Nicolás Maduro entra en los últimos 92 días de su período presidencial 2013-2018. Diez días después, 10 de enero 2019 (10-E), dejará de ser un gobernante con legitimidad de origen porque su nuevo mandato fue producto del simulacro electoral presidencial del pasado 20 de mayo (20-E), desconocido por más de sesenta países, el principal candidato opositor y los partidos que integran la Mesa de Unidad Democrática (MUD), quienes calificaron el proceso electoral de ilegítimo; al no ser libre, justo, transparente y democrático.

Será un trimestre en el que la comunidad internacional estará muy activa en la solución política a la crisis humanitaria y violación de los derechos humanos en Venezuela. Dos hechos históricos lo demuestran.

El primero fue que sietes países: Argentina, Colombia, Canadá, Chile, Francia, Paraguay, y Perú, acompañaron la solicitud a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue a Nicolás Maduro y su régimen por crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos por los eventos desde abril 2014.

El segundo correspondió a la resolución del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU en la que manifestó una profunda preocupación por la violación de los derechos humanos en Venezuela. El CDH propuso al régimen de Maduro que debería aceptar la asistencia humanitaria para hacer frente a la "escasez de alimentos y medicamentos", al "aumento de la malnutrición" y al "brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur".

Por otra parte, el grupo de trabajo creado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la migración venezolana buscará documentar los casos que soportan la doctrina "responsabilidad de proteger" de la ONU.

En cuanto a la deuda externa soberana y de Pdvsa, en este trimestre puede definirse el embargo del principal activo de Venezuela en el exterior, Citgo, cuya subasta de acciones está por ejecutarse. El 27 de octubre será concluyente, porque Pdvsa deberá cancelar la amortización del capital y el cupón del bono PDVSA2020 ($949.218.646). Lo que ocurra con Citgo podría desencadenar la aceleración del cobro de toda la deuda externa que hasta la fecha acumula un monto de $6,4 millardos.

En noviembre, el Fondo Monetario Internacional podría suspender la membresía de Venezuela por la falta de entrega de datos sobre la economía del país como lo exigen las normas del organismo, de acuerdo con la advertencia emitida en mayo pasado, lo que activaría la aceleración de los bonos globales 2020 y 2034, si el país se queda fuera del Fondo. Además, Venezuela deberá honrar los primeros $500 millones a la petrolera estadounidense Conoco-Phillips, producto del acuerdo de pago suscrito con Pdvsa por el laudo arbitral.

En el ámbito nacional, el trimestre será rojo para la economía venezolana.

La liquidez creció 152% en el primer mes de la aplicación del paquete de medidas económicas anunciado por Maduro, en contra del compromiso de no seguir financiando el déficit con emisión monetaria. De seguir esta tendencia el indicador de inflación estará cerrando el año alrededor de 9.000.000%, muy por encima de la estimación del FMI que la ubicó en 1.000.000%.

Por otro lado, Venezuela volverá a experimentar una caída del Producto Interno Bruto (PIB) este año, reduciendo su economía a la tercera parte del tamaño que tenía en 2013, en dólares corrientes.

En este último trimestre, la producción petrolera seguirá cayendo, alcanzando apenas el millón de barriles por día, lo que seguirá reduciendo el ingreso de divisas, la fuerza motriz de la economía para la importación de materias primas y bienes terminados para el abastecimiento.

El dólar libre tendrá un comportamiento al alza, a pesar de tener una cotización relativamente estable en septiembre. Al final del año, el precio del dólar libre podría ubicarse alrededor de los 1.000 bolívares soberanos, por la gran caída de ingresos de divisas a las arcas del Estado, así como la presión del régimen de usar el "Petro" como medio legal de pago, lo que convertiría al dólar en un "commodity".

Esta realidad económica impulsará el desplazamiento de venezolanos en el último trimestre, desbordando la capacidad institucional de los países receptores.

Ante este escenario global, el régimen de Maduro abordará la realidad internacional bajo la doctrina de la "autodeterminación de los pueblos", esgrimiendo de que Venezuela es "victima de una agresión permanente en el ámbito económico, político y mediático por el gobierno estadounidense de Donald Trump".

Para ello, Maduro recurrirá de nuevo al diálogo nacional. En esta ocasión, el diálogo será con miembros de la oposición sin la representación de los partidos políticos de la MUD, con la excepción de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, Timoteo Zambrano, Luis Florido, Manuel Rosales, Omar Barboza, Henry Ramos, Henrique Capriles, Henri Falcón. Y los operadores para tal fin son: José Luis Rodríguez Zapatero, el papa Francisco, Michelle Bachelet, el grupo de Boston (integrado por parlamentarios de EE.UU. y Venezuela en 2002), entre otros.

La intención del régimen de Maduro es traspasar la línea roja del 10-E, cuando se convertirá en un presidente ilegítimo de origen. Lo que abre oportunidades para removerlo del poder por múltiples vías. Para lo que el oficialismo y sus acompañantes esgrimirían que la solución a la crisis de gobernabilidad en Venezuela debe dejarse en manos de los venezolanos. Lo que supondría para la comunidad internacional abstenerse a presionar en una solución definitiva, porque la aparente elección del 20 de mayo solo fue reconocida por Rusia, China, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Siria, Bolivia, Turquía e Irán. Mientras fue rechazada por el Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, el candidato opositor Henry Falcón, y los partidos políticos de la MUD.

Regresar de nuevo a la mesa de diálogo en Venezuela debería contar con garantes confiables que aseguren una hoja de ruta para restablecer el orden democrático con unas elecciones libres, justa, transparente y democrática, revalidando todos los poderes públicos. Lo contrario, es el aseguramiento de Maduro en el poder y la condena de un pueblo a vivir en una dictadura que desintegra la nación venezolana.

Por lo que el último trimestre será determinante para el futuro político, social y económico de Venezuela.

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