Los dirigentes de las fuerzas democráticas venezolanas y el cabellomadurismo están en el limbo en estos momentos.

Las pasadas elecciones regionales y la renovación de la continuidad presidencial interina a principios de enero confirmaron, por un lado, que Nicolás Maduro perdió el apoyo popular y, por el otro, que los cuatro dirigentes de los partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional de 2015 ya no tienen la misma ascendencia en la política nacional, pues fallaron en su propósito de salir de Guaidó.

Además, la estrategia ideada por el régimen de Maduro con su CNE ―sí, créanme que el pronombre posesivo es válido― para que no avanzara el referéndum revocatorio presidencial (establecido en el Artículo 72 de la Constitución) fijó para 2024 la opción de la salida electoral a la crisis política que atraviesa el país desde 2019.

Una fecha que definitivamente resulta desfavorable para rescatar la democracia, alcanzar la libertad y restituir el Estado de Derecho en Venezuela, pues la corporación criminal trasnacional instalada en Miraflores fortalecerá los vínculos con los gobiernos y regímenes antiestadounidenses para atornillarse en el poder.

El panorama luce peor cuando Maduro y compañía se empeñan en no cumplir con el Memorándum de Entendimiento y Diálogo de México (2021) ―aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional cabellomadurista y publicado en la Gaceta Oficial―, una actitud que bloquea la negociación de “un acuerdo integral” que convenga a todos, en el que nadie se sienta vencido y todos se sientan incluidos.

Al cerrarse las soluciones constitucional y negociada, la opción que queda es la del desalojo del presidente de facto o el interino, porque las dos figuras no pueden seguir manteniéndose hasta 2024. Superbigote impide la solución definitiva a la crisis y Guaidó es una piedra de tranca para “la normalización” madurista del país. Una situación que también produce un desgaste del mando de Maduro dentro de las filas del PSUV.

Por lo tanto, el escenario para la solución política se mueve de lo electoral a lo judicial, en el cual ambos cuentan con procesos que podrían desalojarlos del poder.

En el caso del exsindicalista del Metro de Caracas hay una investigación formal en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos contra la oposición y la sociedad civil durante las manifestaciones de 2017. Adicionalmente, cuenta con la presentación de cargos criminales por narcotráfico, corrupción y lavado de dinero desde marzo de 2020 en Estados Unidos (Fiscalía General).

Guaidó, por su parte, es investigado por el régimen madurista por los delitos de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada. Hasta 2021, la Fiscalía General le ha abierto 25 causas.

Hace 10 días, Maduro lo amenazó con la cárcel en un mitin por los 64 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. “Títere ladrón, te sale Tocorón. La justicia [roja, rojita] justa y constitucional muchas veces tarda, pero de que va a llegar, va a llegar. Tenga la seguridad el pueblo de Venezuela de que aquí va a haber justicia”, expresó Maduro en el acto que se celebró en los jardines del Palacio de Miraflores, en Caracas.

A este cúmulo de amenazas habría que sumar la denuncia que hizo el mes pasado Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional madurista, sobre un supuesto reparto ilegal de 3.100 millones de dólares provenientes de fondos venezolanos y congelados en Estados Unidos por parte de la Asamblea Nacional 2015, informó Globovisión. Y las del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en su programa televisivo ―como es costumbre―, en el que pidió con apoyo de unos carteles la cárcel para Guaidó y sus aliados. Y promete que la justicia ―su justicia roja rojita― castigará a los “ladrones y asesinos”.

La ofensiva de poner preso a Guaidó ha estado presente desde que asumió la presidencia interina en enero de 2019. No se ha hecho efectiva por el reconocimiento de Estados Unidos y de otros países democráticos a su mandato, así como por la búsqueda de una solución electoral a la crisis política por parte de la comunidad internacional.

Sin embargo, la crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania podría acabar con el salvoconducto del que dispone Guaidó. El enfrentamiento entre Moscú y Washington pudiese generar consecuencias en Venezuela, donde Rusia y Estados Unidos están manejando la crisis política.

En consecuencia, el bloqueo a la solución negociada-electoral conduce al interinato a concentrar los esfuerzos en la solución judicial tanto en La Haya como en Estados Unidos para desalojar a Maduro. Mientras, el cabellomadurismo busca poner preso a Guaidó una vez que Rusia considere que es la mejor respuesta a la administración Biden en el juego suma cero de Ucrania.

En Venezuela, entonces, se pasó de la salida electoral al desalojo.

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