Claro y contundente. Un resultado electoral en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela de esas características podría ser el eficaz “lubricante” que afloje las estructuras de poder aparentemente inamovibles que controla el madurismo, tales como el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, el PSUV y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Aunque un resultado adverso para el régimen de Nicolás Maduro no signifique la pérdida total e inmediata del poder, representaría una señal inequívoca de la voluntad de cambio político del pueblo venezolano. Esto sería comparable a casos emblemáticos como los triunfos de Violeta Chamorro en Nicaragua en 1990 (55%) tras 11 años de gobierno de Daniel Ortega; de Lech Walesa en Polonia (74%) después de la caída del comunismo y del “NO” en el plebiscito de Chile en 1988 (56%) que puso fin a la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Dentro de las filas del madurismo existen contradicciones evidentes sobre cómo manejar un hipotético resultado adverso en las urnas, cada vez más seguro.

La opción del oficialismo -Banda de los Cinco- de no entregar el poder se basaría netamente en el margen de la victoria del candidato de las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia. Si es muy amplio será difícil de imponer la narrativa de un megafraude electoral ese día ante la opinión pública nacional e internacional.

Dado que el régimen de Maduro conoce la tendencia de los resultados electorales con bastante antelación gracias a sus propias encuestas, podría optar por suspender los comicios para evitar lo que algunos dicen que será una “masacre” electoral. No obstante, esta opción parece poco probable debido al costo que implicaría a nivel internacional la restitución de las sanciones a Venezuela.

La semana pasada, la jefa del Comando Sur, el secretario de Estado de Estados Unidos y los países del Caricom expresaron su apoyo al gobierno de Irfaan Ali ante un falso positivo de una agresión de Guyana a objetivos militares venezolanos, difundido oportunamente por la administración de Maduro que permitiría decretar un estado de excepción y en consecuencia postergar los comicios. Las tres alertas fueron un mensaje directo para el ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar de Venezuela.

Recurrir a un conflicto con Guyana podría acabar en un caso como el de las Malvinas, una guerra no declarada oficialmente entre Argentina y el Reino Unido de diez semanas de duración en 1982 por la soberanía de las islas y que precipitó la caída de la dictadura cívico-militar argentina, la cual entregó el poder sin condicionamientos.

Por otro lado, dentro de la Fuerza Armada Nacional (FAN) existen diferentes posturas frente a estos posibles escenarios, desde los soldados rasos hasta los oficiales de alto rango. A nivel de tropa se han escuchado voces que manifiestan su disposición a defender un eventual triunfo de Edmundo González Urrutia, incluso en un contexto de violencia provocado por una facción vinculada a actividades ilícitas como el contrabando de minerales, combustible y narcotráfico. En contraste, oficiales de mayor rango, como coroneles y tenientes coroneles, expresan que un acto de desobediencia dentro de la FAN podría justificarse en cumplimiento de la Constitución al respetar la voz del pueblo venezolano, en caso de que los grupos radicales vinculados con la Banda de los Cinco se nieguen a aceptar una victoria electoral de González Urrutia.

Por lo tanto, al régimen le queda infundir miedo para paralizar a los electores y disuadirlos de ejercer su derecho al voto, con la esperanza de reducir así la brecha de su derrota. Cierra negocios y hoteles; incauta camiones, sistemas de sonido, canoas y motores fuera de borda de gente que apoyan a María Corina Machado, la esperanza del cambio político. Además, incumple su compromiso del Acuerdo de Barbados de invitar a observadores internacionales.

La narrativa oficialista es que no importa lo que se haga, no cambiará su decisión de seguir en el poder. Así pues, promueven la idea de que no vale la pena sufragar si el voto no cuenta. Para sustentar esta narrativa, publican sondeos manipulados, en los que nadie cree, que les dan la victoria electoral. Sin embargo, saben que si la brecha es muy grande -la mayoría de las encuestas indican una diferencia de entre 30 y 40 puntos- la nación aceptará los resultados y se generará un proceso de transición que reducirá las condiciones y las garantías del régimen.

En consecuencia, si el régimen de Maduro insiste en negar la intención de cambio de la gran mayoría de los venezolanos incrementará los costos que implicaría una eventual salida del poder, como la designación de nuevos funcionarios en cargos clave, la pérdida del control sobre medios estatales, cambios en la cúpula militar y la reestructuración de los poderes públicos. Ganar las elecciones no es suficiente, se requiere de un proceso de transición y entrega negociada del poder para garantizar la gobernabilidad en consecuencia con las mayorías.

En conclusión, un resultado electoral decisivo en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela podría ser el motor del cambio tan anhelado por muchos. Este resultado contundente tendría el potencial de desestabilizar las estructuras de poder arraigadas del madurismo, generando un nuevo panorama político en el país. A pesar de las evidentes contradicciones dentro del régimen sobre cómo afrontar una potencial derrota en las urnas, es crucial considerar los costos implicados en una eventual transición del poder, incluida la designación de nuevos funcionarios y la reestructuración de instituciones clave.

La posibilidad de un “manotazo” electoral por parte del régimen de Maduro no solo representa un riesgo para su legitimidad, sino que también podría desencadenar consecuencias impredecibles que podrían debilitar aún más su posición. En definitiva, el futuro político de Venezuela está en juego y la forma en que se manejen los desafíos y las decisiones tomadas en las próximas 8 semanas serán determinantes para el rumbo del país.

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