En el actual panorama político de Venezuela, la lucha por el cambio y la democracia persiste a pesar de las estrategias desplegadas por el régimen de Nicolás Maduro para judicializar la disidencia con la ley antifascista y la ley para la defensa del Esequibo. La demanda popular por una salida a la profunda crisis que atraviesa el país es abrumadora: 8 de cada 10 venezolanos claman por elecciones libres, justas y competitivas. Un clamor que encuentra eco en María Corina Machado como candidata presidencial, con un respaldo de más de 90% de la población.

El intento del régimen de Maduro por revertir este impulso democrático, a través de un referéndum consultivo sobre el Territorio Esequibo, no logró su objetivo. A pesar de una supuesta participación que superó los 10 millones de votantes, la escasa afluencia en las mesas de votación reveló una realidad distinta a la que pretendía mostrar el régimen.

Este contexto se enmarca en una situación aún más compleja a nivel internacional. Este lunes 8 de abril, en cumplimiento del plazo otorgado para que Venezuela presentase la contramemoria sobre la disputa por el Esequibo, el régimen de Maduro compareció ante la Corte Internacional de Justicia para reafirmar el derecho soberano que tiene el país sobre el territorio que le disputa Guyana. Sin embargo, este acto no significa el reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ sobre la controversia territorial, lo que destaca la complejidad de la estrategia del régimen bolivariano en el escenario internacional.

Las maniobras de Maduro respecto al Esequibo se perciben como una estrategia arriesgada que fomenta el nacionalismo. Estas no solo ponen en peligro los derechos ciudadanos, incluido el derecho a elegir libremente, sino que también elevan el riesgo de un conflicto armado con Guyana. Estas acciones recuerdan otras estrategias desesperadas de regímenes autoritarios que buscan crear crisis externas para justificar represiones internas -invasión de Putin a Ucrania-. Una táctica que no es nueva y que ha sido observada en otros contextos históricos, como cuando Argentina ocupó las Islas Malvinas en 1982.

La postura de Venezuela en el diferendo territorial ha generado reacciones mixtas en la región. Por un lado, el apoyo de los 15 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) a Guyana en diciembre de 2023 contrasta con la escalada del conflicto por parte de Maduro, especialmente con la promulgación de la “Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba”. Esta ley ha sido interpretada por algunos, incluido el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, como una maniobra para “desviar la atención de las violaciones del derecho electoral en Venezuela”; así como para decretar un Estado de excepción que le permita posponer un año la elección presidencial.

Por otro lado, importantes miembros fundadores del Grupo de Puebla -José “Pepe” Mujica, Lula da Silva y José Luis Rodríguez Zapatero- esperan una elección presidencial en Venezuela con la “mayor legitimidad” para evitar que se repita la situación de 2018, cuando el principal candidato opositor, Henri Falcón, denunció un fraude y no aceptó el resultado de aquellos comicios. Un hecho que condujo al desconocimiento de la legitimidad de origen de Maduro por más de 60 países.

Actualmente, el abanderado del PSUV no cuenta con el apoyo de la Comunidad del Caribe (Caricom) porque condena las acciones unilaterales para resolver los problemas con Guyana. Tampoco de miembros claves del Grupo de Puebla que consideran las condiciones de la elección presidencial una violación de los derechos políticos en la región al no permitir la participación de varios candidatos, lo que han calificado de golpe antidemocrático.

En las Américas, Maduro solo ha recibido el respaldo político de los cuestionados mandatarios de Nicaragua y Cuba, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel. Por supuesto, fuera de la región tiene el apoyo de Vladimir Putin, los ayatolás iraníes y Xi Jinping -unos aliados que ven en Venezuela un territorio para enfrentar a Estados Unidos en un escenario de guerra, geopolíticamente-.

Es el momento político más débil del sucesor de Hugo Chávez, incluido el período del gobierno interino. Para sobrevivir el aislamiento del continente americano y de la Unión Europea, el candidato a la reelección podría atrincherarse, de la misma manera que sus socios en la región. Sin embargo, la cercana presentación de casos en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad crea condiciones de riesgos para el entorno de Nicolás Maduro -línea de mando- que podría provocar una fractura dentro del régimen con consecuencias inéditas para su estabilidad en el poder.

La reciente condena a 21 años de prisión al mayor general Cliver Alcalá Cordones por parte de un tribunal federal estadounidense es una muestra de que la justicia llega y que frente al juez la responsabilidad del procesado es individual, a pesar de haber obedecido órdenes superiores.

Por otro lado, María Corina ha mantenido una lucha inquebrantable local y en el exterior por establecer las reglas y las negociaciones necesarias para transformar una elección antidemocrática en unos comicios transicionales, con todo lo que eso implica desde el punto de vista político, jurídico, constitucional e internacional.

La seguidilla de errores (leyes) cometidos por Maduro alerta de la cercanía de su caída, por lo que considero que el futuro de Venezuela se encuentra en un punto de inflexión donde el atrincheramiento del régimen evolucionaría hacia el totalitarismo. O puede haber un cambio. Las demandas del pueblo lideradas por María Corina buscan una solución a través de una compleja negociación con el Estado mafioso para el restablecimiento de la democracia y el reencuentro de los ciudadanos.

En consecuencia, el horizonte político de Venezuela se encuentra en la antesala de una transformación significativa que delinea el contorno de un cambio hacia políticas públicas democráticas. Impulsada por una voluntad popular inquebrantable y el reconocimiento internacional de la necesidad de restaurar el Estado democrático, María Corina Machado simboliza no solo la aspiración a un liderazgo transparente y justo, sino también el anhelo de restituir un marco de gobernanza que priorice los derechos y libertades fundamentales de todos los venezolanos. Esta transición, marcada por el abrumador clamor por elecciones libres y justas, tiene el potencial de desembocar en la implementación de reformas políticas, sociales y económicas profundas, que con la independencia del Poder Judicial y la revitalización de las instituciones democráticas permita sentar las bases para una era de participación cívica activa y gobierno responsable.

A medida que Venezuela se acerca a este punto de inflexión, el papel de la comunidad internacional y las fuerzas políticas internas será determinante para apoyar y consolidar el avance hacia la democracia. La creación de un entorno propicio para el diálogo y la negociación, complementado con medidas que aseguren el Estado de derecho, podría catalizar la reconstrucción del tejido social y político del país. En última instancia, este cambio no solo redefiniría la relación entre el Estado y sus ciudadanos, promoviendo una participación más amplia y significativa en los asuntos nacionales, sino que también reafirmaría el compromiso de Venezuela con los principios democráticos en el escenario internacional, abriendo nuevas avenidas para la inversión y la prosperidad.

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