesta de la Unión Europea y del Grupo de Lima, "salida pacífica, política y democrática", tiene un bajo impacto para el fin de la usurpación.

El Estado mafioso de Maduro tiene alianzas estratégicas tanto con el narcotráfico como con el terrorismo internacional, por lo que resolver la crisis de gobernabilidad requiere no solo la opción política sino también la militar.

Si los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela mantienen una vía unidireccional, la usurpación de la presidencia continuará, al pecar por omisión el Grupo de Lima y la Unión Europea. Similar a lo que sucedió en Ruanda (1994) con la comunidad internacional.

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