Confirmado Joe Biden como presidente de Estados Unidos por el Colegio Electoral hace dos días y transcurridos los comicios y la consulta popular convocados por Nicolás Maduro y Juan Guaidó, respectivamente, se plantea de nuevo una salida negociada y pacífica a la crisis venezolana.

Lo que ocurre es que la búsqueda de esa solución pacífica para resolver la crisis política dentro del marco de la Constitución de Venezuela –una elección presidencial justa, transparente y competitiva– se hizo durante 2018 y 2019, con los diálogos que se organizaron entre el régimen y la oposición. El resultado no fue otro que la prolongación del statu quo: Maduro sigue en Miraflores y el país sumergido en la mayor crisis humanitaria conocida, al tiempo que se duplicaron los poderes públicos. Un gobierno de facto y el otro reconocido por más de 50 países (el oro en el Banco de Inglaterra y la empresa Citgo en Estados Unidos son administrados por la presidencia interina).

El equipo de Biden ha dicho que la solución para Venezuela será a través de una negociación constructiva, es decir, impulsará de nuevo un diálogo entre el oficialismo y la oposición.

Hasta ahora se ha asumido que la solución a la crisis de Venezuela es fundamentalmente política. Se trata de un dictador, por lo que al perder sus bases de sustento: las fuerzas armadas –caso de Augusto Pinochet en Chile (1990) y Marco Pérez Jiménez en Venezuela (1958)– y el apoyo popular –Revolución de colores (2000-2010), la primavera árabe (2010-2012)– dejará el poder, bien sea mediante una negociación o un simple abandono del cargo.

En Venezuela existen tres variables que tienen una relación interdependiente y ellas son: la dictadura, el narcoestado y los criminales de lesa humanidad. La solución para el país, entonces, tiene que ser integral. Si se abordan por separado volveremos a obtener los resultados de los últimos dos años.

Las herramientas utilizadas hasta ahora han sido las sanciones individuales y económicas para producir una ruptura en los factores que sostienen a Maduro en el poder, pero como han sido el arma más utilizada por Estados Unidos contra los regímenes autoritarios, han perdido efectividad porque existen mecanismos desarrollados por los gobiernos condenados para esquivarlas a través de actividades ilícitas. El régimen, además, ha tenido la habilidad de traspasar los efectos de las medidas adoptadas en su contra a los sectores débiles para ejercer un mayor control social sobre la población. Por esta razón, el mecanismo de las sanciones no es aplicado con el mismo tenor por todos los gobiernos democráticos que apoyan la salida del dictador, lo que ha generado frustración en las fuerzas opositoras. Por lo tanto, para que las sanciones sean efectivas deben ser ejercidas por todos los gobiernos que respaldan la salida negociada y pacífica.

En el caso del narcoestado y apoyo al terrorismo (ELN, disidencia de las FARC y Hezbolá), la herramienta usada por el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos fue la justicia transicional cuando estableció los acuerdos de paz con las FARC (2012-2016). Una solución que permitía a los narcoterroristas guerrilleros reinsertarse en la sociedad. Con respecto a Venezuela, la cúpula que ejerce el poder de facto enfrenta cargos de la Fiscalía de Estados Unidos como narcoterroristas con precios sobre sus cabezas. Esto lleva a considerar que la justicia transicional es fundamental al momento de una salida negociada y pacífica.

Sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, de acuerdo con la Corte Penal Internacional –existe fundamento– atañen a la cadena de mando de las fuerzas de represión que encabeza el heredero de Hugo Chávez. Aquí las herramientas para una salida negociada y pacífica son limitadas. Las que existen son la que está manejando la CPI y la que elabora la OEA basada en el principio de Responsabilidad de Proteger.

Por lo tanto, la salida negociada y pacífica en Venezuela requiere de la negociación de las sanciones con la ayuda de las organizaciones multilaterales, una justicia transicional y la determinación exacta de los criminales de lesa humanidad para ir a una elección presidencial y parlamentaria justa, transparente, y competitiva y no la de gobernadores y alcaldes que son las que quiere el régimen usurpador.

La aplicación aislada de la solución política al narcoestado y a los crímenes de lesa humanidad solo seguirá alargando la agonía del pueblo venezolano con Maduro en el poder hasta por lo menos 2025.

A mis lectores les deseo una feliz navidad –dentro de lo que cabe– y un mejor 2021.

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