Las sentencias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial en contra de la Republica de Venezuela, como consecuencia de las demandas de las empresas expropiadas durante el periodo 2007-12, obligarían al Estado venezolano a cancelar durante este año, 2015, un monto equivalente a US$2.126 millones.

Hasta ahora la Administración de Nicolás Maduro ha dilatado el compromiso de solventar estas obligaciones con recusaciones, solicitando la anulación del fallo ante el Centro de arbitraje internacional.

Sin embargo, la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, Estados Unidos), introdujo una solicitud de declaratoria de cesación de pagos contra Venezuela, una vez vencido el plazo para que el Gobierno de Maduro respondiera a la demanda introducida por la empresa Gold Reserve Inc., en relación con la sentencia del Ciadi que obliga al Estado venezolano a pagar US$740 millones a la empresa canadiense como consecuencia de la expropiación de sus actividades en 2008.

Asimismo, la empresa minera Gold Reserve Inc. entregó a bancos en Luxemburgo, Europa, el equivalente a órdenes de embargo relativas al pago de los US$740 millones en intereses de bonos y fondos de Venezuela, para cobrar la compensación que resultó por la disputa arbitral.

El pasado lunes, la empresa canadiense señaló en un comunicado que "los bancos [en Luxemburgo] fueron escogidos porque están designados como agentes de pagos o agentes de transferencias en memorandos relativos a varios bonos emitidos por Venezuela que cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo".

Por ahora, el resultado para Gold Reserve ha sido infructuoso. Por lo que la empresa canadiense busca resolver el tema de cobranza a través de una corte o un juez apropiado que tenga jurisdicción en Luxemburgo sobre estos asuntos.

Hay que recordar que Venezuela en el 2006 se retiró de la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos. Y, que a partir de ese año el endeudamiento del país se realizó -casi exclusivamente- en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, a través los los bonos del Estado y PdVSA.

La acción de Gold Reserve en los Estados Unidos y en Luxemburgo es incautar y/o congelar activos venezolanos en los mercados financieros de ambos países, una vez que el Gobierno de Maduro pague el capital y/o los intereses de los instrumentos financieros de la deuda externa venezolana (Bonos Global).

La racionalidad para esta acción es el reciente fallo del Juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, Thomas Griesa, quien determinó que el Gobierno de Argentina no puede pagar sus bonos reestructurados hasta que pague también unos US$1.500 millones a un grupo de fondos que demandaron a ese país por el valor total de sus bonos.

Un fallo que ha atrapado al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el laberinto del default.

El default argentino, en esta ocasión, no se da por el cese de pagos voluntario del Gobierno de Kirchner sino obligado por falta de alternativas para depositar el dinero (dólares) a los tenedores de la deuda estructura argentina.

Hasta ahora -a pesar de las implicaciones para la comida diaria del venezolano- el Gobierno de Maduro ha cumplido religiosamente con el pago de los intereses y el capital de los vencimientos de la deuda externa. Para lo que resta del año tiene compromisos de pago de US$6.670 millones por concepto de bonos de la Republica y PdVSA.

Un monto que esta ya apartado tanto por el Banco Central de Venezuela (BCV) como por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) -300 mil barriles diarios a US$50 el barril promedio año.

Sin embargo, las obligaciones por US$2.126 millones producto del arbitraje del Ciadi, entre las expresas expropiadas y el Gobierno venezolano, podrían representar un riego de default para Venezuela.

Si Gold Reserve logra una acción similar a la del Juez federal de los Estados Unidos Thomas Griesa en el caso argentino, el Gobierno de Maduro se verá impedido de cumplir con los pagos de la deuda externa oportunamente porque deberá pagar a todos sus acreedores en lugar de ser selectivo. Y, Venezuela entraría en default.

Una condición que acarrearía mayores consecuencias a la economía venezolana, que según la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FM) la recesión del 2014 se profundiza, llegando a una contracción del producto interno bruto del 7% con una inflación desbocada del 97%.

Otro gran riesgo es la demanda de ConocoPhillips por la expropiación en 2007 de sus activos en Petrozuata y Hamaca en la Faja Petrolífera del Orinoco ante el Tribunal de arbitraje, Ciadi. Un dictamen que estaría por salir.

Si Gold Reserve apunta al pago (capital e intereses) de los instrumentos financieros de la Republica, ConocoPhillips lo haría a activos embargables de PdVSA -los barriles que PdVSA exporta a las refinerías estadunidenses en el Golfo de México estarían en esa condición.

En el caso de ExxonMobil (US$ 853 millones), la opción que busca la empresa americana es la entrega de la refinería de Chalmette en Luisiana, subsidiaria de Citgo, en la cual es socia de PdVSA.

Si en el 2016 el Gobierno de Maduro entrará en default porque no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos de pago de la deuda externa (alrededor de US$16 mil millones), la falta de pago por los fallos del Ciadi adelantaría el default para este año.

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