El impacto de la pandemia del covid-19 en Venezuela obligará a Nicolás Maduro y compañía a atrincherarse en Miraflores para mantener el poder, dejando el resto de la Gran Caracas y del país en manos de los “warlords”, término que identifica a los jefes de las actividades ilícitas que operan y tienen el control en varias zonas de un territorio nacional.

Desde que el heredero de Chávez llegó a la presidencia, el país ha estado a la deriva en una tormenta perfecta causada por una crisis política, financiera, social y económica, que ahora se agudizará aún más.

Después de la gran derrota de Maduro en la elección parlamentaria de 2015 y el desplome de los precios del petróleo a partir del segundo semestre de 2014, la gobernanza de Venezuela se ha visto afectada por la confrontación política, con las graves consecuencias que ello ha acarreado en la viabilidad de la nación: el éxodo de más de 4 millones de personas por la escasez de bienes y servicios públicos, un aumento de las actividades ilícitas -extracción de oro y coltán, narcotráfico y contrabando de combustible- por la falta de divisas y la anarquización de la vida cotidiana en las ciudades para “resolver” el día a día. Una suma de factores que ha conducido a la destrucción violenta del orden jurídico, la autoridad y los derechos de la población a manos de bandas criminales o grupos paramilitares.

David Morán Bohórquez describió este fenómeno sociopolítico como la “somalización de Venezuela”, en 2017.

En este escenario, la tendencia de las fuerzas del Plan de la Patria conduce al régimen de Maduro hacia el ojo del huracán: un estallido social. La respuesta de la gente a una gestión presidencial que solo pareciera estar orientada a la destrucción de la economía:

• 68% del producto interno bruto, según cálculos realizados con los datos del Fondo Monetario Internacional;
• los ingresos netos por las exportaciones de petróleo, que apenas estarán alrededor de 2,5 millardos de dólares de 65 millardos en 2014, conforme a las cifras de la OPEP y cómputos propios;
• los precios de los bienes y servicios, que seguirán el curso hiperinflacionario, ubicándose en 15.000% -tercer año consecutivo con hiperinflación-, de acuerdo con el FMI.
• las reservas internacionales, que se ubicaron en 6,43 millardos de dólares el 30 de abril y podrían llegar a menos de 3 millardos de dólares a finales de año, según los números del BCV y cálculos propios.

Además, las remesas que se ubicaron en 3,7 mil millones en 2019, según la firma Econoanalitica, caerán a menos de la mitad este año por el impacto del coronavirus en la economía informal de los países a los que han migrado los venezolanos - 53% del empleo de América Latina se da en actividades informales [CEPAL]-. Y la escasez de gasolina nacional por la indisponibilidad del parque refinador, e importada por la restricción de divisas y dificultad para el trueque (gasolina por petróleo) hacen que el parque automotor se paralice, interrumpiendo la cadena de suministro alimenticia de los campos a las ciudades.

Hace dos semana ocurrieron saqueos en varios pueblos en el interior del país, una situación que podría llegar a Caracas si la escasez de gasolina se alarga por varias semanas. Los sectores populares, entonces, han comenzado a rebelarse al estado de alarma decretado por el régimen de Maduro para controlar el coronavirus.

En el ojo del huracán (escenario de anarquía en el país, de alta probabilidad), el régimen de Maduro se concentraría en Miraflores, sede del Ejecutivo, en un intento de no perder el poder. Ante la incapacidad de ejercerlo fuera de la capital, el resto del país quedaría bajo el control de los warlords, que mantienen al chavismo a través de las actividades ilícitas. Estos defenderían con sus milicias el monopolio de la violencia y los negocios dentro de sus zonas.

En estas áreas, las mafias del narcotráfico, el contrabando, el secuestro, la extorsión, el hurto y la minería ilegal han sustituido al Estado, y ejercen el control sobre la población y el territorio.

En el colapso socioeconómico del país antes del covid-19, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana han sufrido la erosión de la base piramidal, la tropa, por lo que han venido perdiendo capacidad de infantería. En consecuencia, Maduro incorporó a la milicia bolivariana -parte de las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- en la estructura militar el pasado mes de febrero, supuestamente “para garantizar la defensa nacional hasta el último territorio”. Por lo tanto, la fuerza profesional que ha quedado en la FANB es destinada para “el apoyo de fuego cercano y avanzado a través de los sistemas de artillería, la fuerza aérea y las unidades de maniobra blindadas” adquiridas a Rusia.

La nueva estructura quedó en evidencia esta semana ante una supuesta “incursión militar de fuerzas enemigas” por el litoral de Venezuela.

Diosdado Cabello, vicepresidente y jefe operacional del PSUV, fue el vocero que alertó a toda la estructura del PSUV de la acción de respuesta, hasta los jefes de calle, lo que evidenció que la FANB no tiene la capacidad para hacer este tipo de operación.

Otro ejemplo, fueron los recientes hechos en Petare donde se encuentran los barrios más grandes y peligrosos de la Gran Caracas. Muestran la cohabitación del régimen de Maduro con las bandas criminales que controlan la zona. “Las policías no ingresan porque lo tienen prohibido. Los habitantes deben callarse y aguantar la arremetida. Igual que en La Cota 905”, afirmó el periodista Deivi Ramírez. Ambas zonas son administradas por warlords.

En definitiva, la situación subyacente de Venezuela se agravará por los efectos socioeconómicos de la pandemia. Lo que conduciría a la desintegración del territorio y por ende a la consolidación de los warlords, si Maduro sigue en Miraflores.

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